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Derecho Penal

La actualidad está revolucionada por el denominado ‘caso Asunta’. La muerte de Asunta Basterra en extrañas circunstancias y los interrogantes sobre la intervención o no de sus padres han culminado, tras dos años de instrucción, en la apertura de un juicio oral ante Tribunal del Jurado en el que los medios de comunicación han posado sus focos de la actualidad. Un Tribunal del Jurado es la máxima expresión de la intervención de la ciudadanía ante la función de “ejecutar y hacer ejecutar lo Juzgado” que proclama la Constitución Española. Pero… ¿Que es el Tribunal del Jurado?

Artículo 125

“Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine…”

El Tribunal del Jurado es una Institución de la Administración de Justicia que introduce la participación ciudadana en el enjuiciamiento de determinados delitos. Compuesto por 9 jurados, con 2 suplentes, la principal nota de su funcionamiento es que se trata de un deber inexcusable de carácter público y personal.

No cualquier persona forma parte (o puede formar parte) sino que para integrarse en él es necesario cubrir una serie de requisitos que tienen como objetivo plasmar como nota fundamental la imparcialidad.

De acuerdo precisamente a la Ley Orgánica 5/1995 del Tribunal del Jurado, que lo regula, el magistrado instructor ha comunicado hoy a las partes esa decisión, fundamentada en el apartado 1.a) del Artículo 1 (Competencia del Tribunal del Jurado):

“…tendrá competencia para el enjuiciamiento de los delitos atribuidos a su conocimiento y fallo por esta u otra Ley respecto de los contenidos en las siguientes rúibricas:

a) Delitos contra la vida humana…”

Y en el apartado 2 del mismo artículo 1, especifica que “el Tribunal del Jurado será competente para el conocimiento y fallo de las causas por los delitos tipificados en los siguientes preceptos del Código Penal: a) Artículos 405 a 410 , ambos inclusive (homicidios e infanticidios)…”

Es precisamente la competencia atribuida a estos procedimientos la que determina que sean los más mediáticos los por él enjuiciados.  No sólo la muerte de Asunta, también el declarado asesinato de los hijos de Jose Bretón han asaltado las portadas de nuestros periódicos o las entradas de nuestros informativos. Justo este hecho, la creación de estos denominados “juicios paralelos”, es el principal argumento de sus detractores, toda vez que es prácticamente imposible que el ciudadano medio no conozca los hechos antes de su enjuiciamiento. Ríos de tinta corrieron y las desafortunadas palabras del Instructor encendieron, todavía más, la llama del morbo.

.- ¿Cómo anticipó el legislador esta cuestión?

La ley prevé un proceso de selección bastante riguroso que, participado por los abogados de ambas partes, trata de evitar suspicacias sobre la actuación de los miembros del Tribunal. El legislador, en la exposición de motivos del la Ley del Tribunal Jurado, ya se preocupó de la imparcialidad del jurado al explicar que “…la Ley prevé la posible recusación por las partes presentes en el inicio de las sesiones. El fundamento de la recusación admitida, incluso sin alegación de causa por el recusante, no es otro que el de lograr, no ya la imparcialidad de los llamados a juzgar, sino que tal imparcialidad se presente como real ante los que acuden a instar la Justicia. Pero tal ideal, que exigiría la inexistencia de límites en la recusación, ha de conciliarse con las exigencias de que la Institución no se vea frustrada en su funcionamiento efectivo.”

Ahí es donde radica la función del Tribunal del Jurado. La función de los abogados es neutralizar los indicios de criminalidad de sus clientes que han llevado al Juez instructor, a acusar de un determinado delito y olvidarse de todo lo que se habla, se habló y se hablará.

Casos como el de José Bretón, como la muerte de Asunta Basterra, determinan la dificultad de todos estos extremos. Por ello, lejos de ratificar el desarrollo mediático de estos “juicios paralelos”, el procedimiento ha de seguir las reglas generales de toda causa penal, con las salvedades  procedimentales ya expuestas.

Es esta delgada línea roja donde radica el funcionamiento y el motivo de esta institución.

