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Fiscalidad

Situación: Persona física no profesional, dueña de un terreno, recibe pago único por la constitución de una Servidumbre de Paso de Tendido Eléctrico por parte de una empresa del sector. 

En la constitución de una Servidumbre de Paso de Tendido Eléctrico, previo pago por parte de la beneficiaria, se produce una contraprestación monetaria que permitirá la persistencia de ese gravamen indefinido sobre fundo ajeno.

En consecuencia, la duda surge si, a la vista de este pago, se generan obligaciones fiscales en materia de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) e Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF).

Respecto al IVA, señalar que la constitución del derecho de servidumbre de paso sobre un terreno es una operación exenta, de manera que dicha persona no tendrá que repercutir el Impuesto con ocasión de la constitución de este derecho. Y ello por aplicación directa del artículo 20 (número 23) de la Ley del IVA.


“23º. Los arrendamientos que tengan la consideración de servicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11 de esta Ley y la constitución y transmisión de derechos reales de goce y disfrute, que tengan por objeto los siguientes bienes:
a) Terrenos, incluidas las construcciones inmobiliarias de carácter agrario utilizadas para la explotación de una finca rústica.

Respecto al IRPF, la indemnización percibida por la constitución de la servidumbre tendrá para su perceptor la consideración de rendimiento del capital inmobiliario.

El artículo 22 de la Ley del IRPF considera rendimientos del capital inmobiliario los procedentes de la titularidad de bienes inmuebles rústicos y urbanos o de derechos reales que recaigan sobre ellos, todos los que se deriven del arrendamiento o de la constitución o cesión de derechos o facultades de uso o disfrute sobre aquellos, cualquiera que sea su denominación o naturaleza.

Así pues, y siguiendo el criterio de la Consulta Vinculante V1894-11 se puede concluir que la indemnización percibida por la constitución de la servidumbre tendrá para su perceptor la consideración de rendimiento del capital inmobiliario.

Así pues, dado que la operación tiene consecuencias fiscales, antes de la ejecución de ese contrato lo primordial es asesorarse bien para cumplir con las obligaciones que, como hemos visto, pueden surgir tras la firma de una operación de estas características.

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Una de las cuestiones que subyace a todo procedimiento judicial, y de especial relevancia en el orden civil, es la condena en costas. La regla general del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sigue el criterio del vencimiento, (comúnmente definido como el que pierde paga), salvo especiales circunstancias de hecho o de derecho que, a discreción del Juez de Instancia, puede suponer el no pronunciamiento en Sentencia sobre la condena en costas.

La condena en costas no deja de ser, pues, una obligación consistente en una entrega de dinero, o el reconocimiento de un crédito, que tiene como razón de ser el pago de aquellos gastos en los que la parte ‘vencedora’ del procedimiento se ha visto obligado a incurrir para defender sus derechos ante los Tribunales de Justicia. Esto lo que conlleva es un desplazamiento de dinero, una ganancia o perdida patrimonial, entre dos personas.

.- ¿Qué efectos puede tener esto desde un punto de vista impositivo?

A esta cuestión se dedicó la Consulta Vinculante V0473-15, de fecha de Salida 06/02/2015, sobre posibilidad de considerar las costas como una pérdida patrimonial en la declaración anual del IRPF, que se pronunció del siguiente modo:

“Evidentemente, y dentro del ámbito meramente particular del consultante (en el que cabe entender se ha producido la condena en costas), el pago a la otra parte que interviene en un procedimiento judicial de esas costas procesales comporta desde la perspectiva de la parte condenada una alteración en la composición de su patrimonio, produciéndose una variación en su valor, variación o pérdida que dado el carácter ajeno a la voluntad del consultante que tiene el pago de estas costas nos lleva a excluir su posible consideración como un supuesto de aplicación de renta al consumo de la contribuyente, es decir, no se trata de una pérdida debida al consumo, por lo que, al no tratarse de este caso ni de ningún otro de los que el mencionado artículo 33.5 de la Ley del Impuesto excepciona de su cómputo como pérdida patrimonial, procede concluir que el pago de las mencionadas costas comporta para la consultante una pérdida patrimonial. En lo que se refiere a la integración de esta pérdida en la liquidación del impuesto, desde su consideración como renta general (conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley del Impuesto), será en la base imponible general donde se proceda a su integración, en la forma y con los límites establecidos en el artículo 48 de la citada ley. En su virtud, se integrarán y compensarán entre sí las ganancias y pérdidas patrimoniales distintas de las que deben integrarse en la base imponible del ahorro. Si el resultado de dicha integración y compensación arrojase saldo negativo, su importe se compensará con el saldo positivo de las rentas del artículo 45.a) obtenido en el mismo período impositivo, con el límite del 10 por 100 de dicho saldo positivo. Si aún existiese saldo negativo su importe se compensará en los cuatro años siguientes y en el mismo orden.”

Las costas procesales se consideran otra forma de indemnización, dado que el pago del importe de las costas judiciales por parte de la parte perdedora en un proceso judicial implica la indemnización a la parte ganadora de los gastos en que incurrió, o, cuanto menos, y según los límites legales, de parte de ellos.

En concreto…

  1. a) Para la parte vencedora; supone la incorporación a su patrimonio de un crédito a su favor o de dinero, constituyéndose así una ganancia patrimonial, no cabiendo, en consecuencia, la deducción de los gastos efectivamente incurridos. (CONSULTA V1356-12)
  2. b) Para la parte vencida; comporta una alteración en la composición de su patrimonio para el obligado al pago, produciéndose una variación en su valor, que dado el carácter ajeno a la voluntad del consultante que tiene el pago de estas costas excluye su posible consideración como un supuesto de aplicación de renta al consumo del contribuyente. (CONSULTA V0598-08)
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