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Derecho Civil de Galicia

El retracto de comuneros tiene como punto de partida el objetivo de evitar un excesivo fraccionamiento en la propiedad, propiciando que aquellos copartícipes en parte alícuota en el dominio puedan adquirir, en caso de enajenación, la parte de otro. En ese contexto surge el artículo 1552 del Código Civil, que dispone que: “el copropietario de una cosa común podrá usar del retracto en el caso de enajenarse a un extraño la parte de todos los demás condueños o de alguno de ellos. Cuando dos o más copropietarios quieran usar del retracto, sólo podrán hacerlo a prorrata de la porción que tengan en la cosa común”.

Jurisprudencialmecontract1nte hablando, se ha caracterizado esta figura como aquel derecho que tiene como objetivo último la consolidación en un solo titular (o en los mínimos posibles) del dominio de un determinado bien o derecho. Así se recoge, entre otras muchas, en la Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 22 de Octubre de 2007:

“el derecho de retracto regulado en el artículo 1522 del Código civil, tiene por finalidad esencial evitar en lo posible el fraccionamiento de la propiedad en porciones o cuotas ideales y lograr su consolidación en un solo titular para evitar los efectos antieconómicos de la desmembración dominical y los conflictos que en cuanto a su administración y disfrute suelen surgir entre los condueños”.

Así pues, se puede definir el retracto legal como aquel derecho conferido por la ley a subrogarse, con las mismas condiciones, en el lugar del que adquiere una cosa por compra.

.- ¿Qué requisitos exige la ley para el valido ejercicio de este derecho?

  1. Una comunidad ‘romana’; Es necesario que cada condómino tenga determinado su grado de dominio sobre la cosa, presuponiendo, además, que exista poder de disposición sobre ella. Esta Comunidad es la que está regulada en los artículos 392 y siguientes del Código Civil, en contraposición con las de carácter germánico, cuyos casos paradigmáticos son la Sociedad de Gananciales o, a nivel gallego, las Comunidades de Montes Vecinales en Mano Común.
  2. Enajenación a un extraño; entendiéndose tanto de una venta o una dación en pago. La única condición es que se realice a favor de persona ajena a la comunidad.
  3. Plazo de ejercicio de la acción; Deberá de ejercitarse en el plazo de caducidad de nueve días contados desde la inscripción en el Registro, y en su defecto, desde que el retrayente hubiera tenido conocimiento de la venta (artículo 1524 párrafo primero Código Civil), no excluyéndose del cómputo los días inhábiles.

Desde un punto de vista formal, además de los documentos que justifiquen el título en que se funde el retracto, también deberá presentarse documento que acredite haberse consignado, si fuese conocido, el precio de la cosa objeto de retracto.

* Especialidad en materia de Montes Vecinales en Mano Común (propias de la CC.AA. de Galicia).  Necesidad de comunicación previa

En virtud de la Ley 7/2012, de Montes de Galicia (artículo 57, sobre adquisición de terreno) las Comunidades de Montes (CMVMC) tendrán derecho de adquisición preferente tanto de las superficies colindantes, cuya integración permita una disminución o mejor definición del perímetro del monte vecinal, como de sus enclavados.

Se establece expresamente la obligación de comunicar a la CMVMC la venta de estos terrenos, disponiendo la Comunidad de un plazo de tres meses para ejercitar este derecho. Para el caso de que no se hubiese realizado tal comunicación previa, la Comunidad podrá ejercitar la acción de retracto en el plazo de un (1) año desde la inscripción o el conocimiento de la transmisión.

La facultad de modificar unilateralmente la servidumbre de paso viene prevista en el Art. 90.3 de la actual Ley de Derecho Civil de Galicia, cuyo contenido se transcribe a continuación:
 
“si por razón del lugar asignado primitivamente o de la forma establecida para el uso de la servidumbre esta llegara a ser innecesariamente incómoda para el dueño del predio sirviente o dificultara gravemente la realización en el mismo de obras, reparaciones o mejoras importantes, podrá variarla por su cuenta, siempre que ofrezca en el mismo fundó otro lugar o forma igualmente idóneos, y de modo que no resulte perjuicio alguno para el dueño del predio dominante ni para los que tengan derecho al uso de la servidumbre”.
 
