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Derecho Civil

Conceptualmente hablando, las vistas son aquellas ventanas susceptibles de abrirse para dar paso a la luz y el aire permitiendo ver lo que hay en el exterior, mientras que las luces son aquellas ventanas o huevos que no se pueden abrir y que sólo permiten el paso de la luz.

De esta caracterización surge el concepto de servidumbre de luces y vistas como aquel derecho real (de finca sobre finca), a partir del cual una finca, denominada predio dominante, disfruta sobre otra, denominada predio sirviente, la facultad de servirse de luces y vistas sobre ella. Sistemáticamente introducidas como una servidumbre de carácter legal, se configuran como meras limitaciones del dominio, que vienen impuestas por la ley, con base en el mantenimiento de la paz social en las relaciones de vecindad [1] (artículos 581 a 584), o como una servidumbre de carácter voluntario [2] (artículo 585) que da derecho al titular del predio dominante a exigir una determinada conducta respecto el tribunal del predio sirviente.

[1]

Artículo 581

El dueño de una pared no medianera, contigua a finca ajena, puede abrir en ella ventanas o huecos para recibir luces a la altura de las carreras, o inmediatos a los techos, y de las dimensiones de 30 centímetros en cuadro, y, en todo caso, con reja de hierro remetida en la pared y con red de alambre.

Sin embargo, el dueño de la finca o propiedad contigua a la pared en que estuvieren abiertos los huecos podrá cerrarlos si adquiere la medianería, y no se hubiera pactado lo contrario.

También podrá cubrirlos edificando en su terreno o levantando pared contigua a la que tenga dicho hueco o ventana.

Artículo 582

No se puede abrir ventanas con vistas rectas, ni balcones u otros voladizos semejantes, sobre la finca del vecino, si no hay dos metros de distancia entre la pared en que se construyan y dicha propiedad.

Tampoco pueden tenerse vistas de costado u oblicuas sobre la misma propiedad, si no hay 60 centímetros de distancia.

Artículo 583

Las distancias de que se habla en el artículo anterior se contarán en las vistas rectas desde la línea exterior de la pared en los huecos en que no haya voladizos, desde la línea de éstos donde los haya, y para las oblicuas desde la línea de separación de las dos propiedades.

Artículo 584

Lo dispuesto en el artículo 582 no es aplicable a los edificios separados por una vía pública.

[2]

Artículo 585

Cuando por cualquier título se hubiere adquirido derecho a tener vistas directas, balcones o miradores sobre la propiedad colindante, el dueño del predio sirviente no podrá edificar a menos de tres metros de distancia, tomándose la medida de la manera indicada en el artículo 583.

Caracterizada como continua y negativa (entre otras, por la STS de 8 de octubre de 1988), la prescripción extintiva comenzará a contarse desde el día en que hubiera tenido lugar un acto contrario a la servidumbre (también llamado el acto obstativo); en las servidumbres negativas lo que se impone es un no hacer lo que de ordinario se podría hacer (se impone al dueño del predio sirviente un no hacer). Y en cuanto al cómputo del plazo para adquirir por prescripción, dado su carácter negativo, se efectuará desde el día en que el dueño del predio dominante hubiera prohibido, por un acto formal, al del sirviente la ejecución del hecho que sería lícito sin la servidumbre (artículo 538). Es decir, y una vez más al hablar de prescripción, nos referimos a “las dos caras de la misa moneda”.

Pero, desde un punto de vista práctico… ¿Qué supuestos son los protegidos por el Código Civil?

Imagen en el mensajeEntraremos a analizar, punto por punto, el contenido de estos preceptos:

a) Se admiten los huecos de tolerancia:

Antes del acto obstativo, según reiterada Jurisprudencia, toda entrada de luz por hueco abierto se entiende como de mera tolerancia, que, como es sabido, no presupone posesión en ninguna de sus formas. (Sentencia del Tribunal Supremo 2 de octubre de 1964).

