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Derecho Administrativo

En la práctica, una de las cuestiones que más debate suscitan en materia de derechos reales, en colisión directa con las prerrogativas de patrimonio que posee la Administración Pública, es el carácter público o privado de los caminos.

//Situación: Camino Situado entre Propiedades, no asfaltado ni dotado de servicios públicos, que es de uso general, pues comunica vías de indubitada naturaleza pública.// ¿Cómo establecer su carácter?

La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas (en vigor hasta el 02 de Octubre de 2016) establece con carácter general, en su art. 28, la obligación de protección y defensa del patrimonio de la Administración; Posteriormente, en su artículo 41 otorga a las Administraciones Públicas, para el cumplimiento de este fin, las siguientes prerrogativas:

  1. a) Investigar la situación de los bienes y derechos que presumiblemente pertenezcan a su patrimonio.
  2. b) Deslindar en vía administrativa los inmuebles de su titularidad.
  3. c) Recuperar de oficio la posesión indebidamente perdida sobre sus bienes y derechos.
  4. d) Desahuciar en vía administrativa a los poseedores de los inmuebles demaniales, una vez extinguido el título que amparaba la tenencia.

En el ejercicio de estas prerrogativas, la Administración debe elaborar, como contrapartida, y como garantía de los ciudadanos, elaborar el correspondiente inventario de bienes (“ …están obligadas a inventariar los bienes y derechos que integran su patrimonio, haciendo constar, con el suficiente detalle, las menciones necesarias para su identificación y las que resulten precisas para reflejar su situación jurídica y el destino o uso a que están siendo dedicados”). Esta obligación también está regulada de forma similar en el artículo 82 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Báses de Regimen Local.

  • ¿Qué ha manifestado el Tribunal Supremo respecto al carácter de estos Inventarios Municipales?

El Tribunal Supremo ha señalado, en relación a los inventarios de bienes municipales (lo cual es aplicable al Catálogo de Caminos Públicos pues su naturaleza y finalidad es la misma) que “el Inventario Municipal es un mero registro administrativo que, por sí solo, ni prueba, ni crea, ni constituye derecho alguno a favor de las Corporaciones, siendo más bien un libro que sirve de recordatorio constante para que la Corporación ejercite oportunamente las facultades que le correspondan”. Su única trascendencia, es, por consiguiente, crear una apariencia de demanialidad, que no prejuzga las acciones ante el orden jurisdiccional civil, que es a quien en definitiva compete pronunciarse sobre la definitiva propiedad de tales bienes.

Expuesto cuanto antecede, lo cierto es que los requisitos y condicionantes legales para la inclusión de un bien en un Inventario Municipal de Bienes se relajan sobre manera. Tal es así que se considera suficiente la simple existencia de indicios de que los bienes tienen naturaleza pública, sin necesidad de una prueba acabada o fehaciente de dicha titularidad, y ello por cuanto la inclusión de un bien a dicho inventario (o catálogo) no tiene carácter “constitutivo”, es decir, ni supone adquisición dominical alguna, ni el hecho de que no estén incluidos algunos bienes en el mismo supone que no pueda ostentar sobre éstos la Administración algún derecho.

  • Excluido, pues, el carácter constitutivo del Inventario… ¿Cómo reaccionar ante la indebida inclusión de un camino?

Partiendo del principio constitucional de la improrrogabilidad de la Jurisdicción, resulta necesario recordar que es la Jurisdicción Civil la competente para resolver, en exclusiva, todas aquellas cuestiones relativas a la propiedad, en general, y a la propiedad de los caminos, en abstracto. Es más, el Tribunal Supremo ha pronunciado (entre otras la STS de 14 de octubre de 1998) que “la competencia de esta jurisdicción ha de limitarse a enjuiciar el correcto ejercicio por parte de los Entes Locales de las facultades recuperatorias que se les atribuye por el artículo 82.a) de la Ley 7/85 y los artículos 70 y 71 del Reglamento de Bienes de 1986, quedando reservada la decisión sobre la propiedad o posesión definitiva de los mismos a los Tribunales de la Jurisdicción civil, por lo que ni la confirmación ni la revocación del acto impugnado han de prejuzgar estas cuestiones”.