Interesa destacar, para explicar la situación expuesta de un modo práctico,  que la reciente Sentencia núm. 200/2015 de 6 mayo de la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra, en un supuesto similar al propuesto en el presente artículo, estimó una modificación de trazado de servidumbre de paso pronunciándose del siguiente modo:
“Así pues, el pequeño aumento de longitud del paso, que no perjudica a la demandada, manteniendo una anchura y giros que no minoran en absoluto el servicio que viene ofreciendo el actual trazado, consideramos que debe ceder ante la innegable y sobre todo innecesaria incomodidad que al dueño del predio sirviente le supone el mantenimiento de la servidumbre en su trazado actual.”
También, y en idéntico sentido, y desde un punto de vista teórico, destacamos los siguientes pronunciamientos:
  • Sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense de 9 de noviembre de 2004
“la posibilidad de instar la variación de una servidumbre se confiere por el legislador condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos, cuya concurrencia corresponde analizar de oficio al Juzgador por tratarse de presupuestos de la acción: a) que la solicite el propietario del predio sirviente; b) que resulte incómoda o prive de hacer obras, reparos o mejoras importantes en el fundo sirviente; c) que la variación sea costeada por quién la insta; d) que se ofrezca otro lugar o forma igualmente cómodos mediante la sustitución de la primitiva servidumbre por otra que la sustituya y que grave la misma finca sirviente; y e) que no resulte perjuicio alguno al dueño del predio dominante o a los que tengan derecho al uso de la servidumbre.”
  • Sentencia de 5 de septiembre de 2011 de la Audiencia Provincial de Pontevedra 
“…para que el dueño del predio sirviente pueda variar o modificar la servidumbre de paso se requieren dos requisitos: a) que su configuración actual le resulte (innecesariamente) incomoda, o le prive claramente de realizar en su finca obras, reparaciones o mejoras importantes; y b) que ofrezca otra configuración igual de cómoda, de suerte que no resulte perjuicio para el dueño del predio dominante( art. 545   CC  y 90 LDCG).”
De este modo, se puede afirmar que la Ley de Derecho Civil de Galicia legitima la modificación unilateral de trazado de servidumbre siempre que, y en palabras de la última sentencia transcrita, se cumplan dos condiciones previas:
a) que su configuración actual le resulte (innecesariamente) incómoda, o le prive claramente de realizar en su finca obras, reparaciones o mejoras importantes
b) que ofrezca otra configuración igual de cómoda, de suerte que no resulte perjuicio para el dueño del predio dominante
De similar modo, y anticipando los requisitos procesales de la acción, se pronunció la Sentencia núm. 193/2006 de 5 abril de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra:
Con lo que sí está de acuerdo la Sala es que el ejercicio del «ius variandi» no puede conllevar nunca una menoscabo o perjuicio en el ejercicio de la servidumbre por parte del dueño del predio dominante, y así dispone el art. 545 que «Sin embargo, si por razón del lugar asignado primitivamente, o de la forma establecida para el uso de la servidumbre, llegara ésta a ser muy incómoda al dueño del predio sirviente o le privase de hacer en él obras, reparos o mejoras importantes, podrá variarse a su costa, siempre que ofrezca otro lugar o forma igualmente cómodos, y de suerte que no resulte perjuicio alguno al dueño del predio dominante o a los que tengan derecho al uso de la servidumbre».
Con fundamento en ello cabe establecer que constituyen requisitos para la viabilidad de la acción, y son necesarios para afirmar la posibilidad de instar la variación de una servidumbre  los siguientes: 
A) Que la solicite el propietario del predio sirviente;
B) Que resulte incómoda o prive de hacer obras, reparos o mejoras importantes en el fundo sirviente;
C) Que la variación sea costeada por quién la insta;
D) Que se ofrezca otro lugar o forma igualmente cómodos mediante la sustitución de la primitiva servidumbre por otra que la sustituya y que grave la misma finca sirviente;
E) Que no resulte perjuicio alguno al dueño del predio dominante o a los que tengan derecho al uso de la servidumbre.
Por ello y a modo de conclusión, se puede configurar ese <<ius variandi>> como aquel derecho que el ordenamiento jurídico concede al titular del predio sirviente para modificar el lugar de la servidumbre o la forma de su ejercicio. Este se inscribe dentro del principio del ejercicio civiliter de la servidumbre, presuponiendo siempre la prueba de la incomodidad o el prejuicio de la servidumbre en su disfrute por el propietario del predio dominante.