El Auto de Cuantía Máxima se puede configurar como aquella resolución por la que, el Juez penal, absteniéndose de e pronunciarse sobre responsabilidades civiles, se limita a la fijación de la cantidad máxima susceptible de ser reclamada al amparo de la cobertura del seguro obligatorio derivada del uso y circulación de vehículos de motor.

Así definido, el auto de cuantía máxima se define como un título judicial con las siguientes especialidades:

* No aparece ubicado junto al resto de títulos judiciales (art. 517.2.1º a 3º).

* El deudor no queda determinado en el título, cuando menos en la determinación de las partes del proceso conforme al art. 538.2.1º LEC, sino que en el título pueden establecerse los posibles deudores, cuya responsabilidad habrá de determinarse en el propio proceso de ejecución.

* No le es aplicable el plazo de caducidad de la acción ejecutiva del art. 518 LEC

.- ¿En que casos cabe dictar el Auto de Cuantía Máxima?

Artículo 13 RDL 8/2004

Diligencias en el proceso penal preparatorias de la ejecución

Cuando en un proceso penal, incoado por hecho cubierto por el seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria en la circulación de vehículos de motor, se declare la rebeldía del acusado, o recayera sentencia absolutoria u otra resolución que le ponga fin, provisional o definitivamente, sin declaración de responsabilidad, si el perjudicado no hubiera renunciado a la acción civil ni la hubiera reservado para ejercitarla separadamente, antes de acordar el archivo de la causa, el juez o tribunal que hubiera conocido de ésta dictará auto, en el que se determinará la cantidad líquida máxima que puede reclamarse como indemnización de los daños y perjuicios sufridos por cada perjudicado, amparados por dicho seguro de suscripción obligatoria y según la valoración que corresponda con arreglo al sistema de valoración del anexo de esta Ley. El auto referido se dictará a la vista de la oferta motivada o de la respuesta motivada del asegurador o del Consorcio de Compensación de Seguros, y contendrá la descripción del hecho, la indicación de las personas y vehículos que intervinieron y de los aseguradores de cada uno de éstos.

a) Hecho de la circulación cubierto por el seguro obligatorio en la circulación de vehículos

Hechos de la circulación son los derivados del riesgo creado por la conducción de los vehículos a motor a que se refiere el artículo anterior, tanto por garajes y aparcamientos como por vías o terrenos públicos y privados aptos para la circulación, urbanos o interurbanos, así como por vías o terrenos que sin tener tal aptitud sean de uso común (art. 2.1 RD 1507/2008)

b) Existencia de un proceso penal al que se le pone fin sin declaración de responsabilidad penal

c) Finalización del procedimiento penal sin renuncia ni reserva de la acción civil

 La determinación de la cuantía máxima a la que ascenderá la responsabilidad civil se hará aplicando el Anexo del RDL 8/2004, de 29 de octubre, en el que se establece el sistema legal y tasado de indemnización a favor de los perjudicados (“la ley del baremos”) procediendo la aplicación de dicho baremo a fecha del accidente en cuanto a la definición de las secuelas y el de la fecha de alta médica en cuanto a la determinación de la cuantía que pudiera corresponder por cada uno de los conceptos indemnizables, todo ello conforme consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Fuente.El auto de cuantía máxima. Cuestiones prácticas en la creación del título

JAVIER ABELLA LÓPEZ

“la justicia es igual para todos”

Esta renombrada frase, con base en el artículo 14 de la Constitución que proclama la igualdad para y ante la Ley de todos los españoles, pronunciada por SM el Rey D, Juan Carlos (todavía Rey), no deja de ser una suerte de declaración de intenciones, toda vez que no sólo la Constitución Española, sino que también las leyes que de ella derivan, vienen a manifestar excepciones a la regla general del deber de todo ciudadano de acudir ante los órganos jurisdiccionales cuando sean citados para ello.

