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Derecho constitucional

El Derecho no son sólo normas, sino también principios y valores. En este sentido, ya en el Digesto (causante directo de nuestro actual Ordenamiento Jurídico) ULPIANO lo definía como  “Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.”  De esta definición se pueden extraer tres notas clave:

  • Honeste Vivere “Vivir Honestamente”. Marca como origen del Derecho al sujeto, a la persona, y a la necesidad de un comportamiento basado en la buena fe.
  • Alterum non laedere “No dañar a Otro”. Marca como origen el principio de responsabilidad.
  • Suum cuique tribuere “Dar a cada uno lo que se merece”. Establece la posibilidad de la existencia de un ser, un ente, capacitado para impartir Justicia.

Son tres principios que han pasado a nuestros días bajo el concepto de Principio General del Derecho. Los principios jurídicos son, según GUASP, aquellos que por sustentar a todo el Derecho de un modo específico, hacen depender de sí mismos la subsistencia de cualquier figura jurídica particular.

Uno de los principios que ha pasado a nuestros días y que es germen de cualquier construcción es el de seguridad jurídica. Principio reconocido en el artículo 9.3 de la Constitución Española, hasta el punto de afirmar el profesor GARCÍA DE ENTERRÍA que “la seguridad jurídica es una exigencia social inexcusable” pero“constantemente deficiente”. 

Dice el Tribunal Constitucional lo siguiente:

“El legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa, debe procurar que acerca de la materia sobre la que legisla sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse

Ahora bien, el motivo de esta breve introducción radica en los siguientes titulares sacados en la prensa gallega en las últimas fechas:

“Las multas acechan a los arrendadores que no llevan a la Xunta las fianzas del alquiler”

El Gobierno gallego impuso 354 multas a arrendadores por no llevar la fianza de alquiler al IGVS

Las multas a las que se hace mención traen causa en una Ley, la 18/2008, de Vivienda de Galicia, y en un Decreto, el 42/2011, de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas que le sirve de desarrollo. Establecen estas normas la obligatoriedad del depósito de 1 mes de fianza en el Instituto Galego de Vivenda de Solo, bajo amenaza de multa por cumplir tal trámite.

Y aquí comienza el verdadero objetivo del presente post. Denunciar que no se cumplen los dos requisitos que, a mi juicio, son necesarios para lograr el perfecto desarrollo del concepto de seguridad jurídica: 1) publicidad y 2) conocimiento.

1) Publicidad. Teóricamente, el principio de publicidad se cumple con el acceso de las diferentes normas a los diferentes Boletines Oficiales (B.O.E., D.O.G. o el B.O. de la provincia correspondiente. A la práctica, esto genera la teórica obligación de todos los ciudadanos, sean operadores jurídicos o no, de acceder día tras día a tales instrumentos cuya publicación, a fecha de hoy, es telemática.

2) Conocimiento. Hilado con lo anterior expuesto, esta carencia de medios provoca el desconocimiento de los ciudadanos, verdaderos destinatarios de las normas a aplicar, de su existencia, contenido y significado. Si “la ignorancia de las leyes no excluye su cumplimiento”, debe ser objetivo de los poderes públicos, sea cual se su ámbito de competencia, que los ciudadanos puedan conocerlas y utilizarlas; pues, en caso contrario, el concepto de seguridad jurídica cederá ante lo que se podía calificar como sorpresa y desconocimiento.

El BOE del pasado sábado cinco de julio publicó, bajo el amparo de la “extraordinaria y urgente necesidad“, una batería de medidas que, según el Gobierno encabezado por M Rajoy, vendrán a manifestar y asegurar la recuperación económica.

Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes
para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

Bajo el amparo del artículo 86, mediante la que se crea la figura del Real Decreto Ley, utilizada, dice nuestro texto constitucional, para “casos de extraordinaria y urgente necesidad”, esto es, para aquellas cuestiones que, por su naturaleza, merecen de una actuación rápida lejos de la que la debe ser toda tramitación legislativa parlamentaria.

  1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.

  2. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario.

  3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.