 

 

 

El TESTRA (Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico) es un tablón electrónico que permite consultar las notificaciones a que de lugar el procedimiento sancionador como consecuencia de la comisión de infracciones a la normativa sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, y que no hayan podido practicarse en el domicilio del interesado, en la Dirección Electrónica Vial o en las equivalentes de las Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas en materia de tráfico.

[Concepto sacado de https://sede.dgt.gob.es/es/tramites-y-multas/alguna-multa/consulta-tablon-edictal-testra/]

Con la aprobación de la Ley 6/2014, de 7 de abril, la nueva Ley de Tráfico, se creó la figura del TESTRA, Tablón Edictal Electrónico, con el objetivo de salvar los defectos de notificación con causa en errores postales o por iniciativa del agente sancionador. Este tablón provocará que la sanción de tráfico no llegue a nuestro domicilio, pudiendo llegar a situaciones de falta de conocimiento y, por tanto, de reacción, y todo ello por el mero transcurso de veinte (20) días desde su publicación electrónica.

.«1. Las notificaciones que no puedan efectuarse en la Dirección Electrónica
Vial y, en caso de no disponer de la misma, en el domicilio expresamente indicado
para el procedimiento o, de no haber indicado ninguno, en el domicilio que figure
en los registros de la Dirección General de Tráfico, se practicarán en el Tablón
Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA). Transcurrido el período de veinte días
naturales desde que la notificación se hubiese publicado en el TESTRA se
entenderá que ésta ha sido practicada, dándose por cumplido dicho trámite.»

 

.- ¿Cómo juegan los plazos en el TESTRA?

La Dirección General de Tráfico publicará el edicto como VIGENTE durante un plazo de veinte (20) días naturales, sólo prorrogables por cuestionas técnicas. Tras el transcurso de este tiempo, el tablón la convertirá en NO VIGENTE, disponiendo el interesado del plazo fijado en el edicto para reaccionar como estime conveniente, esto es, alegar, pagar y/o recurrir. Este estado tendrá un plazo de un (1) año y seguirá siendo accesible para el interesado. A partir de aquí, sólo tendrán acceso al mismo el propio interesado o su representante, el Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal, la Agencia Estatal de Administración Tributaria o los órganos equivalentes de la Administración Autonómica o Local, y los Jueces y Tribunales.

.- ¿Lengua del TESTRA?

El Organismo emisor, que tenga su sede en el territorio de una Comunidad Autónoma con lengua cooficial propia, deberá enviar el edicto para su publicación en castellano y, además, podrá enviarlo en la lengua cooficial propia (la publicación se hará en ambas lenguas)

En caso de discrepancia prevalecerá el texto que determine el Organismo emisor.

.- ¿Cómo acceder al contenido del TESTRA?

Todo ciudadano tendrá acceso a su contenido, el cual se configura como público, pudiéndose acceder CON y SIN certificado electrónico digital.

–> SIN certificado digital, o SIN DNI-e: La DGT garantizará el acceso de un modo confidencial, para lo cual se podrán introducir en la aplicación datos propios como el DNI o la matricula del coche.

–> CON certificado digitial o CON DNI-e: Gozando de los medios técnicos necesarios, se podrá visualizar sus datos de carácter personal ocultos para el resto de usuarios del tablón.

Dice el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea:

“En virtud del principio de subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su competencia  exclusiva, la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la  acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión.

Se introduce el llamado principio de subsidiariedad, entendido como tal aquel que establece que la administración actuante frente al ciudadano debe ser aquella que esté en un mayor grado de proximidad respecto a aquel.

Esta cercanía se presupone, no sólo en razón de la eficiencia, sino también por la eficacia. Lo lógico es que una determinada situación se trate por el funcionario más cercano, porque estará capacitado para una respuesta más ágil y efectiva. Una distribución de competencias que, en nuestro ordenamiento jurídico, efectúa la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local.

Su articulado establece una serie de competencias que deberán asumir tanto los municipios como las provincias. Competencias que como nota característica la proximidad hacía el ciudadano, su percepción directa por él.