Me refiero a los diferentes privilegios judiciales que ostentan ciudadanos españoles por el mero hecho del cargo político que ocupan. Pienso en tres supuestos típicos, muy de actualidad, tales como: 1) la inviolabilidad del Rey; 2) el aforamiento de determinados cargos políticos y 3) la posibilidad de responder preguntas por escrito.

1) la inviolabilidad del Rey.

El Rey, como Jefe del Estado, es inviolable e irresponsable, esto es, carece de responsabilidad penal o política en el ejercicio de sus funciones. Así lo establece el artículo 56 de la Constitución Española:

La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2.

La inviolabilidad tiene un significado más amplio que el de la irresponsabilidad, con el que se pretende subrayar la alta dignidad que corresponde al Monarca como Jefe del Estado. Como tal, se proyecta en otras normas, de carácter penal o internacional, que atribuyen una especial protección a la persona del Rey. A lo que se añade un status especial de inmunidad en virtud del cual el Rey se sitúa por encima del debate político y al margen de los Tribunales de Justicia.

2) el aforamiento de determinados cargos políticos.

De acuerdo con las normativas legales existentes en nuestro sistema político, existen determinadas personas (hay quien calcula que cerca de doscientas cincuenta mil (250.000)) que, para que comparezcan ante los Tribunales de Justicia, es necesario cumplir determinados requisitos legales, tanto de fondo como de forma procesal.

La Constitución de 1978 faculta con este privilegio al Presidente del Gobierno, a los Integrantes de su Gobierno, a los diputados y a los senadores. No obstante, a partir de la elaboración de las diferentes Leyes Organicas que se dictó para su desarrollo, en materias de su competencia, se extendió este privilegio a magistrados del Tribunal Constitucional, fiscales, miembros del Tribunal de Cuentas, miembros del Consejo General del Poder Judicial, diputados regionales, fiscales superiores o defensores del Pueblo,

   ** ¿Cómo se manifiesta este aforamiento en la práctica Judicial?

La manifestación práctica depende del cargo que ostente la persona afectada. De este modo, para los miembros del Gobierno (incluyendo el Presidente), diputados y senadores, la Constitución establece como órgano competente al Tribunal Supremo, cúspide de nuestra pirámide judicial, alterando, con ello, la competencia territorial y funcional prevista por la legislación ordinaria.

En el peculiar caso de los miembros de las Cortes Generales, el proceso a seguir se denomina bajo la rúbrica de suplicatorio, por el que la Cámara a la que pertenezca deberá dar, o no, su aceptación, atendiendo a una somera labor investigadora que viene a ser una suerte de primer juicio, de carácter público, al teórico responsable (el órgano competente en caso de parlamentarios autonómicos será el Tribunal Superior de Justicia de esa Comunidad Autónoma).

Para el resto de cargos, deberá acudirse a la Ley que establezca tal aforamiento para determinar cual será el órgano competente y como será el procedimiento destinado a romper tal situación de aforamiento.

3) la declaración por escrito, o la no obligación de declarar.

El capitulo V de la Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge la obligación de todos los españoles de declarar cuanto conocimiento se tenga sobre un hecho sobre el que el le pregunte el Juez. No obstante, El Rey, la Reina, sus respectivos consortes, el Príncipe Heredero y los Regentes del Reino, así como los cargos diplómaticos acreditados en España, son los únicos exentos de tal obligación

Esta excepción, que no incluye a todos los cargos públicos, si que tiene el privilegio en el modo o la forma de presentar tal declaración. El artículo 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite responder por escrito a los siguientes cargos públicos:

—El Presidente y los demás miembros del Gobierno.
—Los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado.
—El Presidente del Tribunal Constitucional (TC)
—El Presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
—El Fiscal General del Estado.
—Los Presidentes de las Comunidades Autónomas.