Artículo 75.1 de la Ley de Derecho Civil de Galicia:

El cómaro, ribazo o arró y los muros de contención de fincas colindantes ubicadas a distinto nivel o terraza se entiende, salvo prueba en contrario, que forman parte del predio situado en el plano superior, estando el propietario o poseedor del mismo obligado a realizar las obras y reparaciones necesarias para su conservación y mantenimiento.”

El precepto transcrito con anterioridad no deja de ser una plasmación consuetudinaria de la obligación de todo propietario de proceder a la reparación y conservación de sus bienes, con una peculiaridad, la existencia de diferencia de desnivel entre una finca y otra en el rural gallego. El Tribunal Superior de Justicia, en su sentencia de 22 de octubre de 1999, afirmó en este sentido que (con base en el antiguo artículo 33 de la Ley civil gallega de 1995, que tiene su razón de ser en la contención de tierras para el caso de que estas sean lindantes, adjudicando la propiedad de ellas, con carácter eso sí de presunción, a la finca superior con el fin de evitar mediante su oportuna conservación por su propietario, el posible deslizamiento y desplome del terreno superior.

Este artículo 75.1 es claro a la hora de sentar una premisa que ha sido acogida con unanimidad por los Juzgados y Tribunales civiles gallegos; es indudable que las fincas deben estar a distinto nivel, ya que de no existir éste no existiría razón de ser de esta peculiaridad.

Incluso, ya en 1998, el Tribunal Superior de Justicia afirmó que la referencia física de este precepto estaba en superficies de poca extensión, quizás inclinadas (o en ‘socalcos’), intermedias entre fincas que se encuentran en distinto plano. Pero la misma es extrapolable a cualquier terreno donde se cumpla el supuesto de referencia.

Nos encontramos, pues, ante un supuesto concreto. La norma dispone una simple presunción <<iuris tantum>> de pertenecía del muro al dueño del predio que se encuentra en un plano superior.  Presunción iuris tantum que dispensa de la prueba del hecho presunto al parte que este hecho favorezca, aunque admite prueba en contrario. Carga de la prueba que se proyecta, pues, sobre la parte favorecida por la misma. Así pues, crea en el propietario la obligación de realizar las obras y reparaciones necesarias para su conservación y mantenimiento en óptimo estado.

El ejemplo paradigmático de este precepto legal se encuentra, pues, en una colindancia entre fincas, situadas éstas a distinto nivel, con un muro, generalmente de mampostería (piedra sobre piedra) entre ellas. Muro de mamposteria que es el habitual en el rural gallego.

Pongamos por caso la siguiente situación práctica, representada mediante la imagen que se acompaña a continuación:

Sin títuloLa finca (A) colinda con la finca (B), estando al primera situado en un plano superior entre la primera, con un muro de mampostería como elemento divisorio. Este muro, por la razón que fuese (bien falta de conservación, bien existencia de vegetación que venga a modificar el empuje para el que estaba diseñado), sufre de un desplome que cuantificado en grados de inclinación, llega a poner en peligro la inestabilidad del muro, con las implicaciones que, en materia de seguridad pudiese tener.

Pues bien, salvo que se demuestre que el desplome del muro se debe, única y exclusivamente, a la acción del propietario de la finca (B), en cuyo caso éste podría ser obligado con causa en el artículo 1902 del Código Civil (responsabilidad extracontractual), el propietario de la finca (A) deberá, no sólo hacer cesar la causa que provocó el desplome del muro, sino proceder de cara a la regularización (‘reparación y conservación’) del mismo.

Tanto el  Código Civil, como la actual  Ley 2/2006, de Derecho Civil de Galicia, prevén la configuración forzosa de una servidumbre de paso cuando nos encontremos ante una finca enclavada entre otras ajenas y sin salida a camino público, en ambos caso previa la correspondiente indemnización.

Artículo 564

El propietario de una finca o heredad, enclavada entre otras ajenas y sin salida a camino público, tiene derecho a exigir paso por las heredades vecinas, previa la correspondiente indemnización.

