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Derecho Procesal

“A demanda a B. La demanda es presentada el 15 de noviembre del año X, pero B había fallecido el 15 de julio de ese año. El fallecimiento de B… ¿Qué implicaciones tiene respecto a la pendencia del proceso que se quiere iniciar iniciado?
Esta cuestión entra en contradicción directa no sólo con la legislación procesal, que debe regir el desarrollo del proceso, sino incluso con la legislación civil. Dice el artículo 6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que tendrá capacidad para ser parte “las personas físicas”. Resulta evidente, pues, que una persona fallecida carece de personalidad y de capacidad para ser parte en un declarativo ordinario.
Se trata, pues, de una cuestión de orden público, lo que determina que su falta (art. 9. L.E.C.) sea apreciable de oficio en cualquier momento procesal.
Expuesto cuanto antecede, lo cierto es que quien suscribe entiende que no cabe la subsanación posibilitada por el artículo 231 de la L.E.C., toda vez que la misma se refiere, únicamente, a aquellos “defectos en que incurran los actos procesales de las partes”, debiéndose entender por estos defectos aquellas faltas formales o materiales, nunca procedimentales o de fondo, en los que pudiese incurrir cualquiera de las partes en un acto procesal.
Esta caracterización conllevaría, en consecuencia, la imposibilidad de proceder a solicitar la sucesión procesal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 16 de la L.E.C., puesto que la misma trae como causa el fallecimiento de quien ha sido parte en el proceso. Si no eras parte en el momento en que se estableció la relación procesal, y como se ha justificado anteriormente, un fallecido no puede adquirir tal condición, no existe posibilidad alguna de transmitir lo que la ley llama como “el objeto del juicio”.
Así se pronunció, entre otras, la Sentencia núm. 231/2007 de 15 mayo de la Sección 5ª, Audiencia Provincial de A Coruña:
“La capacidad para ser parte, regulada en el art. 6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil e identificada tradicionalmente con la personalidad jurídica civil, constituye un presupuesto procesal, de carácter absoluto e insubsanable, del que depende la válida constitución de la relación jurídica procesal, cuya naturaleza de orden público determina que su falta sea apreciable de oficio en cualquier momento procesal (S TS 23 septiembre 2002), como así lo dispone expresamente el art. 9 de la LEC , de modo que en absoluto cabe excluir su apreciación en la sentencia, por más que lo deseable sea que el control de la falta de capacidad de las partes se ejerza con anterioridad, en el trámite de admisión de la demanda, en la audiencia previa al juicio ordinario (art. 416.1-1ª y 418.2 LEC ), o en la vista del juicio verbal (art. 443.2 LEC ). Esta decisión debe determinar la desestimación de la demanda, al tratarse de un defecto insubsanable que hace inútil cualquier pronunciamiento de nulidad para proceder a su subsanación en la audiencia previa (art. 418 LEC)”
Incluso, para el caso de ser el hecho del fallecimiento notorio, podría ser de aplicación, dependiendo del Órgano Jurisdiccional, el artículo 247.3 de la L.E.C., esto es, la violación de las reglas de la buena fe procesal.
“3. Si los Tribunales estimaren que alguna de las partes ha actuado conculcando las reglas de la buena fe procesal, podrán imponerle, en pieza separada, mediante acuerdo motivado, y respetando el principio de proporcionalidad, una multa que podrá oscilar de ciento ochenta a seis mil euros, sin que en ningún caso pueda superar la tercera parte de la cuantía del litigio.”

La prueba pericial viene regulada en el artículo 335.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil del siguiente modo:

Cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, las partes podrán aportar al proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos correspondientes o solicitar, en los casos previstos en esta ley, que se emita dictamen por perito designado por el tribunal.