Dice el Tribunal Constitucional que la apreciación de estos requisitos debe recaer en la figura del Gobierno, apreciando un “razonable margen de discrecionalidad” (STC 29/1982), sin perjuicio de que el máximo garante de nuestros derechos y libertades fundamentales pueda controlar “los supuestos de uso abusivo o arbitrario” (STC 29/1987) que pudieran desvirtuar la potestad legislativa ordinaria de las Cortes Generales.

Dice el Tribunal Constitucional que “la utilización del decreto-ley, mientras se respeten los límites del artículo 86 de la Constitución, tiene que reputarse como una utilización constitucionalmente lícita en todos aquellos casos en que hay que alcanzar los objetivos marcados para la gobernación del país, que, por circunstancias difíciles o imposibles de prever, requieren una acción normativa inmediata o en que las coyunturas económicas exigen una rápida respuesta. Sólo en dos ocasiones, SSTC 68/2007 y 137/2011, ha declarado el Tribunal Constitucional la inconstitucionalidad de un decreto-ley (el Real Decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad y Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes), por falta del presupuesto habilitante, al entender que no concurría una situación de extraordinaria y urgente necesidad.”

Esta disertación tiene causa en la reciente aprobación del Real Decreto Ley más arriba señalado. Ciento setenta y dos (172) páginas superan, a mi juicio, los requisitos de necesidad y oportunidad que caracterizan esta figura normativa.

Vienen a suponer, quizás, y deseo equivocarme, un cúmulo de medidas eminentemente ideológicas que son aprobadas, a golpe de firma del Gobierno, sin luces, taquígrafos ni debate en la opinión pública. Se evita el debate, se evita la puesta en conocimiento de una sociedad, de los ciudadanos (soberanos de la democracia) que tienen como única respuesta el sorprenderse ante una medida impuesta. Medidas ideológicas que recuerdan a una idea “caciquil” de la política que parecía superada.

Llama poderosamente la opinión el hecho de que, si bien el Presidente del Gobierno propuso, como medida estrella de un futuro cercano la regeneración democrática, pocos días después el Boletín muestre una realidad tan diferente. Pero sólo es una opinión.

“la justicia es igual para todos”

Esta renombrada frase, con base en el artículo 14 de la Constitución que proclama la igualdad para y ante la Ley de todos los españoles, pronunciada por SM el Rey D, Juan Carlos (todavía Rey), no deja de ser una suerte de declaración de intenciones, toda vez que no sólo la Constitución Española, sino que también las leyes que de ella derivan, vienen a manifestar excepciones a la regla general del deber de todo ciudadano de acudir ante los órganos jurisdiccionales cuando sean citados para ello.

Me refiero a los diferentes privilegios judiciales que ostentan ciudadanos españoles por el mero hecho del cargo político que ocupan. Pienso en tres supuestos típicos, muy de actualidad, tales como: 1) la inviolabilidad del Rey; 2) el aforamiento de determinados cargos políticos y 3) la posibilidad de responder preguntas por escrito.

1) la inviolabilidad del Rey.

El Rey, como Jefe del Estado, es inviolable e irresponsable, esto es, carece de responsabilidad penal o política en el ejercicio de sus funciones. Así lo establece el artículo 56 de la Constitución Española:

La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2.

La inviolabilidad tiene un significado más amplio que el de la irresponsabilidad, con el que se pretende subrayar la alta dignidad que corresponde al Monarca como Jefe del Estado. Como tal, se proyecta en otras normas, de carácter penal o internacional, que atribuyen una especial protección a la persona del Rey. A lo que se añade un status especial de inmunidad en virtud del cual el Rey se sitúa por encima del debate político y al margen de los Tribunales de Justicia.

2) el aforamiento de determinados cargos políticos.

De acuerdo con las normativas legales existentes en nuestro sistema político, existen determinadas personas (hay quien calcula que cerca de doscientas cincuenta mil (250.000)) que, para que comparezcan ante los Tribunales de Justicia, es necesario cumplir determinados requisitos legales, tanto de fondo como de forma procesal.