A su vez, el Código Civil, en su artículo 581 da validez a aquellos huecos que, en una situación y en unas medidas concretas, permitan, únicamente, la entrada de ‘luces’ y ventilación a la instancia.  Concretamente, para “recibir luces a la altura de las carreras, o inmediatos a los techos, y de las dimensiones de 30 centímetros en cuadro, y, en todo caso, con reja de hierro remetida en la pared y con red de alambre”. Aunque la Jurisprudencia más reciente ha flexibilizado estos extremos, por lo que habrá que atender a su funcionalidad y significación caso a caso.

b) Regla de distancias:

Estos artículos no contempla ninguna servidumbre, sino un límite del derecho de propiedad que, como tal, define su contenido. Igualmente, esta restricción es recíproca, de modo que si uno de los dueños no puede abrir huecos para vistas sino a cierta distancia, el otro también se ve afectado por igual prohibición. Su finalidad no es otra que preservar la intimidad, la tranquilidad y la seguridad de las personas evitando miradas extrañas y, en general, injerencias en fincas ajenas.

Las vistas (prohibidas o admitidas) por este artículo 582, se pueden obtener, como expresamente se señala, a través de balcones, ventanas u otros voladizos semejantes. La jurisprudencia ha entendido también incluidas en la órbita de este precepto a las azoteas -con independencia de que tengan o no balaustre- y a otras cubiertas similares y a las terrazas.

Esto es, toda aquella vista que se obtenga desde una distancia inferior a la regulada en el artículo 582, medida según el artículo 583, infringiría tal precepto legal, distancia que se comenzará a computar desde el punto más cercano en el que se puedan obtener, independientemente de la configuración estructural o arquitectónica que este punto tenga.

Así pues, la aplicación será automática, con la única salvedad del artículo 584, de mediar vía pública entre las edificaciones.

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Una de las figuras que más discusiones provoca dentro del régimen de Propiedad Horizontal de un inmueble es la figura de la Subcomunidad de Propietarios que encuentra su amparo legal en el artículo 2. d) de la Ley 49/1960, de Propiedad Horizontal, según el cual:

Esta Ley será de aplicación:

d) A las subcomunidades, entendiendo por tales las que resultan cuando, de acuerdo con lo dispuesto en el título constitutivo, varios propietarios disponen, en régimen de comunidad, para su uso y disfrute exclusivo, de determinados elementos o servicios comunes dotados de unidad e independencia funcional o económica.

El objeto último de esta figura no es otra cosa que permitir, dentro del régimen comunitario creado a partir de la Ley de Propiedad Horizontal, la individualización de aquellos elementos o servicios comunes dotados de independencia económica, funcional u organizativa dentro del conjunto del inmueble. El ejemplo paradigmático es el de aquel garaje que todos tenemos en mente en el que son más los propietarios de plazas de aparcamientos que propietarios hay en el inmueble.

Estas Subcomunidades pueden constituirse en la propia escritura de División Horizontal o pueden crearse a posteriori. En el primer caso, hablaremos de una constitución originaria, mientras que en el segundo, se hablará de una constitución sobrevenida. En este supuesto habrá que atender, en primer lugar, si tal posibilidad se encuentra recogido en el título constitutivo y, en segundo lugar, para su validez en el tráfico jurídico, será necesario el voto favorable y unánime de todos los copropietarios de cara a su constitución, pues tal acuerdo supone una modificación del título que requiere de unanimidad (artículo 17.6 LPH).

Una vez tomado ese acuerdo, el reconocimiento de esa Subcomunidad de propietarios requiere los mismos formalismos que la constitución de un edificio en régimen de Propiedad Horizontal. Esto es, será necesaria el otorgamiento de escritura pública y su acceso al Registro de la Propiedad. Simplificando al máximo esta cuestión, los pasos a dar serían:

–         Modificación del Título Constitutivo, si la posibilidad de constituir subcomunidades no se establece en el mismo.

–         Acuerdo unánime de toda la Comunidad General, adoptado en Junta de Propietarios.