Una excepción que incluso llega a momentos posteriores al cese en el ejercicio de estos cargos, toda vez que se sigue manteniendo, como opción, el responder por escrito a las respuestas de un Juez

Fuera de estos supuestos, paradigmáticos donde los haya, se puede incluir un cuarto privilegio, el ahorrarse el “paseíllo” al Juzgado, esto es, poder declarar en su despacho oficial en la Sede del órgano del que sean miembros. Podrán utilizar tal excepción:

— Los Diputados y Senadores
— Los Magistrados del TC y los Vocales del CGPJ
— Los Fiscales de Sala del Tribunal Supremo
— El Defensor del Pueblo
— Las Autoridades Judiciales de cualquier orden jurisdiccional de categoría superior a la del que recibiere la declaración
— Los Presidentes de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas
— El Presidente y los Consejeros Permanentes del Consejo de Estado
— El Presidente y los Consejeros del Tribunal de Cuentas
— Los miembros de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas
— Los Secretarios de Estado, los Subsecretarios y asimilados, los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y en Ceuta y Melilla, los Gobernadores civiles y los Delegados de Hacienda

Fuente:

1.- ABC.es (‘El privilegio de declarar por escrito’)

2.- Congreso.es (‘Sinopsis artículo 56)

“Los dueños de una vivienda ocupada hace seis meses la recuperan destrozada”

Este titular, extraído de la versión digital de “El Progreso” de Lugo, obtuvo esta semana más repercusión mediática de la que suele tener esta realidad social. Sin duda, el hecho de que los ocupantes se hubiesen trasladado a las inmediaciones del inmueble y los daños asciendan a varios miles de €uros aumentaron la gravedad de un hecho que, actualmente, es muy común en ciudades y pueblos con edificios y/o viviendas abandonadas. Pero… ¿Que debe hacer un propietario de una vivienda ocupada sin su consentimiento? ¿Puede acudir a los Juzgados para lograr la reparación de esta situación?

El problema radica en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no pueden intervenir, salvo caso de flagrante delito, sin una autorización judicial que les autorice a ello. El propietario tiene dos opciones para recuperar la posesión de su bien; iniciar la vía civil e interponer una demanda de desahucio por precario, o bien iniciar la vía penal, en caso de encontrarnos ante un presunto delito de usurpación.

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

El artículo 47 de la Constitución, dentro de los llamados principios rectores de la política social y económica no ampara, el movimiento ocupa. Este movimiento entra en colisión con el artículo 33 del texto constitucional el cual proclama el derecho a la propiedad privada, calificada, según su ubicación, como un derecho de los ciudadanos y dotado de una mayor protección normativa.

1.- EL DESAHUCIO POR PRECARIO

El precario inicialmente tenía como base el consentimiento inicial del propietario. El ejemplo paradigmático era aquel en el que el propietario de un inmueble cedía el disfrute de éste sin que medie renta alguna hasta que el propio dueño lo permitiera.

Actualmente, la tendencia jurisprudencial ha ido ampliando este concepto hasta abarcar aquellas posesiones no toleradas o producidas mediante fuerza en las cosas. Por lo tanto, el elemento esencial es la inexistencia de contraprestación o renta.

Artículo 250 Ámbito del juicio verbal

1. Se decidirán en juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía, las demandas siguientes:

2.º Las que pretendan la recuperación de la plena posesión de una finca rústica o urbana, cedida en precario, por el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer dicha finca.

El artículo 250.1.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil clasifica como competencia por juicio verbal el llamado “desahucio por precario”. Parte de la base, fundamental en nuestro derecho, de proteger la posesión por encima de la propiedad, pero dotando al propietario, o persona con derecho a poseer, de un procedimiento sumario para su enjuiciamiento. Para que la acción tenga éxito, es necesario que sea iniciada por quien tiene el derecho a disfrutarla, bien a titulo de dueño o usufructuario, y además que quien ocupa el inmueble lo haga sin título alguno.

En caso de éxito, se fijará día y hora para el oportuno lanzamiento, en caso de no abandono voluntario de la propiedad.

2.- EL DELITO DE USURPACIÓN

Según el artículo 245.2 del Código Penal, el delito de usurpación goza de un elemento positivo, la ajena pertenencia, y un elemento negativo, que el inmueble ocupado no constituya morada.