La Constitución de 1978 faculta con este privilegio al Presidente del Gobierno, a los Integrantes de su Gobierno, a los diputados y a los senadores. No obstante, a partir de la elaboración de las diferentes Leyes Organicas que se dictó para su desarrollo, en materias de su competencia, se extendió este privilegio a magistrados del Tribunal Constitucional, fiscales, miembros del Tribunal de Cuentas, miembros del Consejo General del Poder Judicial, diputados regionales, fiscales superiores o defensores del Pueblo,

   ** ¿Cómo se manifiesta este aforamiento en la práctica Judicial?

La manifestación práctica depende del cargo que ostente la persona afectada. De este modo, para los miembros del Gobierno (incluyendo el Presidente), diputados y senadores, la Constitución establece como órgano competente al Tribunal Supremo, cúspide de nuestra pirámide judicial, alterando, con ello, la competencia territorial y funcional prevista por la legislación ordinaria.

En el peculiar caso de los miembros de las Cortes Generales, el proceso a seguir se denomina bajo la rúbrica de suplicatorio, por el que la Cámara a la que pertenezca deberá dar, o no, su aceptación, atendiendo a una somera labor investigadora que viene a ser una suerte de primer juicio, de carácter público, al teórico responsable (el órgano competente en caso de parlamentarios autonómicos será el Tribunal Superior de Justicia de esa Comunidad Autónoma).

Para el resto de cargos, deberá acudirse a la Ley que establezca tal aforamiento para determinar cual será el órgano competente y como será el procedimiento destinado a romper tal situación de aforamiento.

3) la declaración por escrito, o la no obligación de declarar.

El capitulo V de la Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge la obligación de todos los españoles de declarar cuanto conocimiento se tenga sobre un hecho sobre el que el le pregunte el Juez. No obstante, El Rey, la Reina, sus respectivos consortes, el Príncipe Heredero y los Regentes del Reino, así como los cargos diplómaticos acreditados en España, son los únicos exentos de tal obligación

Esta excepción, que no incluye a todos los cargos públicos, si que tiene el privilegio en el modo o la forma de presentar tal declaración. El artículo 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite responder por escrito a los siguientes cargos públicos:

—El Presidente y los demás miembros del Gobierno.
—Los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado.
—El Presidente del Tribunal Constitucional (TC)
—El Presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
—El Fiscal General del Estado.
—Los Presidentes de las Comunidades Autónomas.

Una excepción que incluso llega a momentos posteriores al cese en el ejercicio de estos cargos, toda vez que se sigue manteniendo, como opción, el responder por escrito a las respuestas de un Juez

Fuera de estos supuestos, paradigmáticos donde los haya, se puede incluir un cuarto privilegio, el ahorrarse el “paseíllo” al Juzgado, esto es, poder declarar en su despacho oficial en la Sede del órgano del que sean miembros. Podrán utilizar tal excepción:

— Los Diputados y Senadores
— Los Magistrados del TC y los Vocales del CGPJ
— Los Fiscales de Sala del Tribunal Supremo
— El Defensor del Pueblo
— Las Autoridades Judiciales de cualquier orden jurisdiccional de categoría superior a la del que recibiere la declaración
— Los Presidentes de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas
— El Presidente y los Consejeros Permanentes del Consejo de Estado
— El Presidente y los Consejeros del Tribunal de Cuentas
— Los miembros de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas
— Los Secretarios de Estado, los Subsecretarios y asimilados, los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y en Ceuta y Melilla, los Gobernadores civiles y los Delegados de Hacienda

Fuente:

1.- ABC.es (‘El privilegio de declarar por escrito’)

2.- Congreso.es (‘Sinopsis artículo 56)

Con la noticia de la abdicación de SM el Rey Don Juan Carlos I la disyuntiva monárquica o republicana volvió a salir a la calle con ánimos renovados. Bien por la solicitud de un Referéndum que decida sobre el sistema político que debe regir en el Estado Español, bien por tomar cuerpo ya la elección, la Democracia ha salido ya a la calle.

Bandera de la II República

Bandera de la II República (Foto: Wikipedia)

Sin duda, el símbolo que encarna esta lucha democrática es la bandera de la II República, la tricolor. Bandera que encarnaba la legalidad vigente antes del Golpe de Estado de 1936, con la proclamación de la Constitución de 1978 quedó relegada, cuanto menos de momento, al recuerdo histórico. Ahora bien,… ¿Es legal mostrar la bandera republicana?