–         Que la constitución de la Subcomunidad tenga acceso al Registro de la Propiedad.

Una vez aquí, se entiende necesario dotar a la Subcomunidad de Propietarios que se haya creado de un CIF para afrontar sus obligaciones contables y/o fiscales con terceros.

En cuanto a la gestión ordinaria de los intereses de la Subcomunidad, el propio artículo 2.d) remite al contenido de la Ley 49/1960, por lo que, a salvo la materia disponible que prevé el propio texto, el cumplimiento de sus mandatos es imperativo por los órganos que en ella se designen.

 

.- ¿Y si no existe Subcomunidad pero se obvia la obligación de algún propietario de satisfacer, en atención a su respectiva cuota de participación, el sostenimiento de los gastos comunes?

Este supuesto es bastante habitual en la vida cotidiana de edificios en régimen de propiedad horizontal. Sirva como ejemplo, aquel supuesto en que el propio Título Constitutivo establezca una exención a favor de alguna unidad o un sistema diferente de reparto de las cargas del edificio. Esta posibilidad es válida, siendo aceptada en constante y reiterada Jurisprudencia emitida por diferentes órganos, toda vez que este título es el que rige las relaciones entre condueños.

Cuestión diferente es para el caso de que exista un acuerdo puntual de exoneración por causa de cualquier índole (compensación, acuerdo,…) para cuyo análisis habrá que introducir, también, la posibilidad de que el mencionado acuerdo pueda ir contra Estatutos o ir contra la ley en perjuicio de tercero, para cuyo caso habrá que acudir al régimen de impugnación ordinario en materia de acuerdos comunitarios (artículo 18 de la Ley).

 

 

Dice el artículo 9.1 de la Ley de Propiedad Horizontal que todos los propietarios están obligados a contribuir a los gastos comunes que no sean susceptibles de individualización. A la hora de hablar de Gastos Judiciales, en donde se pueden incluir aquellos honorarios debidos de Abogado, Procurador, así como aquellos referentes a una hipotética condena en costas, habrá que distinguir entre las partes que intervengan en ese procedimiento judicial, así como el contenido mismo de la Sentencia que sirva de referencia.

Partamos de un supuesto: A, miembro de la Comunidad del edificio B, demanda a la Comunidad. A gana el juicio. ¿Que regimen se aplica respecto los honorarios de Abogado, Procurador y/o Costas?

Propiedad HorizontalLa jurisprudencia viene considerando como supuestos con diferente régimen a aquellos en los que la Comunidad de Propietarios pleitee contra un tercero ajeno a la Comunidad o frente a uno de los comuneros miembros de la misma. Los gastos habidos en los pleitos de la Comunidad frente a uno de los comuneros si son susceptibles de individualización y, por lo tanto, no sometidos a dicha obligación legal de tener que ser asumidos por la totalidad de los propietarios. En el caso contrario, cuando la contraparte sea miembro de la Comunidad (esto es, un propietario, llamemosle, disidente) cada miembro de la Comunidad deberá soportar, en atención a su respectiva cuota de participación (%).

Se plantean, en consecuencia, tres alternativas para soportar esta obligación:

1.- Una derrama previa<<ad hoc>> excluyendo al disidente.

2.- La creación de un derecho de crédito a favor del propietario disidente en relación a la propia Comunidad.

3.- El surgimiento de la obligación de reintegro de los propietarios no disidentes de aportar a los fondos de la Comunidad el equivalente a su cuota de participación de las cantidades sufragadas con cargo al fondo común.

Así pues, cuando la razón haya sido atribuida a quien litiga contra la Comunidad no puede hacerse recaer sobre él tales gastos ya que, de lo contrario, ello supondría considerarle como tercero en los conflictos con la Comunidad.

Esta regla no es absoluta, pues cuando un comunero actúe frente a la Comunidad no como miembro de ella, sino como un tercero (por la razón jurídica que fuese), deberá soportar como miembro de la Comunidad Horizontal los gastos que se generen como gasto común como cualquier otro partícipe.