En virtud del artículo anteriormente transcrito, se ha desarrollado una gran teoría en torno a la denominada “prueba pericial”, es decir, aquella prueba manifestada por hechos o circunstancias relevantes desde un punto de visto únicamente objetivo, con la intervención de un profesional cualificado en la materia en que se trate. Esto es, mostrarle al Juez aquella realidad técnica o científica que, bajo juramento o promesa de decir la verdad, debe ser tenida en cuenta a la hora de resolver el procedimiento en marcha.

  • ¿Contenido de la prueba pericial? 

En relación con el CONTENIDO DEL DICTAMEN deberá comprender como mínimo los siguientes extremos:

.- La identificación de quien hace el dictamen, y, su cualificación profesional.

.- La identificación del procedimiento en el seno del cual se hace el dictamen, la aceptación del cargo con la fecha y el plazo para realizarlo.

.- Las cuestiones sobre las que ha de versar el dictamen, con separación de cada una de ellas, y las conclusiones que en su caso deban ser obtenidas.

.- Los antecedentes documentales que se han tenido en cuenta, tanto procesal como extraprocesal.

.- Las actuaciones de comprobación de lugares, cosas y personas, y las partes que asistieron a las mismas, y cual fue su intervención.

.- Las operaciones de comprobación de datos, y de análisis para la obtención de resultados.

.- Las respuestas a cada una de las cuestiones que se la han efectuado y  las conclusiones a las que pueda haber llegado.

  • ¿Práctica de la prueba pericial? El careo de peritos

Como regla general, los peritos ratificarán su informe de manera individual, contestando en primer lugar a aquellas cuestiones que les pueda plantear la representación de la parte que los propuso, para posteriormente responder las de la parte adversa. En último caso, cabe la posibilidad de que el Juez ejerza sus potestades repreguntando cuestiones o solicitando aclaraciones que pudieran quedar difusas tras las preguntas de las diferentes representaciones procesales. Dicho esto, existe una posibilidad, no expresamente incluída en la Ley, pero que está cobrando fuerza últimamente, que tiene como razón de ser la ratificación conjunta y el debate entre profesionales; me refiero al careo entre peritos.

El careo entre peritos tiene como punto de partida  la existencia de dos dictamenes, contrapuestos y, usualmente, totalmente incompatibles entre sí. Se busca la ratificación conjunta de todos los peritos de modo que sea en el mismo acto en el que se ataque y se defiende el contenido de las diferentes periciales aportadas al procedimiento. Es más, existen Juntas de Jueces que la empiezan a considerar como prioritaria a la hora de entender las diferentes cuestiones suscitadas.

Cuestionando y solicitando el motivo por el que no se está de acuerdo con las conclusiones del otro (atendiendo a las diversas discrepancias de hecho, técnicas,…) el Juez se hará un mayor conocimiento de la realidad, pudiendo discernir cuales son los puntos fuertes y débiles de cada dictamen. Para ello se analizará cada ratificación de modo individual, procediendo después a la matización, duda e interrogatorio que el Juez estime necesario para incrementar su correcto conocimiento entre la litis. Preguntas y repreguntas son, pues, el <<modus operandi>> del careo.

Dicho esto, he de decir que todavía no es una práctica habitual, más también es cierto que, de un tiempo hasta aquí, se oye hablar mucho, y muy bien. de este tipo de ratificación pericial. Porque lejos de las previsiones <<ad hoc>> que se contiene en cada trabajo, cierto es que es esa puesta en común, unido a la labor investigatoria del Juez, lo que permite llegar a la realidad de la litis.

Pese a ello, no está recogida como tal en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que únicamente regula como medio de prueba el careo entre testigos. Quizás comience a ser el momento de introducir y regular el procedimiento conjunto de ratificación pericial.

¿Sabías que el BOE del 6 de septiembre estableció el plazo de un mes para que los ciudadanos en proceso de desahucio puedan apelar si su contrato contiene cláusulas abusivas?