A esta cuestión respondió la Sentencia 01335/2003, de quince de noviembre, de la Sección 9ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que tiene como supuesto de hecho la colocación, en unas casetas de fiesta de Izquierda Unida (IU) de la bandera tricolor. Dice la antedicha Sentencia, en una demanda contra su retirada por parte del Ayuntamiento de Torrelodones, que:

“…el valor del pluralismo político, que implica, en lo que ahora importa, libertad para pensar, expresarse y participar o no participar en los procesos políticos en condiciones de transparencia e igualdad con los demás actores políticos, y en la medida en que la democracia implica pluralismo, ampara la discrepancia y las formas en las que ésta pueda manifestarse [Pág. 2]

La Jurisprudencia del Tribunal Constitucional señala que toda resolución que limite o restrinja el ejercicio de un derecho fundamental ha de estar motivada, añadiendo que las medidas limitadoras habrán de ser necesarias para conseguir el fin perseguido…………….. Resulta difícil entender que la alteración del orden publico aludido por el Ayuntamiento de Torrelodones se produzca por la mera exhibición de una enseña que muchos de los ciudadanos que acuden al señalado Parque ferial, en su mayoría jóvenes, desconocen. Por otra parte, por si misma dicha bandera difícilmente puede incitar a la violencia, el racismo, la xenofobia o cualquier otra forma de discriminación que atente contra la dignidad humana, prohibiciones estas que eran las únicas que se imponían al otorgar la concesión de la instalación de establecimientos destinados a puestos de bebidas durante las fiestas patronales. [Pág. 3]”

Referéndum Vigo

(Foto: @Victor_p_diaz)

Esto es, el mostrar banderas republicanas es plenamente legal. El derecho a mostrarlas y exhibirlas está amparado por la protección a los derechos fundamentales de libertades de expresión e ideológicas, plenamente reconocidos en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I de la Constitución Española.

Cuestión diferente es mostrar la bandera del régimen franquista o la esvástica nazi. Y es que estas dos banderas son ilegales por propugnar valores no amparados por el ordenamiento jurídico, valores ilegales que no forman parte de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.

La alcaldesa de Madrid, A Botella, volvió a irrumpir en los focos de los medios de comunicación con la propuesta que dirigió a la Delegada del Gobierno en Madrid, C Cifuentes, por la cual solicitaba limitar las manifestaciones con tres criterios similares a los que se utilizan en la ciudad de París: a) Los ejes estratégicos de transporte; b) Las áreas de influencia turística; y c) Las Zonas Históricas.

Dice el artículo 21.2 de la Constitución Española:

En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

La Constitución Española solo limita el derecho fundamental a la manifestación en caso de alteración del orden público. El derecho de reunión se configura como un derecho del que participan elementos de la libertad de expresión y del derecho de asociación, de tal forma que ha podido definirse como la agrupación temporal para reivindicar una finalidad por medio de la expresión de ideas o como ‘una manifestación colectiva de la libertad de expresión ejercitada a través de una asociación transitoria’.

Los elementos configurados son, pues, una agrupación de más de 20 personas, en un momento prefijado y con una duración determinada y la expresión de unas ideas, con frecuencia con fines reivindicativos. En los supuestos en los que no se dieran los elementos citados nos encontraríamos ante meras ‘aglomeraciones’, en consecuencia no amparadas por el artículo 21 de al Constitución. Además de los derechos ya mencionados el derecho de reunión se vincula con otros como la participación política, las libertades sindicales o el derecho de huelga en cuanto que cauce de expresión de estos derechos, lo que conduce a calificar el derecho de reunión como un derecho instrumental.

Este segundo párrafo contiene la máxima que debe reinar en aquellas reuniones o manifestaciones, con causa en las repercusiones o a la afectación de otros derechos o bienes. Exige ‘comunicación a la autoridad competente’, pudiendo ser incluso prohibida en caso de alteración del orden público cuando haya “peligro para las personas o bienes”. Por ello, el Tribunal Constitucional sentó la siguiente idea:

“la comunicación a la que se refiere el artículo 21.2 de la Constitución no es en ningún caso una autorización, sino una mera declaración de conocimiento a fin de que la Administración Pública competente pueda adoptar las medidas necesarias para asegurar el ejercicio del derecho y la adecuada protección de los bienes y derechos de terceros que se vean afectados” (SSTC 2/1982, 66/1995, 182/2004, 110/2006)

.- ¿Cabe, pues, la limitación de este derecho fundamental con causa en razones de transporte, turísticas o de protección histórica?