Artículo 83.2

Se considera enclavado el predio que carece de acceso suficiente a camino público transitable para satisfacer las necesidades permanentes de explotación, uso y disfrute del mismo conforme a su destino económico actual, siendo el acceso al mismo sólo posible a través de otros predios de ajena pertenencia y sobre los que el legitimado, para pedir la constitución de la servidumbre, carece de cualquier otro título que le permita efectuar el tránsito.

Ambos preceptos marcan como condición de partida la inexistencia de salida a camino público. Ha sido la Jurisprudencia la que ha matizado la imposición de tal gravamen, hacer retar su imposición hasta la óptica de la más estricta necesidad, nunca comodidad o mera conveniencia.  Hasta el punto de afirmar el el Tribunal Superior de justicia de Galicia, en su Sentencia núm. 19/2012 de 24 mayo de la Sala de lo Civil y Penal (Sección 1ª)  que:

La doctrina del T.S. (ver, por ejemplo, la S.S. de 11-12-1987 o la  20-10-2005, que además cita las de 14-10-1941, 29-3-1977 y 13-6-1989, entre otras), extrapolable a nuestro derecho, hace hincapié en el concepto de necesidad como nota característica de las servidumbres forzosas, y entiende que la necesidad ha de ser real y no ficticia o artificiosa, y que no es mera conveniencia, ni equivale a simple dificultad o molestia.

Dicho requisito de necesidad, reconocido igualmente por esta Sala en diversas resoluciones sobre constitución forzosa de servidumbre de paso caso de fincas enclavadas, cobra mayor rigor en los supuestos de interclusión relativa (véanse, por ejemplo, la citada  STS de 13-6-1989   o la de este  Tribunal de 17-2-2010), pues a aquel requisito, en los términos expuestos, se añade el de la insuficiencia del paso preexistente o alternativo para atender las necesidades del fundo teniendo en cuenta las necesidades del caso concreto.

Esto es, la Jurisprudencia ha matizado tal concepto de necesidad desde un punto de vista estricto, no como mera conveniencia, dificultad o molestia, añadiéndose más recientemente la insuficiencia de aquellos pasos preexistentes o alternativos según las necesidades del caso concreto. Y ello todo en aplicación directa del denominado “principio de libertad de fundos”, según el cual toda propiedad, se presume, salvo prueba en contrario, libre de cargas y gravámenes de cualquier tipo.

Cuestión diferente es qué debe entenderse por camino público. El carácter público o privado dependerá de la naturaleza del suelo sobre el que transcurren. Camino público es aquel cuyo suelo es público, y que debemos diferenciar de la servidumbre de paso sobre suelo privado (art. 564 del Código Civil y por todas STS de 27 de mayo de 1995). La jurisprudencia tiene declarado que los caminos tienen la condición de públicos (STS de 7 de mayo de 1987), siendo a estos efectos indiferente que no figuren en el Inventario de Bienes si el carácter de uso público del camino se acredita suficientemente (STS de 29 de septiembre de 1989).

De un modo práctico, se puede configurar un camino público como “aquel que está determinado al paso de una pluralidad indeterminada de personas”, independientemente de que tengan intereses económicos o no en sus inmediaciones.

Pero… ¿que notas tiene un camino público?

La Jurisprudencia se ha mostrado rotunda en este sentido. Así, entre otras muchas, la Sentencia núm. 153/2011 de 7 abril, de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de A Coruña afirmó que:

La jurisprudencia señala que por “camino público” ha de entenderse todos aquellos espacios o lugares públicos por el que las personas deambulen o se desplacen de un lugar, aunque no tengan carácter de camino o carretera con criterio administrativo, como plazas, parques, jardines, vías pecuarias (STS 29 de marzo de 1977), e incluso fluviales (STS 8 de marzo de 1922), independientemente de su anchura y de las condiciones de policía o urbanización que puedan tener a otros efectos, y de que en ellos estén instalados o se presten todos los servicios municipales y los de alumbrado, afirmado y encintado de las aceras.