Una situación que puede cambiar en un tiempo no muy lejano, pues la reforma de la administración local que propone el gobierno de M Rajoy quiebra de raíz este sistema basado en la cercanía para sustentarlo en criterios económicos,

Por una parte, se crea un principio resumido en la frase “una administración, una competencia”, con lo que los ayuntamientos no podrán asumir competencias derivadas de otras cuyo ejercicio corresponde a CC.AA. o provincias. A mayores, se prohibe el ejercicio de “competencias impropias” por los entes locales, es decir, no previstas o reguladas en el reparto competencial mientras no cubra sus competencias originarias.

Un ayuntamiento no podrá realizar acciones relacionadas con la dependencia si no garantiza el alumbrado público.

Otra cuestión es la retirada de competencias a aquellos ayuntamientos de población inferior a 20.000 habitantes. Sobre la base de una economía de escala, se considera que se podrán retirar ámbitos de actuación a estos pequeños ayuntamientos, quedando su ejercicio en manos de la Diputación. Pero esta norma choca con la distribución geográfica de nuestro país, pues la mayoría de los ciudadanos viven en municipios dónde no se llega a este límite. Núcleos de población en su mayoría aislados y lejos de capital que no dependerán de si mismos para la satisfacción de sus necesidades básicas.

Se suprimirán las mancomunidades de municipios y se eliminarán las entidades locales menoresFormas asociativas típicas de nuestro estado, basadas en la historia, en la organización administrativa típica de zonas propias y, también, en la proximidad al ciudadano. El principal beneficiario será, de nuevo, la Diputación Provincial, que absorberá la protección y el cuidado de estos entes asociativos.

“El principal escollo, el déficit democrático de las Diputaciones”

De lo expuesto hasta aquí se desprende que esta reforma legal dará más poder a un ente público que no goza de la elección popular directa, algo que supone un quiebro democrático en el reparto de las competencias públicas.

Los cargos políticos electos en las diputaciones salen por circunscripción electoral pero elegidos a dedo por el partido y cada uno de los partidos ostenta la representación de sus diputados provinciales en función del número global de votos conseguidos.

La opción entre potenciar o debilitar la Diputación es una opción política, pero si refuerzas este ente se debe proporcionar legitimidad democrática para fundamentar su ejercicio. Deberían elegirse sus miembros por votación directa,  y no bajo el paraguas de una organización electoral. Debería ser una opción basada en principios de eficiencia, eficacia y equidad y no en un ahorro económico que, por importante que sea (se calcula en veinte mil millones de euros), quiebra el significado de un principio, el de subsidiariedad, que debe sustentar el reparto de competencias en cualquier estado.

 

Las ciento ochenta y cinco enmiendas presentadas en el Senado para la redacción de la nueva Ley de Costas muestran el significado que va a tomar en nuestro ordenamiento jurídico. Una norma que tras su promulgación en el año 1988 tuvo como punto de partida la protección del litoral con una doble franja de protección; la primera de ellas considerando al terreno costero como de dominio público y la segunda de ellas con la constitución de una servidumbre forzosa que beneficiaba la franja costera posibilitando su acceso y su disfrute al común de los ciudadanos.

Una Ley de Costas que dejará sin protección rías, salinas, dunas,… construcciones sin sentido que ven en esta Ley una oportunidad para obtener una carta blanca que legalice los desmanes urbanísticos acaecidos durante los años de burbuja inmobiliaria sin que nadie pague las consecuencias por unos actos arbitrarios, injustificados y que, a día de hoy, son impunes.

Una Ley de Costas que dará carta de naturaleza a construcciones, urbanizaciones, e, incluso, núcleos costeros al completo que se verán amnistiados. Una Ley de Costas que reducirá la franja de protección de la costa de 100 a 20 metros y que permitirá la desprotección de todo aquello que no sea necesario para el mantenimiento de la playa.