El Gobierno concedió, en virtud de la reciente Sentencia del TJCE, el plazo de un mes para que aquellos ciudadanos en proceso de ejecución hipotecaria pudieran apelar si consideran que su contrato contiene cláusulas abusivas. Esta afirmación trae causa del pronunciamiento que, en el mes de julio, dictó el máximo Tribunal Comunitario según el cual “el sistema de ejecución hipotecaria que se aplicaba en el Estado español no protegía igual a los clientes que a la banca y concedía ventajas excesivas a las entidades financieras

Hasta aquí todo sigue un recorrido normal. El Sistema Jurídico y Político Español, por la mera pertenencia del Estado a la Unión Europea está sujeto al principio de la “primacía” en todo lo entendido como “acervo comunitario”. Por este principio, en caso de contravención, el ordenamiento jurídico nacional de los estados miembros debe reaccionar en caso de incumplimiento de los principios sobre los que se cimienta la actual construcción europea. Ahora bien, existen modos y modos de llevarlo a cabo…

… y el Gobierno encabezado por M Rajoy, con la colaboración del Ministro de Justicia AR Gallardón, han elegido la formula del disfraz. Disfraz porque utilizó la reforma de la Ley Concursal para incluir tal posibilidad. Una reforma que se ha publicado un sábado, el 6 de septiembre de 2014, dotándola de una clandestinidad impropia de una norma tendente a aumentar el abanico de derechos procesales de los ciudadanos hipotecados y ya ejecutados.

Dice el Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal, [BOE del 6 de septiembre de 2014, Pág. 69772] que “La disposición final tercera modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para adaptarla a la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de julio de 2014. Con ello, el deudor hipotecario podrá interponer recurso de apelación contra el auto que desestime su oposición a la ejecución, si ésta se fundaba en la existencia de una cláusula contractual abusiva que constituya el fundamento de la ejecución o la cantidad exigible”, añadiendo la disposición transitoria [Pág. 69784] cuarta que:

2. En todo caso, en los procedimientos de ejecución en curso a la entrada en vigor de este real decreto-ley en los que se hubiere dictado el auto desestimatorio a que se refiere el párrafo primero del apartado 4 del artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por este real decreto-ley, las partes ejecutadas dispondrán de un plazo preclusivo de un mes para formular recurso de apelación basado en la existencia de las causas de oposición previstas en el apartado 7.º del artículo 557.1 y en el apartado 4.º del artículo 695.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Dicho plazo se computará desde el día siguiente a la entrada en vigor de este real decreto-ley

Es un orgullo para alguien que está empezando como Jurista la actitud que toma nuestro Gobierno en defensa de nuestros derechos y libertades. Porque es un orgullo para un estado social y democrático de Derecho el cumplir a hurtadillas con el principio del acervo comunitario, en general, y de la igualdad de armas y acceso a los recursos, en concreto.

Llueve sobre mTiempo camuflajeojado. Está comúnmente admitido que la Ley no protege por igual a empresas y a familias, a bancos y a personas. Los intereses socioeconómicos hacen ceder a la protección individual y un Gobierno que se hace adalid y representante de la “regeneración democrática” esconde el cumplimiento de sentencias y no facilita a la opinión pública su contenido ni su ejercicio.

El plazo comenzó a contar con la publicación en el Boletín Oficial del Estado el pasado sábado 6 de septiembre. Faltan 3 semanas para ejercer este recurso de apelación. Y al Gobierno parece no interesarle que los ciudadanos puedan ejercer este derecho.

La vigencia de esta ley camuflada tiene fecha de caducidad. ¡¡Queda menos de 1 mes!!

Vivimos en un mundo cada vez más especializado, donde lo general cede ante lo particular y lo especial puede ante lo común. Vivimos en un mundo con una velocidad que asusta, donde lo que hoy es noticia mañana es recuerdo y donde la novedad de mañana hoy ya es sabida, conocida y aprovechada por unos pocos.