Artículo 245

2. El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses.

Es precisamente el hecho que sea sobre el inmueble que no constituya morada el que marca la razón de ser de este delito, que tiene como elementos:

1) una ocupación con cierta vocación de permanencia

2) que se realice sin título jurídico alguno que legitime la posesión

3) que el titular esté en contra de esa ocupación

4) que el ocupante conozca la ajenidad del inmueble.

No obstante, no toda ocupación es merecedora de reproche penal. El principio de “ultima ratio” de intervención penal limita su ejercicio a aquellas ocupaciones que signifiquen un riesgo claro al derecho al legitimado para su uso o disfrute. Por ello, la acción civil se considera prevalente sobre la penal, limitada ésta a actos especialmente sensibles.

 

.- Supuestos controvertidos:

Daños ocupas

(Foto: Xesús Ponte | El Progreso)

¿Se pueden dar de baja los suministros del inmueble? Siendo puristas, lejos de la creencia general, NO SE PUEDEN DAR DE BAJA LOS SUMINISTROS DEL INMUEBLE, puesto que no existe resolución judicial que acredite la falta de consentimiento de la ocupación. Reitero que el derecho protege la posesión como hecho, por lo que un corte puede suponer una falta de coacciones, entendidas éstas según el concepto del artículo 172 del Código Penal:

El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto…

¿Se pueden reclamar los daños sufridos en la propiedad? El propietario, o persona con derecho, esta legitimado a reclamar ante el órgano judicial los daños sufridos en su vivienda, dependiendo el procedimiento de la vía elegida.

 

 

 

En unas fechas marcadas por la comparecencia, en calidad de imputada, de SAR Dª. Cristina de Borbón, son constantes las anotaciones por las cuales se estima que será la Doctrina Botín la que posibilite la no responsabilidad penal de la hija del Jefe del Estado. Ahora bien…  ¿Que es la Doctrina Botín?

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E Botín, presidente del Banco Santander (Foto: Wikipedia)

La doctrina Botín se articuló en el año 2007 por parte del Tribunal Supremo en un caso en el que era parte interesada el actual presidente del Banco Santander, Emilio Botín. Fue en el caso de las llamadas cesiones de crédito, y fue a partir de un pronunciamiento clave del Alto Tribunal. En los delitos como el de blanqueo de capitales, la prevaricación, el perjudicado por el delito es el Estado, siendo sus representantes los  Abogados del Estado. Preceptiva, además, es la intervención del Ministerio Fiscal.

Esto lo que conlleva es que sean ellos los que deban llevar la iniciativa en la acusación del delito, según la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Si ellos desisten de la acción, la acusación popular carece de sentido.

Este es el caballo de batalla, un hipotético desistimiento por parte de los perjudicados del delito. En el concreto ‘Caso Noos’, nos encontramos con dos acusadores ‘ajenos’, dos asociaciones que ejercen esa facultad de colaborar en la persecución de los delitos creada a partir de la Constitucion de 1812. ‘Manos Limpias’ y ‘Fundación Cívica’ se personaron como acusación particular, y, como tal, estuvieron presentes en la declaración de Dª. Cristina de Borbon. Por otra parte, aparece, como perjudicada, la Abogacía del Estado y, como defensor de la legalidad, el Ministerio Fiscal. ¿Que pasará si la Abogacía y el Fiscal entiende que SAR no es culpable del delito que se le imputa?

Considera el Tribunal Supremo que la acusación debe estar limitada en cuanto a su alcance, extensión y contenido. Pero no con carácter absoluto, pues poco después la cúspide de nuestro sistema judicial retocó la ‘Doctrina Botín’ para condenar al que fue presidente del Parlamento Vaso JM Atutxa por no disolver el grupo parlamentario abertzale SA. En este caso, admitió la acusación popular, en solitario, cuando el delito afecte a “intereses colectivos” o si no se han personado los perjudicados directos.

Ahora bien, desde 1998 el Ministerio Fiscal ha pedido el sobreseimiento en supuestos similares en catorce ocasiones, al igual que la Abogacía del Estado -representante de la Agencia Tributaria-, que lo hizo en siete ocasiones.