Esta idea surge a raíz de diferentes pronunciamientos del Tribunal Supremo, que considera que dichos gastos dejan de tener el carácter de “gastos generales” frente a los propietarios disidentes los cuales, por el propio funcionamiento de un procedimiento judicial, deben soportar las expensas propias no pudiendo imponerles además la contribución en las correspondientes a la otra parte, aplicando la cuota de participación, ya que de mantenerse dicho criterio estaríamos ante el injusto resultado de que el titular agraviado por un acuerdo de la Comunidad que se ha visto obligado a combatir judicialmente tendría que aportar en parte los gastos procesales generados por la Comunidad de Propietarios a la cual ha vencido.

Dice la sentencia de 5 de octubre de 1983 que…
«la obligación que a cada propietario alcanza de contribuir a los gastos generales en la necesidad de acudir al “adecuado sostenimiento del inmueble” o de afrontar las responsabilidades o cargas comunes, con el régimen consiguiente de distribución, es de toda lógica concluir que sí la Comunidad de Propietarios no actúa de consuno sino que rota la armonía surge la contienda judicial enfrentándose aquélla y uno de sus componentes, los desembolsos impuestos por la situación litigiosa no merecen la calificación de “gastos generales” con relación al segundo…
pues de mantener distinto criterio podría llegarse al injusto resultado de que el titular agraviado por un acuerdo de la Comunidad, que se vio en la precisión de combatir judicialmente para restablecer el orden conculcado, tendría que soportar en parte los gastos procesales causados por la Comunidad de Propietarios vencida».

Esta idea surge también cuando, además de las costas procesales, se reconoce en dichos procedimientos una indemnización a favor del comunero litigante. El comunero disidente se desliga, otra vez, de la Comunidad, a efectos de su pago con el fin de que el derecho reconocido en sentencia firme le sea íntegramente satisfecho por el obligado a su pago.

Partamos de un supuesto práctico. Tras el desarrollo de un procedimiento civil en ejercicio de acción amparada en derecho real, se obtiene una Sentencia que, estimando los pedimentos del suplico, reconoce las peticiones relativas al derecho fuente de la controversia judicial.

Esta Sentencia, como no cabe discusión alguna, puede acceder al Registro de la Propiedad. El artículo 2.1 y 2.2 de la Ley Hipotecaria vigente establece, para el acceso de documentos, que serán inscribibles los títulos traslativos o declarativos del dominio de los inmuebles o de los derechos reales impuestos sobre los mismos y los títulos en que se constituyan, reconozcan, transmitan, modifiquen o extingan los derechos de usufructo, uso, habitación, enfiteusis, hipoteca, censos, servidumbres y cualesquiera otros reales.

Pero no toda Sentencia tiene acceso al Registro, ni, en consecuencia, toda Sentencia accede al Registro en las mismas condiciones. Es necesario destacar que, como regla general, todo procedimiento registral será rogado en cuanto a su inicio, pero una vez iniciado, el procedimiento se regirá por normas de orden público. Por lo que el modo de acceder y sus efectos dependerán, sin duda alguna, de su contenido.

* Si la sentencia versa sobre un derecho real plenamente constituido o recoge un supuesto de derecho personal con eficacia real, el asiento será de inscripción.

Si se trata de una relación jurídico real no plenamente configurada, de una vocación o llamada al derecho real, o de la publicidad de procedimientos judiciales o administrativos, sólo será posible la anotación preventiva.

* Si versa sobre circunstancias complementarias al derecho publicado, hablaremos de una nota marginal.

Así, en consecuencia, será el Registrador el que deberá decidir el tipo de asiento a practicar, sin que ninguna norma exija la fijación de la clase de asiento solicitado. Sólo debe quedar clara la naturaleza, extensión y condiciones del derecho cuya inscripción se solicita. Y es en este punto donde gana importancia la claridad, concreción y extensión del Suplico, toda vez que del pronunciamiento final del Juez dependerá no sólo el acceso, sino también los efectos de la resolución dentro del complejo sistema hipotecario Español.