Estas líneas, para muchos vacío de significado, me llevaron a plantearme la siguiente situación: El mundo del derecho tiende, cada vez más, hacia la especialización. Los abogados ya no nos calificamos simplemente como tales, sino que añadimos un adjetivo que nos califica y nos divide en el complejo mundo jurídico: penalistas, civilistas, laboralistas…

En el seno de los Tribunales, empieza a ser abundante y común esta mutación. Hablamos de Juzgados de Familia, de Menores, del Registro Civil, Militar,… se tratan de órganos unipersonales o pluripersonales que conocen, únicamente, de ciertos aspectos de su respectivo orden jurisdiccional. Un conocimiento limitado y predispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en las respectivas leyes procesuales de cada orden.

Nacidos de la especialización propia a todo ámbito y con causa en dotar al Poder Judicial de una mayor respuesta a los sucesos de la realidad, estos órganos cuentan con un gran prestigio y reputación entre los operadores. La actualidad manda y son habituales las noticias relativas a cada una de estas especializaciones. Casos de violencia de género, de quiebras mercantiles,… casos tan específicos que únicamente tienen en la especialización del Juez la respuesta.

Por desgracia, la actualidad nacional vive hoy marcada por una triste palabra, la CORRUPCIÓN. Mañana tras mañana, supuestas “exclusivas” copan la prensa del día, y, fruto de ellas, determinados casos mediáticos empiezan a tomar fuerza e impulso judicial. Una materia lo suficientemente grave como para buscar la mejor de las respuestas.

Fiscalia Anticorrupción

Sede de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, en Madrid.

Jueces como P Ruz trabajan habitualmente con casos tan mediáticos y dispares como son el ‘caso Barcenas‘ y el ‘caso Pescanova‘. La jueza M Alaya tramita el ‘caso de los ERE’s‘ en su turno normal de trabajo, motivo por el que fue necesaria la presencia de un juez de apoyo en su Juzgado. J Castro batalla con los restos del ‘caso Noos‘ y con el riesgo a una separación forzosa del expediente… ¿Por qué no ahondamos la especialización de estos pilares del Estado de Derecho para un mejor reparto de Justicia? ¿Sería viable la creación de Juzgados específicos para el conocimiento de aquellos hechos calificables como Delitos de Corrupción?

La corrupción es una materia tan técnica que a la mínima duda el Estado de Derecho mostrará una gran debilidad. Cierto es que existe una FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN encargada de investigar y conocer de los procesos de especial trascendencia, relativos a los delitos económicos u otros cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, pero la cúspide de la pirámide judicial está en la figura del Juez. Y un delito tan mutable como la corrupción, con múltiples formas de expresión, debe tener la mejor de las respuestas.

Quizás sea una idea de bombero. Quizás sea una ilusión de alguien a quien la inexperiencia le curte y le enseña cada día más. Pero no hay duda que si hay delitos que crean mala imagen, que desesperan a la sociedad en su conjunto, esos son aquellos que afectan al funcionamiento de nuestro sector público, porque identifica la realidad de un Estado con lo que una Sociedad debería ser.

Cierto es que, recientemente, el MJusticia reforzó cada uno de los Juzgados y Tribunales con causas abiertas por un montante total de diez millones de euros, pero no deja de ser un parche para una realidad que, por desgracia, parece mucho mayor.

Para entender la relevancia de la reciente Sentencia 90/2013, de 22 de abril, del Tribunal Constitucional, es necesario partir de los antecedentes temporales del supuesto:

* El juzgado de primera instancia dicta Sentencia desestimando demanda de juicio ordinario. Los demandantes interponen contra la misma el preceptivo recurso de apelación, siendo emplazados para comparecer ante la Audiencia Provincial.

* La apelante manifiesta personarse, solicitando se señale día y hora a fin de otorgar el correspondiente poder ‘apud acta’.

* La sala dicta Decreto teniendo por no comparecidos en plazo a los apelantes declarando desierta la apelación.

* Se interpone recurso de revisión contra tal Decreto, indicando que el defecto de falta de representación sería, en todo caso, subsanable.