Tres días hace ya desde que la llamada ‘Doctrina Parot‘ fue declarada contraria a los derechos humanos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo.

¿Antecedentes?

La llamada ‘doctrina Parot’ es aquella idea establecida por el Tribunal Supremo en 2006 para evitar que aquellos terroristas y delincuentes comunes condenados conforme el Código Penal de 1973 por atentados y delitos cometidos entre 1977 y 1995 pudieran salir de prisión antes de cumplir la pena máxima de 30 años gracias a los beneficios penitenciarios.

Estrasburgo condenó a España por su aplicación retroactiva a la presa etarra Inés del Río mediante sentencia en julio de 2012 por vulnerar el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El gobierno recurrió la sentencia y defendió la ‘doctrina Parot’ el pasado mes de marzo ante el tribunal, que ahora se ha pronunciado reafirmando su decisión anterior.

¿Que implicaciones conlleva esta Sentencia?

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Sede del TEDH, en Estrasburgo (Francia) | Foto: ElMundo.es

1.- ¿Que es la ‘Doctrina Parot’? Es un criterio sobre aplicación de beneficios penitenciarios. Cuando alguien resulta condenado a penas por encima del máximo previsto en la ley, esos beneficios pueden aplicarse sobre el total de penas o sobre el máximo que debe cumplirse legalmente. Esta es la opción que tomó el legislador español en 2006, que aplica los beneficios penitenciarios sobre la condena total y no sobre el máximo legal previsto en la legislación penal (30 años).

2.- Esta Doctrina lleva el nombre de un condenado, Parot, cuya Sentencia del Triibunal Supremo, en el año 2006, provocó un antes y un después en la legislación antiterrorista española. De hecho se configuró como una idea ad hoc, destinada a cambiar la interpretación de la ley sobre supuestos ya ocurridos.

3.- Respondió a la prematura salida de aquellos condenados que, con causa en los beneficios penitenciarios, salían a los 20 años de prisión, muy lejos del máximo legal previsto en 30.

4.- La resolución del TEDH no se pronuncia sobre la legalidad o ilegalidad del cómputo de las penas en la reforma penal de 2003, sino que viene a ratificar la vigencia plena de un principio básico del Derecho Penal: ‘No hay pena sin ley

Artículo 2.1 CP 1995

No será castigado ningún delito ni falta con pena que no se halle prevista por Ley anterior a su perpetración.

5.- Este principio tiene su significado en proporcionar a la sociedad en su conjunto, y al ciudadano en particular,  la necesaria seguridad jurídica para la pacífica vida en comunidad, al permitir saber que actos son delitos y cual es la pena que a ellos les corresponde.

6.- Por lo expuesto en el punto anterior, cualquier cambio en el cómputo del cumplimiento de las penas implica un cambio en la condena. Esta regla de cálculo, conocida al nombre de ‘doctrina Parot’, se extendió a delitos cometidos antes del nuevo Código Penal de 2003, es decir, a delitos ya cometidos y enjuiciados por los Juzgados y Tribunales competentes.

7.- El Convenio Europeo de Derechos Humanos, del que España forma parte por el hecho de ser miembro de la Unión Europea, prohíbe expresamente, en su artículo 5.1, la aplicación retroactiva de la ley penal más gravosa.

8.- Por ello, no es cierto que el TEDH esté en contra de la aplicación de esta regla sobre el total de condenas, sino de lo que está en contra es de que este cambio se aplique retroactivamente, es decir, a delitos cometidos con anterioridad a la ley.

¿La Doctrina Parot y los DDHH?

“todo ser humano tiene determinados derechos por el sólo hecho de ser humano”

No me imagino parte de un Estado, que se califica de Derecho, cuya convicción democrática cediera ante un criminal, negando aquellos derechos inherentes a la condición de persona, los cuales ostentamos todos nosotros por el mero hecho de serlo. Sería en ese momento cuando nos habríamos retraído a su mismo nivel.