Así pues, variará la resolución del Registrador en caso de que en el título presentado conste o no conste el asiento que se solicite. Si consta el asiento solicitado, el registrador lo practicará si es conforme a la situación jurídica cuyo acceso se pretende; si el registrador no lo considera procedente, se procederá a la suspensión o denegación del título (vid. 19, 19bis y 322 de la Ley Hipotecaria); si no consta, el registrador deberá realizar aquél que mejor considere.

 

Fuente: Resolución DGRN núm. 7640/2013, de 13 de Junio

Para aquellos que nos dedicamos con cierta habitualidad a los Derechos Reales, una de las figuras que no nos han enseñado en la Universidad y que más relevancia tiene en la práctica cotidiana es la figura del Derecho de Retención.

retencionEl “ius retentionis” puede ser definido como aquella facultad que la Ley establece a favor de determinadas personas para que, en virtud de cierto vínculo contractual, quedan autorizadas paa que en el caso de que la contraparte no cumpla sus obligaciones puedan apropiarse de la cosa propiedad del incumplidor, pero que ya poseían previamente, bien como garantía para aplicar el precio obtenido por su venta al pago de su deuda.

El Tribunal Supremo lo ha definido como un “especial derecho de garantía dirigido principalmente a potenciar en cierta medida la protección de aquellos acreedores que tengan en su poder la cosa o el bien de su deudor, autorizándole a dilatar en orden al tiempo su devolución o entrega (STS de 4 de octubre de 1989). Por todo ello, se configura como una garantía adicional hasta que el obligado no cumpla con las obligaciones que asumió.

En ocasiones, se ha calificado como un derecho real ejercitado<<erga omnes>>, toda vez que no atribuye la propiedad del bien, pero si su valor.

.- ¿Requisitos?

Tres son los presupuestos que marca la Doctrina para poder hablar de la existencia del derecho de retención: 1.- la necesidad expresa de previsión legal (en relación a su extensión y a sus beneficiarios); 2.– su carácter supletorio (debiendo ceder ante cualquier otro tipo de garantía legal) y 3.-la prohibición de un uso abusivo, hecho que iría contra las reglas del ejercicio del derecho con base en la buena fe.

.- ¿Ejemplos legales del derecho de retención?

Entre otros mucho, destacan en nuestro Ordenamiento…

  1. DERECHO DE RETENCIÓN DEL ACREEDOR PIGNORATICIO
  2. DERECHO DE RETENCIÓN DEL CONTRATISTA
  3. DERECHO DE RETENCIÓN DEL MANDATARIO
  4. DERECHO DE RETENCIÓN DEL USUFRUCTUARIO
  5. DERECHO DE RETENCIÓN DEL POSEEDOR DE BUENA FE

.- Especial mención al derecho de retención del poseedor de buena fe.

Entendiendo como poseedor a aquel que tiene o disfruta una cosa o derecho sin ser titular del mismo, tiene la adjetivación de buena fe en su ejercicio aquel que ignora que en su título o modo de adquirir existe un vicio que lo invalida (artículo 433 del Código Civil).

Esa buena fe da al poseedor el derecho de retención para el reembolso de aquellos gastos necesarios (para conservación o mantenimiento) o útiles (que suponen un beneficio económico para lo poseído, en términos de rentabilidad o productividad). Así pues, se le reconoce el derecho a retener la cosa hasta el completo abono de los gastos, para lo cual son requisitos la buena fe declarada y la existencia de gastos determinables (STS de 25 de octubre de 2005).