*Finalmente, se dicta auto desestimando tal recurso de revisión, auto sobre el que se plantea la demanda del amparo sobre una supuesta violación del artículo 24 CE, que comprende el derecho de acceso al recurso legal.

Expuestos los antecedentes fácticos, es necesario acudir a dos preceptos legales. El artículo 24.2 de la Constitución Española y el artículo 24 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Artículo 24.2 CE

Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

Artículo 24.2 LEC 1/2000

La escritura de poder se acompañará al primer escrito que el procurador presente o, en su caso, al realizar la primera actuación; y el otorgamiento “apud acta” deberá ser efectuado al mismo tiempo que la presentación del primer escrito o, en su caso, antes de la primera actuación, sin necesidad de que a dicho otorgamiento concurra el procurador.

Esta sentencia, lejos del revuelo creado, incluye la diferencia constitucional entre el derecho a la defensa y el derecho al recurso, o en términos más concreto, el “derecho de acceso a la jurisdicción” o “el derecho de acceso al recurso”.

Es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional que “el derecho a la tutela judicial efectiva comprende el de obtener una resolución fundada en Derecho sobre el fondo de las cuestiones planteadas, sea o no favorable a las pretensiones formuladas, si concurren todos los requisitos para ello.  De ahí que sea también respetuosa con  este derecho fundamental una resolución judicial de inadmisión o de desestimación por algún motivo formal, cuando concurra alguna causa de inadmisibilidad y así lo acuerde el Juez o causa de inadmisibilidad y así lo acuerde el Juez o Tribunal en Tribunal en  aplicación razonada de la misma”  (STC 221/2005, de 12 de septiembre).

Partiendo de este aspecto, se estiman dos aspectos complementarios, pero bien diferenciados que vienen a marcar el contenido, el recorrido jurisprudencial y el régimen normativo de la tutela judicial efectiva como cúspide de nuestro derecho constitucional a la defensa letrada.

El derecho de acceso a la jurisdicción se configura como un derecho constitucional, toda vez que todo el mundo tiene reconocida la posibilidad de acceder a los Juzgados y Tribunales en defensa de sus derechos subjetivos e intereses legítimos. Por ello, en la fase de acceso a la jurisdicción, se prohíbe toda limitación, arbitrariedad, rigor o formalismo que limite la posibilidad de acudir a la Sede Judicial.

Como contrapartida, el derecho de acceso al recurso se configura como una fase más de un proceso ya iniciado, por lo que es necesario que se cumplan todos los condicionantes, presupuestos y requisitos marcados por la legalidad ordinaria para el ejercicio de este derecho al recurso, pues en caso contrario, se quiebra el principio de igualdad de partes que debe regir todo proceso judicial.

De hecho, esta misma Sentencia 90/2013, de la Sala Segunda, de 22 de abril de 2.013, califica el derecho al recurso como una cuestión meramente procesal, mientras que califica el derecho de acceso a la jurisdicción como una cuestión constitucional, cuya calificación la dota de la mayor protección posible en nuestro ordenamiento.

Así, se pronunció el Tribunal Constitucional del siguiente modo:

La decisión sobre la admisión de los recursos o no y la verificación de la concurrencia de los requisitos materiales y procesales a que están sujetos “constituye una cuestión  de mera legalidad ordinaria que corresponde exclusivamente a los Jueces y Tribunales, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que les atribuye el art. 117.3 CE

Por ello, la personación no realizada en tiempo y forma, en fase de recurso, cuando aquel escrito no fue acompañado de poder, confiere a este acto procesal el carácter de contrario en derecho. Se estima que el procurador carecía absolutamente de representación de los demandantes de amparo constitucional, oues la representación debió haberse manifestado previamente, una carencia que ya ha sido calificada por el Tribunal Supremo como inconstitucional en múltiples resoluciones.

Texto de la Sentencia 90/2013, de 22 de abril de 2013. de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional

 

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