Cierto es que la idea de Justicia se tiende a reducir a una perspectiva individual, olvidándose del carácter social que le da el hecho de ser impartida por uno de los tres poderes del Estado. Es normal que las víctimas se sientan agraviadas por esa sensación de ver como ciertos delitos pueden quedar impunes, pero esta percepción no deja de ser individual.

Por supuesto que las víctimas deben ser oídas, resarcidas, defendidas y reivindicadas, pero la Sociedad en su conjunto debe perseguir la paz social, nunca la venganza, con pleno respeto a los derechos humanos de todos y cada uno de sus miembros. Y este es el papel del legislador y, por supuesto, del juez.

Y son precisamente, legislador y juez quienes deben velar por la calidad democrática de nuestra sociedad. Los medios de comunicación optaron por desinformar al ciudadano, atizando los instintos más básicos de venganza.

Se vende la sentencia del TEDH como un apoyo a los delincuentes una ayuda a los terroristas, cuando, en realidad, su pronunciamiento reafirmó nuestros derechos y libertades fundamentales, algo básico perteneciente a nuestra condición como ciudadano. Y ese es el motivo por el cual creo firmemente que el Estado debe cumplir esa Sentencia en el menor plazo de tiempo posible. Seremos un país respetado en el contexto internacional y, quizás lo más importante, creceremos como ciudadanos.

 

Casos como el de Asunta Basterra hacen aflorar a la luz una institución aparentemente olvidada por la Sociedad, pero que goza de una mayor importancia y relevancia penal que la que la práctica jurídica quiere darle.

Me refiero al Tribunal del Jurado. Un Tribunal compuesto por ciudadanos “legos en Derecho” y que tiene como razón de ser garantizar la papel de la soberanía popular a la hora de repartir justicia.

La Constitución Española recoge el Tribunal del Jurado en su artículo 125 cuando proclama que:

«Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine,…»

El artículo 125 de nuestra Carta Magna remite la composición, funcionamiento y requisitos a una Ley, de carácter Orgánica, que vio luz el 22 de mayo de 1995 con la aprobación de lo que fue la Ley Orgánica 5/1995, del Tribunal del Jurado, LOTJ (Boletín Oficial del Estado núm. 122, de 23 de mayo).

Con esta Ley se posibilita a los ciudadanos que reúnan los requisitos necesarios el participar directamente en los asuntos públicos administrando Justicia.

  • Requisitos para ser Jurado (artículo 8 de la LOTJ):
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(Foto: ABC.es)

  1. Ser español mayor de edad.
  2. Encontrarse en el pleno ejercicio de sus derechos políticos.
  3. Saber leer y escribir.
  4. Ser vecino, al tiempo de la designación, de cualquiera de los municipios de la provincia en el que se hubiere cometido el delito.
  5. No estar impedido física, psíquica o sensorialmente para el desempeño de la función de Jurado.
  • CAUSAS DE PROHIBICIÓN PARA SER JURADO (articulo 11 de la LOTJ)
  1. Sea acusador particular o privado, actor civil, acusado o tercero responsable civil.
  2. Mantenga con quien sea parte alguna de las relaciones a que se refiere el artículo 219, en sus apartados 1 al 8, de la Ley Orgánica del Poder Judicial que determinan el deber de abstención de los Jueces y Magistrados.
  3. Tenga con el Magistrado-Presidente del Tribunal, miembro del Ministerio Fiscal o Secretario Judicial que intervenga en la causa o con los abogados o procuradores el vínculo de parentesco o relación a que se refieren los apartados 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 11 del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
  4. Haya intervenido en la causa como testigo, perito, fiador o intérprete.
  5. Tenga interés directo o indirecto en la causa.
  • CAUSAS DE EXCUSA PARA ACTUAR COMO JURADO (artículo 12 de la LOTJ)
  1. Los mayores de sesenta y cinco años.
  2. Los que hayan desempeñado efectivamente funciones de jurado dentro de los cuatro años precedentes al día de la nueva designación.
  3. Los que sufran grave trastorno por razón de cargas familiares.
  4. Los que desempeñen trabajo de relevante interés general, cuya sustitución originaría importantes perjuicios al mismo.
  5. Los que tengan su residencia en el extranjero.
  6. Los militares profesionales en activo cuando concurran razones de servicio.
  7. Los que aleguen y acrediten suficientemente cualquier otra causa que les dificulte de forma grave el desempeño de la función de jurado.
  • DELITOS QUE COMPETEN AL TRIBUNAL DEL JURADO