Fuente: Derecho de Retención (guiasjuridicas.wolterskluwer.es)

El retracto de comuneros tiene como punto de partida el objetivo de evitar un excesivo fraccionamiento en la propiedad, propiciando que aquellos copartícipes en parte alícuota en el dominio puedan adquirir, en caso de enajenación, la parte de otro. En ese contexto surge el artículo 1552 del Código Civil, que dispone que: “el copropietario de una cosa común podrá usar del retracto en el caso de enajenarse a un extraño la parte de todos los demás condueños o de alguno de ellos. Cuando dos o más copropietarios quieran usar del retracto, sólo podrán hacerlo a prorrata de la porción que tengan en la cosa común”.

Jurisprudencialmecontract1nte hablando, se ha caracterizado esta figura como aquel derecho que tiene como objetivo último la consolidación en un solo titular (o en los mínimos posibles) del dominio de un determinado bien o derecho. Así se recoge, entre otras muchas, en la Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 22 de Octubre de 2007:

“el derecho de retracto regulado en el artículo 1522 del Código civil, tiene por finalidad esencial evitar en lo posible el fraccionamiento de la propiedad en porciones o cuotas ideales y lograr su consolidación en un solo titular para evitar los efectos antieconómicos de la desmembración dominical y los conflictos que en cuanto a su administración y disfrute suelen surgir entre los condueños”.

Así pues, se puede definir el retracto legal como aquel derecho conferido por la ley a subrogarse, con las mismas condiciones, en el lugar del que adquiere una cosa por compra.

.- ¿Qué requisitos exige la ley para el valido ejercicio de este derecho?

  1. Una comunidad ‘romana’; Es necesario que cada condómino tenga determinado su grado de dominio sobre la cosa, presuponiendo, además, que exista poder de disposición sobre ella. Esta Comunidad es la que está regulada en los artículos 392 y siguientes del Código Civil, en contraposición con las de carácter germánico, cuyos casos paradigmáticos son la Sociedad de Gananciales o, a nivel gallego, las Comunidades de Montes Vecinales en Mano Común.
  2. Enajenación a un extraño; entendiéndose tanto de una venta o una dación en pago. La única condición es que se realice a favor de persona ajena a la comunidad.
  3. Plazo de ejercicio de la acción; Deberá de ejercitarse en el plazo de caducidad de nueve días contados desde la inscripción en el Registro, y en su defecto, desde que el retrayente hubiera tenido conocimiento de la venta (artículo 1524 párrafo primero Código Civil), no excluyéndose del cómputo los días inhábiles.

Desde un punto de vista formal, además de los documentos que justifiquen el título en que se funde el retracto, también deberá presentarse documento que acredite haberse consignado, si fuese conocido, el precio de la cosa objeto de retracto.

* Especialidad en materia de Montes Vecinales en Mano Común (propias de la CC.AA. de Galicia).  Necesidad de comunicación previa

En virtud de la Ley 7/2012, de Montes de Galicia (artículo 57, sobre adquisición de terreno) las Comunidades de Montes (CMVMC) tendrán derecho de adquisición preferente tanto de las superficies colindantes, cuya integración permita una disminución o mejor definición del perímetro del monte vecinal, como de sus enclavados.

Se establece expresamente la obligación de comunicar a la CMVMC la venta de estos terrenos, disponiendo la Comunidad de un plazo de tres meses para ejercitar este derecho. Para el caso de que no se hubiese realizado tal comunicación previa, la Comunidad podrá ejercitar la acción de retracto en el plazo de un (1) año desde la inscripción o el conocimiento de la transmisión.

Con carácter general, se puede definir la legitimación como aquella aptitud o idoneidad marcada por la Ley para poder intervenir y, por tanto, sufrir, en su vertiente activa (como demandante) o pasiva (como demandado) las consecuencias jurídicas del proceso.

Calificada como ‘ad causam’, la legitimación se configura como un aspecto que, sin impedir la tramitación del procedimiento según los trámites legales, debe ser analizada en Sentencia según la prueba practicada de modo previo al análisis del fondo del asunto.