Strictu sensu, no son causa para una modificación, limitación o prohibición de una manifestación, entendida esta como una reunión marcada por el paso ambulatorio entre localizaciones de una misma ciudad. Son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado quien, en el ejercicio fiel de sus funciones, debe velar por la coexistencia del normal desarrollo de la vida ciudadana y la práctica de una manifestación debidamente convocada.

Es la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, modificada (art. 4.3) por la L.O. 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos y por la L.O. 9/1999, de 21 de abril, la que debe velar por el ejercicio de estos derechos. Establece que la autoridad gubernativa suspenderá o disolverá las reuniones penalmente ilícitas, las que produzcan ‘alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes’ (luego parece que han de darse las dos circunstancias) y en las que se hiciere uso de uniformes paramilitares.

Es más, la Constitución en el artículo 53.1 de la Constitución garantiza que es un recurso susceptible de amparo constitucional. A mayores, el Tribunal Constitucional protege la limitación no justificada de toda manifestación o reunión. Así, el principio pro libertate frente a los intentos de limitación injustificada o con escasa justificación (STC 36/1982, de 16 de junio; STC 163/2006; STC 170/2008), distinguiendo las reuniones celebradas en espacios abiertos, aun en las inmediaciones de lugares de tránsito público de éstos (STC 225/2002, de 9 de diciembre), o justificando una invasión de la vía pública, con el subsiguiente corte de tráfico (STC 42/2000, de 14 de febrero), siempre sobre la base de la correspondiente ponderación de bienes (STC 59/1990, de 29 de marzo).

Y es que, es evidente que cualquier restricción geográfica afecta al derecho de manifestación. A esta cuestión ya respondió el vocal del CGPJ, Álvaro Cuesta, afirmando que “cualquier restricción geográfica afecta a la esencia de del derecho por lo que “lo que se proponga debe ser muy cuidadoso”, añadiendo, de modo rotundo, que “si uno pretende que el derecho a manifestación en todas las ciudades se ejerza en un descampado a 10 kilómetros del centro de la ciudad sea cual sea la ciudad en la que se trate, pues está violentando el derecho de manifestación”.

Creo que no hace falta decir nada más.

Fuente:

1.- EUROPAPRESS.ES — Cualquier “restricción geográfica” afecta al derecho de manifestación

2.- CONGRESO.ES — Sinopsis del artículo 21 de la Constitución

 

El pasado viernes día 20, el Consejo de Ministros aprobó el Informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de protección de la vida del concebido y derechos de la mujer embarazada. Anunciado como una promesa electoral del PP, vio así la luz la ley que restringe este derecho, eliminando la posibilidad de interrumpir el embarazo salvo en aquellos supuestos y en aquellas circunstancias expresamente permitidas por la Ley.

Una ley que viene a reproducir, en lo sustancial, el contenido de la Sentencia de 11 de abril de 1985, del Tribunal Constitucional, que avaló la primera ley de la democracia que reconoció este derecho a las mujeres españolas. Por eso, para entender la realidad y el calado de esta reforma, es necesario analizar el ayer, el hoy y el mañana de este derecho para todas las mujeres.

  • ¿Que dijo el Tribunal Constitucional en 1985? 

El Tribunal Constitucional, en su sentencia, declaró la constitucionalidad de la despenalización del aborto en los tres supuestos ya conocidos. Únicamente advirtió de la necesidad de introducir cautelas (exigencia de informes médicos) en los casos de aborto terapéutico y eugenésico, como así se hizo en 1985. Y es que la Constitución establece en su artículo 1.1 que los valores superiores del ordenamiento jurídico son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Posteriormente, El TC sumó a éstos la vida, si bien ligada ésta a la dignidad de la persona del artículo 10 de la Constitución.