Por ello, la interpretación restrictiva de la necesidad para la imposición forzosa de una servidumbre de paso debe ser analizada caso por caso, obviando las reglas generales y haciendo un análisis pormenorizado de la situación objeto de litis. Esa misma Sentencia continúa diciendo que:

“todo lo cual ha conducido a una interpretación restrictiva en cuanto a la exigencia y, consiguientemente, por lo que respecta a los términos “enclavada entre otras ajenas” “salida a camino público” y sobre todo al concepto específico de éste…”

A efectos prácticos, pues, es necesario ‘calzarse las botas’ y bajar al terreno. Serán las concretas circunstancias de cada caso, con sus posibles alternativas, las que determinen si se dan o no las condiciones precisas para solicitar, y lograr, una imposición forzosa de servidumbre de paso. Nunca una regla general permitirá anticipar el resultado sin su correspondiente análisis, el cual es recomendable efectuar mediante dictamen pericial que, por técnico competente, analice, no sólo la interclusión (absoluta o relativa), sino las posibles alternativas. La necesidad debe ser el eje de todo argumento.

Fuente: El Blog de EsPublico.- Los Caminos Públicos Municipales

http://www.administracionpublica.com/los-caminos-publicos-municipales/

Dentro del marco legal que la Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho Civil de Galicia a los derechos reales, destacan los artículos 82 a 94 en los que se completa, con especialidades propias, la regulación que el Código Civil dedica a la Servidumbre de Paso (artículos 564 a 570 del Código Civil).

Servidumbre de Paso Galicia

Caracterizada la servidumbre de paso como aquel derecho real que concede al titular del “predio dominante” a poder servirse por el denominado “predio sirviente”, independientemente de que el predio dominante carezca (imposición forzosa) o no (imposición voluntaria) de acceso directo a vía pública.

El presente artículo versará sobre sobre dos de los aspectos en los que más se diferencia el derecho civil gallego del derecho común; 1) su adquisición por usucapión y  2) la posible caducidad de la acción negatoria.

.- Adquisición por usucapión:

La posibilidad de adquirir una servidumbre de paso por usucapión (esto es, por el paso del tiempo) comienza en Galicia a partir del artículo 25 de la Ley de Derecho Civil de Galicia del año 1995. Antes de este hito temporal, no se reconocía la capacidad de la posesión de una servidumbre de crear un derecho real.

Es necesario destacar que, hasta esta promulgación, la inactividad del dueño del predio sirviente carecía de sanción, por lo que se consideraban estos actos inhábiles para usucapir, teniendo la consideración, en su caso, como de actos meramente tolerados. Dice la Sentencia 194/2014, de 30 de junio, de la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de A Coruña:

“La adquisición por usucapión de la servidumbre de paso no es operativa sino a partir de la Ley 4/1995…….. habrá que entender que los actos posesorios realizados con anterioridad a la misma no eran aptos para la usucapion, por lo que bien podrían entenderse que eran meramente tolerados  como hechos sin mayor efecto jurídico”

Por ello, no cabrá considerar como adquirida una servidumbre de paso hasta el año 2015 de conformidad con la doctrina consolidada del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y conforme al contenido de la disposición transitoria 1ª de la Ley 2/2006.

.- Caducidad de la acción negatoria:

Dice el artículo 82.2 de la Ley 2/2006, de Derecho Civil de Galicia, que “La acción negatoria de esta servidumbre prescribe a los treinta años, a contar desde el momento en que empezó a ejercitarse el paso, salvo que el ejercicio tuviera lugar de manera clandestina, con violencia o que constituyera un acto meramente tolerado“.

Pero… ¿cuál es el momento en que empezó a ejercitarse el paso?. Ante esta cuestión. la Doctrina respondió de una manera dubitativa.

Tal y como se expuso previamente, el artículo 82.2 excluye del inicio del cómputo de la prescripción de la acción negatoria el ejercicio del paso que tenga lugar de un modo clandestino, violento o precario. A su vez, tal y como se afirmó anteriormente, todos aquellos actos posesorios anteriores a 1995 eran incapaces de usucapir, por lo que eran actos meramente tolerados, sin necesidad de reacción legal.

Esto es, será a partir de 1995 cuando comience a contarse el plazo de treinta años para interponer la acción negatoria de servidumbre de paso, dado que, hasta esa fecha, no se estaba ejerciendo un acto hábil para ganar la propiedad de esa servidumbre. Así lo recoge la Disposición Transitoria 1ª de la actual Ley de Derecho Civil gallega:

Salvo la posesión de una servidumbre de paso comenzada antes de la entrada en vigor de la Ley 4/1995, de 24 de mayo, que no aprovechará al poseedor a efectos de su adquisición por usucapión,…

Así pues, será 2025 el año en el que se pueda empezar a considerar prescrita la acción negatoria de servidumbre de paso.