El Tribunal del Jurado es competente para su conocimiento y fallo en aquellas causas seguidas por los siguientes delitos:

  1. homicidio
  2. amenazas
  3. omisión del deber de socorro
  4. allanamiento de morada
  5. incendios forestales
  6. infidelidad en la custodia de documentos
  7. cohecho
  8. tráfico de influencias
  9. malversación de caudales públicos
  10. fraudes y exacciones ilegales
  11. negociaciones prohibidas a funcionarios
  12. infidelidad en la custodia de presos.
  • DERECHOS Y DEBERES DE LOS JURADOS

La participación directa en la Administración de Justicia ejerciendo la función de jurado es, en sí misma, un derecho de los ciudadanos que cumplen los requisitos que la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado establece. El ejercicio de esta participación conlleva el derecho de ser retribuido por su actuación e indemnizado por los gastos que dicha actividad pudiera ocasionarle, según se desarrolla en el Real Decreto 385/1996, de 1 de marzo (Boletín Oficial del Estado núm. 64, de 14 de marzo).

Asimismo, el desempeño de la función de jurado da derecho a ausentarse del trabajo al considerarse un deber.

  • ¿CASOS MEDIÁTICOS TRATADOS POR EL TRIBUNAL DEL JURADO?

Caso Dolores Vázquez: “No hay perdón para Dolores Vázquez” // Dolores Vázquez: ‘Todavía estoy esperando que me pidan perdón’

– ‘Los Trajes de Camps‘: Camps, ¿culpable o inocente? Un jurado popular tiene la última palabra // El Supremo respalda la absolución del jurado a Camps en el caso de los trajes

Ruth y José BretónSiete mujeres y cuatro hombres en el tribunal popular que juzgará a Bretón // El Jurado declara culpable a José Bretón

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(Foto: RTVE.es)

Hay numerosos estudios hechos sobre la influencia de las características personales de los miembros de un jurado y su influencia sobre los veredictos.  Me refiero a cuestiones como el sexo, el nivel educativo o el tipo de delito.

En cuanto al sexo, en general se ha encontrado que las mujeres son más benevolentes que los hombres, aunque, por regla general, se cree que tanto mujeres como varones se muestran más benévolos con acusados de su mismo sexo. En cuanto al nivel educativo, se cree que un mayor nivel educativo propicia un mayor acierto en el veredicto, no dejándose influir por circunstancias externas, aunque no existen estudios concluyentes al respecto. Por otro lado, y acudiendo al tipo de delito, la cosa cambia, toda vez que, por ejemplo, en el caso de una violación, la mujer suele ser mucho más estricta en el castigo que un varón.

Y es aquí el objetivo de esta pequeña disertación. A la vista de la lista de delitos expuestas anteriormente, se observa como son casos de una gran relevancia social. Medios de comunicación toman la iniciativa en estos procesos, con noticias, rumores o comentarios infundados que coartan la toma de decisión de aquellas personas que serán designadas para formar parte del Tribunal del Jurado. Quizás, el problema radica en la escasa aplicación del denominado “secreto de sumario”, que permite un conocimiento casi integro de elementos que fundan una falsa capacidad de opinión en los destinatarios de las noticias. Y ello, puede suponer, en no pocas ocasiones, un veredicto erróneo, con todas las consecuencias negativas en la vida de los ciudadanos que esta circunstancia provoca.

Y es precisamente esa contaminación mediática la que pone en riesgo la viabilidad del Tribunal del Jurado como medio de impartir Justicia.

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EL DERECHO Y LA FAMILIA.

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Verónica Montero Pérez

ABOGADA - MEDIADORA

Las Partidas

Justicia para las personas