Dejó claro que la vida del nasciturus es un bien jurídico protegido por el art. 15 de la Constitución, pero no le corresponde la titularidad del derecho a la vida. Titular de derechos sólo lo puede ser la persona. No se trata, por tanto de un caso de colisión de derechos, sino entre un bien jurídico (el nasciturus) y un derecho fundamental (el de la mujer), afirmando que “el legislador puede adoptar cualquier solución dentro del marco constitucional, pues no es misión de este Tribunal sustituir la acción del legislador”.

  • El Aborto en la Ley 2/2010

El 3 de marzo de 2010 se promulgó la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Esta ley tiene como objeto garantizar los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y salud reproductiva establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), regular las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establecer las correspondientes obligaciones de los poderes públicos.

En su Título II, artículos 13 y 14, se concreta la despenalización de la práctica del aborto inducido durante las primeras 14 semanas del embarazo. Durante este tiempo, la mujer podrá tomar una decisión libre e informada sobre la interrupción de su embarazo. No habrá intervención de terceros en la decisión.

En su artículo 15 señala que el plazo de posibilidad de interrupción voluntaria del embarazo aumenta hasta la semana 22 en casos de «graves riesgos para la vida o la salud de la madre o el feto». A partir de la vigésima segunda semana, solo podrá interrumpirse el embarazo en dos supuestos: que «se detecten anomalías en el feto incompatibles con la vida» o que «se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico.

  • ¿Que cambiará con la nueva ley del Aborto?

.- Plazos: Hasta ahora las mujeres podían abortar sin alegar ninguna razón en las primeras 14 semanas de gestación (similar a la que hay en la mayoría de países de la Unión Europea como Holanda o Francia).. Se vuelve a los supuestos de la ley de 1985. Las mujeres ya no tendrán derecho a abortar sino que tendrán que justificar que los intereses del no nacido entran en conflicto con los propios.

.- Menores de 16 y 17 años: Con la ley de 2010 las menores de 16 y 17 años tienen que informar a sus padres, a menos que aleguen causas especiales para no hacerlo (mala relación con sus progenitores). Esta posibilidad ya no existe. Los padres tendrán la obligación de acompañarlas y la potestad de decidir sobre ellas.

.- Supuestos: Los supuestos son los dos que había en la ley anterior: violación, riesgo para la salud física o psíquica de la madre (hasta la semana 22) pero se elimina el supuesto de las anomalías fetales como tal.

.- Enfermedad del feto:  Ahora el supuesto de enfermedad del feto se elimina, y queda supeditado a los efectos que esa dolencia genere en su madre. Se debe garantizar que la mujer sufrirá un daño “no irreversible pero sí importante y duradero” en su salud física o psíquica. Para ello se pide un informe motivado por dos médicos especialistas que no pueden ni siquiera trabajar en el centro en el que se practique el aborto.

(* En el caso de enfermedades incompatibles con la vida el requisito será doble: un informe médico que confirme los riesgos para la madre y otro que pruebe la patología del feto de acuerdo con la Comité de Bioética de España.)

.- Aborto o parto inducido: Todo esto vale hasta la semana 22. A partir de ese momento las mujeres no podrán ser sometidas a un aborto. En el caso de un acreditado riesgo para la vida de la madre, se practicará un parto inducido, ya que, según argumentó el ministro, “la OMS señala que a las 22 semanas un feto podría vivir fuera del cuerpo de la madre“.

.- Procesos de información: Se va a ofrecer a las mujeres información y asesoramiento sobre sus derechos y las ayudas de las que pueda disponer. Se tratará de informacion clínica personal y personalizada., que se brindará de forma verbal (no sólo por escrito) y tendrá en cuenta el grado de madurez y la edad de la mujer. Este servicio estará a cargo de profesionales del sistema público y estará orientado a ofrecer a la embarazada alternativas al aborto.

.- Publicidad de las clínicas que practican abortos: Se prohíbe cualquier anuncio de centros médicos que ofrezcan la posibilidad de interrumpir el embarazo a las mujeres. “No es un producto de consumo y esa información solo deben facilitarla los especialistas”, ha dicho Gallardón al respecto.

  • ¿Que trae consigo esta reforma?