.- ¿El motivo de esta regulación especial?

Los técnicos del derecho civil gallego creen que esta diferencia se encuentra en el especial carácter minifundista del rural gallego y, por tanto, en la especial relevancia que estos pasos tolerados tenían para aquellas fincas carentes de acceso a vía pública. Es más, se contradice el contenido de los artículos 537 y 539 del Código Civil, que excluiría la adquisición por usucapión de servidumbre de paso al ser no ser continua y aparente.

Una de las instituciones propias que más utilidad práctica tiene a efectos sucesorios y fiscales es el pacto de mejora. Pacto de mejora que viene configurado en la actual Ley 2/2006, de 14 de junio (artículos 214 y siguientes) siendo el artículo 217 el que, a falta de regulación expresa. establece las reglas generales de esta figura:

En defecto de regulación expresa, el pacto de mejora se ajustará a las reglas siguientes:

1.ª) Si no se realizara con entrega de bienes, el adjudicante conserva plena libertad dispositiva por actos inter vivos a título oneroso. Si se realizara con entrega de bienes, el adjudicante sólo podrá disponer de los mismos en caso de haberse reservado de modo expreso dicha facultad.

2.ª) La disposición realizada en ejercicio de la facultad anterior supondrá la ineficacia del pacto en cuanto a los bienes objeto de la disposición y a la prestación del mejorado, en caso de haberse estipulado. Si la prestación ya se realizó, total o parcialmente, el mejorado podrá pedir su restitución, y, si esta no fuera posible, su equivalente en metálico.

3.ª) Los actos de disposición que no tuvieran su origen en la voluntad del mejorante no revocan el pacto, subrogándose las contraprestaciones en lugar del bien inicialmente previsto

4.ª) Salvo reserva expresa del adjudicante, cualquier disposición de los bienes objeto del pacto en favor de tercero por acto inter vivos a título gratuito o por acto mortis causa no producirá efecto alguno y, fallecido el causante, el mejorado podrá ejercitar las acciones correspondientes a fin de obtener la posesión de los bienes.

En atención a lo expuesto, el pacto de mejora se puede definir como una forma de transmisión del patrimonio recogida en la Ley 2/2006 de Derecho Civil de Galicia. La transmisión se efectúa como un anticipo de herencia inter-vivos y es de gran utilidad para ordenar la sucesión.

Expuesto cuanto antecede, parece mostrarse sin género de duda el carácter sucesorio de esta institución. No obstante, y tras los primeros momentos en los que la Agencia Tributaria defendía su carácter patrimonial, han sido los diferentes Juzgados y Tribunales los que han clarificado esta cuestión. De hecho, la sentencia del TSJ de Galicia de 569/2013, de 25 de septiembre se pronunció de modo rotundo sobre esta cuestión, afirmando que:

En consecuencia dicho pacto debe recibir el trato de lo sucesorio, y, por un lado, entender que no se produce el devengo hasta el fallecimiento del causante – por lo que no podrá exigirse el pago hasta ese momento y, por otro aplicarle a la atribución las reducciones previstas en el artículo 20 de la ley.
En consecuencia hemos de colegir que el apartamiento, según reconoce la Ley Gallega de Derecho Civil es un pacto sucesorio, pues como tal lo encuadra en la sección cuarta del capítulo II, en concreto, un pacto de no suceder, ya que el legitimario recibe en vida y, a cambio, queda privado de la condición de heredero forzoso.
Tal es la utilidad de esta institución que se trata de una opción muy a tener en cuenta a la hora de mejorar las implicaciones fiscales de un testamento. Y ello porque son de aplicación las reducciones previstas en la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Por ello, y dada la corriente existente, es se considera viable toda liquidación que, con base en un pacto de mejora, venga a modificar el parecer de la Administración que considere este negocio como un acto patrimonial y no como un pacto sucesorio.