Una cuestión que no ha tenido mención ni estudio apenas en el Proyecto es el relativo al cambio climático. Un cambio climático al que se dedicó la enmienda 176 que propone “adaptar la costa” a esta realidad desconocida. Desconocimiento que se manifiesta en los siguientes hechos:

  • No hace ninguna estimación sobre los efectos del cambio climático sobre la costa española.
  • El texto considera que los efectos del cambio climático en la costa sólo se entienden como regresión costera y no contemplan la inundabilidad frecuente de los tramos de costas que se inundan al menos una vez cada 11-13 años.
  • El Estado tomará medidas contra la subida del nivel del mar y la erosión sólo cuando ocurran catástrofes y el mar alcance viviendas.
  • El proyecto de Ley carece de una memoria económica en el que se analice con rigor el coste económico de lo que se propone, como la construcción de espigones o rellenos para combatir los efectos del cambio climático.
  • Los puertos deportivos podrían acometer ampliaciones de su superficie justificando el nuevo espigón como de control del cambio climático.
  • Por último, no incluye un criterio lingüístico mínimo que cumpla el acuerdo normativo aprobado en 1991 que regula los criterios lingüísticos generales pues el texto está lleno de conceptos sin rigor técnico.

 

* Fuente: http://www.greenpeace.org/espana/es

En resumen, la nueva regulación de la Ley de Costas y, en concreto, la escala regulación que en ella se contiene pone en peligro no sólo la seguridad de las personas, sino también el futuro y el porvenir de uno de nuestros bienes más preciados, nuestro medio natural y, en concreto, la costa.

Dice el artículo 1 de la Ley de 16 de Diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa que se entiende como expropiación “cualquier forma de privación singular de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, cualesquiera que fueren las personas o Entidades a que pertenezcan, acordada imperativamente, ya implique venta, permuta, censo, arrendamiento, ocupación temporal o mera cesación de su ejercicio“, añadiéndose que es una figura que surgirá por causa de utilidad pública o interés social.

Este concepto de utilidad pública es bastante difuso. Es necesario acudir al artículo 33 de la Constitución Española, que alude a la función social de cada uno de nuestros derechos como capacidad de intervención de la Administración Pública, del Estado como ente superior.

He aquí la primera cuestión a analizar, pues en ningún precepto de nuestro derecho positivo se clarifica este concepto. Se trata de un concepto jurídico indeterminado, entendido éste como aquel que se usa para motivar los expedientes, y actuaciones en general, que de otra forma rozarían la arbitrariedad: De este modo, al añadirse la motivación, el acto se convierte en discrecional y la actuación se legitima. Gracias a esto, existirá interés público cuando haya que buscar una motivación para llevar a cabo la “tramitación” de un expediente que de otra forma no podría ser motivado.

Exposición vaga de contenido que fue completada por los diferentes pronunciamientos de nuestro más alto tribunal. La STC 180/96 de 12 de noviembre, al referirse a los conceptos jurídicos indeterminados nos dice que han de ser dotados de contenido concreto en cada caso, mediante la aplicación a sus circunstancias específicas de los factores objetivos y subjetivos que sean congruentes con su enunciado genérico, precepto completado por la STS de 8 de marzo de 1984 consideran que por necesidad ha de entenderse no lo forzoso, obligado o impuesto por causas ineludibles, sin lo opuesto a lo superfluo y en grado superior a lo conveniente para conseguir un fin útil.

Ahora bien, llegado a este punto, me surge una gran cuestión ¿Es este concepto suficiente, esta idea, para rozar la arbitrariedad? ¿Es sacrificarse por un bien mayor título justificativo para una actuación siempre sospechosa de arbitrariedad?

El Titulo II de esta Ley regula, en 49 artículos, un procedimiento general basado en las condiciones previas, requisitos y garantías de los administrados de este procedimiento que tiene por base el sacrificio del ciudadano a favor de la Administración. Minuciosa regulación de sus requisitos previos, de la necesidad de ocupación, de la determinación del justiprecio y del pago y toma de posesión del bien expropiado por la Administración.

En total, un largo procedimiento que garantiza o que trata de garantizar el equilibrio patrimonial entre el valor de lo expropiado y el justiprecio recibido. Con sus variantes especiales y con el procedimiento de urgencia para casos dónde es necesario acelerar  los diferentes trámites, pese a que elimina parte de los trámites previstos, es, sin duda, el ejemplo de que todo concepto jurídico indeterminado está previsto y regularizado por el ordenamiento jurídico en su conjunto, restringiendo la temida arbitrariedad hasta la más mínima expresión.

Del resto, se encargan los diferentes Juzgados y Tribunales del orden contencioso administrativo. La plena independencia del Poder Judicial garantiza que la desigualdad entre partes se reduzca, aunque las trabas para acceder a la justicia sea cada vez, por desgracia, más y más grande.

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