Esta reforma es el culmen de lo que parece ser una reforma ideológica. Una reforma ideológica que trae causa en la presión ejercida durante los últimos años del Gobierno de JL Rodríguez Zapatero por lobby’s como medios de comunicación, fundaciones o asociaciones provida e, incluso, la Conferencia Episcopal.

Una reforma que hace primar los derechos del nasciturus sobre los derechos de la mujer. Es necesario recordar que el Tribunal Constitucional estableció la diferencia entre lo que es un derecho fundamental y un bien jurídico, y que, de aprobarse esta reforma, provocará que los derechos de la mujer queden en un segundo plano. No soy un defensor del aborto libre, pero si soy fiel defensor de garantizar el necesario equilibrio entre estos dos conceptos, permitiendo la información y la libre decisión en uno u otro sentido.

Un equilibrio que cambiará si se aprueba el texto de esta Ley. Un equilibrio que cambiará aprovechando el momento político resultado de las últimas elecciones generales y que convirtió al antiguo partido en la oposición, que presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra el texto en vigor, la Ley 2/2010, en el partido en el gobierno. Es la búsqueda de un objetivo, le pese a quién le pese.

Legítimo, desde luego, pero también oportunista. Aprovechar el poder para dirigir a un país hacia una ideología es un error de concepto, es el mal que acucia nuestra Sociedad. Un error de concepto que traslada la soberanía a grupos de presión interesados que cambian el eje de la democracia desplazándolo hacia intereses particulares, intereses que deberían ceder ante los propios de la Sociedad en General.

Fuente:

1.- Texto de la Sentencia 53/1985, de 11 de abril, del Pleno del Tribunal Constitucional

2.- Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

3.- [ElDiario.es] “El aborto deja de ser un derecho y la mujer solo tendrá la última palabra en caso de violación

 

Casos como el de Asunta Basterra hacen aflorar a la luz una institución aparentemente olvidada por la Sociedad, pero que goza de una mayor importancia y relevancia penal que la que la práctica jurídica quiere darle.

Me refiero al Tribunal del Jurado. Un Tribunal compuesto por ciudadanos “legos en Derecho” y que tiene como razón de ser garantizar la papel de la soberanía popular a la hora de repartir justicia.

La Constitución Española recoge el Tribunal del Jurado en su artículo 125 cuando proclama que:

«Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine,…»

El artículo 125 de nuestra Carta Magna remite la composición, funcionamiento y requisitos a una Ley, de carácter Orgánica, que vio luz el 22 de mayo de 1995 con la aprobación de lo que fue la Ley Orgánica 5/1995, del Tribunal del Jurado, LOTJ (Boletín Oficial del Estado núm. 122, de 23 de mayo).

Con esta Ley se posibilita a los ciudadanos que reúnan los requisitos necesarios el participar directamente en los asuntos públicos administrando Justicia.

  • Requisitos para ser Jurado (artículo 8 de la LOTJ):
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(Foto: ABC.es)

  1. Ser español mayor de edad.
  2. Encontrarse en el pleno ejercicio de sus derechos políticos.
  3. Saber leer y escribir.
  4. Ser vecino, al tiempo de la designación, de cualquiera de los municipios de la provincia en el que se hubiere cometido el delito.
  5. No estar impedido física, psíquica o sensorialmente para el desempeño de la función de Jurado.
  • CAUSAS DE PROHIBICIÓN PARA SER JURADO (articulo 11 de la LOTJ)
  1. Sea acusador particular o privado, actor civil, acusado o tercero responsable civil.
  2. Mantenga con quien sea parte alguna de las relaciones a que se refiere el artículo 219, en sus apartados 1 al 8, de la Ley Orgánica del Poder Judicial que determinan el deber de abstención de los Jueces y Magistrados.
  3. Tenga con el Magistrado-Presidente del Tribunal, miembro del Ministerio Fiscal o Secretario Judicial que intervenga en la causa o con los abogados o procuradores el vínculo de parentesco o relación a que se refieren los apartados 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 11 del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
  4. Haya intervenido en la causa como testigo, perito, fiador o intérprete.
  5. Tenga interés directo o indirecto en la causa.
  • CAUSAS DE EXCUSA PARA ACTUAR COMO JURADO (artículo 12 de la LOTJ)
  1. Los mayores de sesenta y cinco años.
  2. Los que hayan desempeñado efectivamente funciones de jurado dentro de los cuatro años precedentes al día de la nueva designación.
  3. Los que sufran grave trastorno por razón de cargas familiares.
  4. Los que desempeñen trabajo de relevante interés general, cuya sustitución originaría importantes perjuicios al mismo.
  5. Los que tengan su residencia en el extranjero.
  6. Los militares profesionales en activo cuando concurran razones de servicio.
  7. Los que aleguen y acrediten suficientemente cualquier otra causa que les dificulte de forma grave el desempeño de la función de jurado.
  • DELITOS QUE COMPETEN AL TRIBUNAL DEL JURADO