“El Derecho Civil Especial de Galicia se aplica en el ámbito que comprende la actual jurisdicción de la Audiencia Territorial de La Coruña. En aquellas comarcas de las provincias limítrofes de Oviedo, León y Zamora se aplicarán las disposiciones de los títulos I y II de esta Ley cuando se acredite la existencia y uso de las instituciones a que los mismos se refieren.”

El ‘Derecho Civil Especial de Galicia‘  vio la luz en el B.O.E. de 5 de diciembre de 1963, B.O.E. número 291, con la aprobación de la Ley 147/1963, de 2 de diciembre, sobre Compilación del Derecho Civil Especial de Galicia.

Esta compilación, fruto del movimiento recopilador que se desarrolló entre los civilistas patrios de mediados del s, XX, vino a responder, de modo contundente, a una necesidad que tuvo en el Congreso Nacional de Derecho Civil de Zaragoza, del año 1948, su principal virtud. Era el momento de recuperar las instituciones forales que se encontraban vigentes.

Se llegó a una conclusión, la creación de un futuro Código General del Derecho Civil español, que comprenda «las instituciones del Derecho Común, de los Derechos territoriales o forales, y las peculiares de algunas regiones, teniendo en cuenta su espíritu y forma tradicional, su arraigo en la conciencia popular y las exigencias de la evolución jurídica socia

Así pues, y tras un periodo excesivamente largo, donde por la idiosincrasia de la Sociedad Gallega, peculiar, y el complicado momento social y político de la época surgió la Compilación Gallega de 1963. Instituciones como los foros y la compañía familiar destacaron desde siempre en un pueblo marcado por el minifundismo de sus propiedades. Un minifundismo que creó en el legislador la necesidad de atenuar la situación del agro gallego y que respondían a la necesidad de impedir la atomización de la propiedad y la de subsanar sus efectos al racionalizar el aprovechamiento y cultivo de las fincas.

Lejos del minifundismo, que quizás provoca cierta vocación individualista de la propiedad, la sociedad gallega siempre destacó por un comunitarismo agrario que tenía en la Parroquia su principal expresión. Figuras como los montes vecinales en mano común (hoy con legislación propia), las eiras (o airas) o los muíños de herdeiros son sólo ejemplos de este aprovechamiento comunal, de carácter germánico.

En las relaciones personales, la Comunidad Familiar Gallega, dice la exposición de motivos, ha servido tradicionalmente y sirve aún hoy para estrechar los lazos familiares, impedir la emigración, promover el ahorro y mejorar el cultivo de las tierras, haciendo más próspera y floreciente la agricultura del país.

Otras figuras como las aparcerías, los condominios, el derecho de labrar y poseer,… vienen a clarificar lo único de la Sociedad Gallega. Un carácter único, de gran valor consuetudinario, que tuvo refrendo legal por primera vez en 1963 y que ha permitido que estas instituciones hubieran llegado vivas a nuestros días. Sin duda, es el pasado lo que explica nuestro presente, y, por ello, será parte de nuestro futuro.

  • Estructura: Noventa y tres (93) artículos divididos en

TÍTULO PRELIMINAR.- De la aplicación territorial del Derecho Civil de Galicia

TÍTULO PRIMERO.- De los foros, subforos y otros gravámenes análogos

TÍTULO SEGUNDO.- De la Compañía familiar gallega

TÍTULO TERCERO.- De la aparcería

TÍTULO CUARTO.- Del derecho de labrar y poseer

TÍTULO QUINTO.- Formas especiales de comunidad

DISPOSICIÓN ADICIONAL /1/

DISPOSICIONES FINALES /3/

DISPOSICIONES TRANSITORIAS /5/

La Compilación Gallega de 1963 supuso “la fijación por escrito en normas claras y concretas del Derecho consuetudinario, que vagaba disperso en Acuerdos de la Real Audiencia de Galicia, obras de los tratadistas, y costumbres locales que había que acreditar en cada caso particular.[Ramón P. Rodríguez Montero – SOBRE EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN LEGISLATIVA DE LAS PECULIARIADES JURÍDICO CIVILES DE GALICIA]

Fuente:

1.- Ley 147/1963, de 2 de diciembre, sobre Compilación del Derecho Civil Especial de Galicia.

2.- Ramón P. Rodríguez Montero – SOBRE EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN LEGISLATIVA DE LAS PECULIARIADES JURÍDICO CIVILES DE GALICIA

 

 

 

 

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