En los procesos verbales de naturaleza sumaria para recobrar la posesión, al amparo del artículo 250.1.4º de la L.E.C., la cuestión de la figura de la legitimación pasiva ve cambiada su significación, olvidándose ya de la preexistencia de un derecho que venga a legitimar una determinada posición jurídica, convirtiéndose en una situación de hecho, la tenencia de una situación posesoria.

Cabe analizar dos supuestos en cuanto a la existencia de legitimación pasiva en estos procesos. Así:

a) La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 30 de abril de 1997, que expresamente proclama que “la legitimación pasiva en el interdicto de recobrar la ostenta quien haya ejecutado por propia decisión el acto lesivo para la posesión del actor, o lo haya mandado ejecutar”, remitiendo, de modo efectivo, la cualidad de demandado a la ejecución del acto, bien como autor material, o como autor intelectual (o volitivo) del mismo. Profundiza en este sentido la Sentencia núm. 280/2009, de 29 de mayo, de la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra, al pronunciarse del siguiente modo:

“Así es constante la doctrina que atribuye la legitimación pasiva en esta clase de interdictos al denominado causante jurídico del despojo o de la perturbación, autor mediato o por inducción (autor impulsivo en palabras de la doctrina) que es quien recibe las ventajas económicas del ataque contra la posesión y en quien concurre el elemento del animus spoliandi.”

b) Pero no solo debe referirse tal figura al causante de una determinada conducta que se materializa en el exterior, sino que también se debe extender a aquella persona que recibe las ventajas económicas del ataque contra la posesión. Así, también está legitimado, aquella persona que reciba las ventajas económicas del ataque a la posesión, afirmándose una relación de causalidad evidente entre los hechos y sus autores. Profundiza en esta figura la Sentencia de la AP Santa Cruz Tenerife, de fecha 4-7-2005:

“La jurisprudencia menor pone el acento en el beneficiario que recibirá las ventajas del acto de despojo, afirmando que en los interdictos posesorios la legitimación pasiva está basada, más que en una titularidad real o posible del objeto litigioso, en una relación de causalidad con los hechos y sus autores, entendidos éstos últimos no en la acepción material de ejecutores, sino de determinantes de los actos denunciados -STS de 27 de septiembre de 1955 -.

Dicho esto, en la práctica jurisprudencial se pueden encontrar algunos supuestos problemáticos en relación a la estimación de la legitimación pasiva:

1) ¿¿Y si no se conoce el causante último de la perturbación posesoria??

La Sentencia núm. 163/1999 de 31 marzo de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Valladolid, entre otras, exime al demandante de la carga de proceder a una investigación minuciosa tendente a la averiguación del causante. Así:

“…no puede exigirse al demandante una exhaustiva investigación hasta llegar al sujeto originariamente determinante del acto antiposesorio, dada la dificultad y complejidad que plantea tal circunstancia, siendo suficiente para inferir la autoría mediata con un elemental mecanismo lógico-deductivo…”

Todo ello porque, de lo contrario, sería atribuir a estos procedimientos, marcados por sus notas de sumariedad y ausencia de cosa juzgada, de una probática más cercana a la criminal (p.ej., un cotejo de huellas) que a la propia del orden civil.

2) ¿¿Y si de un matrimonio, casado en gananciales, solo se demanda a un cónyuge??

Debe tenerse en cuenta la especial naturaleza, sumaria y posesoria, de las acciones interdictales, que, conjugándose con las posibilidades en el caso de derechos de crédito de acción y defensa por cualquiera de los cónyuges en régimen de Sociedad de Gananciales abunda en la inatendibilidad del litisconsorcio pasivo que se pueda plantear (Sentencia núm. 210/2016, de 21 de julio, de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra).

Y ello porque, de manera definitiva, el Tribunal Supremo se encargó de establecer como máxima que “en los interdictos la legitimación pasiva está basada, más que en la titularidad real o posible del objeto litigioso, en una relación de causalidad con los hechos y sus autores”, debiendo caracterizarse como despojo posesorio una perpetuación consciente y autoaprovechada de tal privación.

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