El Tribunal del Jurado es competente para su conocimiento y fallo en aquellas causas seguidas por los siguientes delitos:

  1. homicidio
  2. amenazas
  3. omisión del deber de socorro
  4. allanamiento de morada
  5. incendios forestales
  6. infidelidad en la custodia de documentos
  7. cohecho
  8. tráfico de influencias
  9. malversación de caudales públicos
  10. fraudes y exacciones ilegales
  11. negociaciones prohibidas a funcionarios
  12. infidelidad en la custodia de presos.
  • DERECHOS Y DEBERES DE LOS JURADOS

La participación directa en la Administración de Justicia ejerciendo la función de jurado es, en sí misma, un derecho de los ciudadanos que cumplen los requisitos que la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado establece. El ejercicio de esta participación conlleva el derecho de ser retribuido por su actuación e indemnizado por los gastos que dicha actividad pudiera ocasionarle, según se desarrolla en el Real Decreto 385/1996, de 1 de marzo (Boletín Oficial del Estado núm. 64, de 14 de marzo).

Asimismo, el desempeño de la función de jurado da derecho a ausentarse del trabajo al considerarse un deber.

  • ¿CASOS MEDIÁTICOS TRATADOS POR EL TRIBUNAL DEL JURADO?

Caso Dolores Vázquez: “No hay perdón para Dolores Vázquez” // Dolores Vázquez: ‘Todavía estoy esperando que me pidan perdón’

– ‘Los Trajes de Camps‘: Camps, ¿culpable o inocente? Un jurado popular tiene la última palabra // El Supremo respalda la absolución del jurado a Camps en el caso de los trajes

Ruth y José BretónSiete mujeres y cuatro hombres en el tribunal popular que juzgará a Bretón // El Jurado declara culpable a José Bretón

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(Foto: RTVE.es)

Hay numerosos estudios hechos sobre la influencia de las características personales de los miembros de un jurado y su influencia sobre los veredictos.  Me refiero a cuestiones como el sexo, el nivel educativo o el tipo de delito.

En cuanto al sexo, en general se ha encontrado que las mujeres son más benevolentes que los hombres, aunque, por regla general, se cree que tanto mujeres como varones se muestran más benévolos con acusados de su mismo sexo. En cuanto al nivel educativo, se cree que un mayor nivel educativo propicia un mayor acierto en el veredicto, no dejándose influir por circunstancias externas, aunque no existen estudios concluyentes al respecto. Por otro lado, y acudiendo al tipo de delito, la cosa cambia, toda vez que, por ejemplo, en el caso de una violación, la mujer suele ser mucho más estricta en el castigo que un varón.

Y es aquí el objetivo de esta pequeña disertación. A la vista de la lista de delitos expuestas anteriormente, se observa como son casos de una gran relevancia social. Medios de comunicación toman la iniciativa en estos procesos, con noticias, rumores o comentarios infundados que coartan la toma de decisión de aquellas personas que serán designadas para formar parte del Tribunal del Jurado. Quizás, el problema radica en la escasa aplicación del denominado “secreto de sumario”, que permite un conocimiento casi integro de elementos que fundan una falsa capacidad de opinión en los destinatarios de las noticias. Y ello, puede suponer, en no pocas ocasiones, un veredicto erróneo, con todas las consecuencias negativas en la vida de los ciudadanos que esta circunstancia provoca.

Y es precisamente esa contaminación mediática la que pone en riesgo la viabilidad del Tribunal del Jurado como medio de impartir Justicia.

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