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En materia de Gestión de Despachos, una de las cuestiones en la que más enfasis se realiza de un tiempo a esta parte es sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999. Generalmente, para cubrir esta necesidad, se deberá recabar del cliente el consentimiento expreso, previa advertencia de los derechos ARCO que todo ciudadano responde.

Como regla general, la inclusión de los datos de los clientes y sus oponentes en un fichero supondrá un tratamiento de datos de carácter personal, que requeriría, en principio, el consentimiento del afectado, con el deber de informar al mismo de los extremos contenidos en el artículo 5.1, o en su caso, advertirles que, cuando no hayan sido recabados directamente del ciudadano, sus datos constan en el fichero, de un modo expreso, pacífico e inequívoco.

No obstante, es necesario advertir que el artículo 6.2 excluye “cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento”. Ahora bien, ¿que ocurre en el supuesto de que los datos se refieran a los oponentes de los clientes del abogado o procurador?

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(Fuente: Asturlogos.com)

Es necesario partir de la colisión entre dos derechos proclamados como fundamentales en la Constitución de 1978. Derechos tales como la protección de datos de carácter personal (artículo 18) y el el derecho a la asistencia letrada, como manifestación del derecho de los ciudadanos a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales, contenido en el artículo 24.2 de la Constitución. El legislador ha creado un sistema en que el derecho a la protección de datos de carácter personal cede en aquellos supuestos en que el propio legislador (constitucional u ordinario) haya considerado la existencia de motivos razonados y fundados que justifiquen la necesidad del tratamiento de los datos, incorporando dichos supuestos a normas de, al menos, el mismo rango que la que regula la materia protegida.

El tratamiento por los abogados y procuradores de los datos referidos a la contraparte de sus clientes trae su causa del derecho de todos los ciudadanos a la asistencia letrada. La exigibilidad del consentimiento del oponente para el tratamiento de sus datos por el abogado supondría dejar a disposición de aquél el almacenamiento de la información necesaria para que el cliente pueda ejercer, en plenitud, su derecho a la tutela judicial efectiva, algo que seria una privación del derecho fundamental a la defensa con los medios de prueba que estime pertinentes.

Tal es así que el no uso de las informaciones de que los abogados o procuradores puedan disponer, procedentes de sus clientes, podrían perjudicar, como ya se indicó, el adecuado ejercicio por el propio interesado de las facultades vinculadas con su derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales (al quedar en conocimiento de la otra parte los datos que pudieran ser aportados a juicio en defensa de su derecho), por ello, tampoco se estará obligado, según el artículo 5.4, esto es, la obligación de comunicación en el plazo de tres (3) meses desde el conocimiento de los mismos.

FUENTE:

1.-Tratamiento por Abogados y Procuradores de los datos de las partes en un proceso (www.agpd.es)

2.- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Hoy, 20-N, se celebra el primer triste aniversario del “Tasazo” impuesto a golpe de firma por el Ministro de Justicia, A R Gallardón.

Dice la Constitución Española que el Estado español tiene como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político (artículo 1). No son valores superiores, entendiendo “valor” como algo tan etéreo que no tenga una plasmación práctica en nuestra Sociedad sino que son el punto de partida de toda norma o concepto, jurídico o social.

-La referencia a estos valores es la más acabada expresión (junto a la recogida en el art. 10.1 CE sobre el fundamento del orden político) del contenido material del Estado de Derecho a que nos referíamos en el apartado anterior: toda la actuación de los poderes públicos debe dirigirse a la consecución de valores. Nuestro Tribunal Constitucional se ha referido a la Constitución como orden de valores (SSTC 25/19818/1983 35/1987, entre otras), y a la consecuencia inmediata de que su interpretación tenga un carácter teleológico, destinado a garantizar esos valores (SSTC 18/198132/198519/1988).
-Los valores superiores como parámetro interpretativo no pueden, sin embargo, constituir un medio para dejar de aplicar otros preceptos constitucionales (STC 20/1987), ni por lo común constituyen un canon interpretativo autónomo sino complementario (STC 181/2000), ni implican por si solos derechos susceptibles de amparo constitucional (STC 120/1990).
La justicia “es uno de los principios cardinales de nuestro Estado de Derecho” (STC 105/1994), en dicho valor superior debe entenderse incluido el reproche de arbitrariedad (STC 65/1990), pero no es un valor ajeno y contrario al ordenamiento positivo que permita sacrificar otra norma constitucional en aras de una “justicia material”(STC 20/1987), “ni que pueda identificarse unilateralmente con particulares modos de entender lo justo”(STC 181/2000).

Pues bien, esta Tasa Judicial tiene como principal aspecto el poner de acuerdo a todos y cada uno de los operadores jurídicos. Abogados, Procuradores, Jueces, Fiscales, Secretarios,… se han manifestado en contra de un impuesto por acceder al derecho fundamental sobre el que pivota toda la construcción legal de un Estado, la tutela judicial efectiva.

Porque decirle a un ciudadano que tiene que pagar por acceder a la Justicia es una patraña de quien lo provocó. De 150 a 300 €uros, en el orden civil, por interponer una demanda para defender tus derechos. Y recurrir una sentencia un mínimo de 800 €uros. España, ese país de la ‘Justicia’ de dos velocidades que tiene en la recaudación su leivmotiv.

Una ‘Justicia’ de dos velocidades que deja fuera de Juzgados y Tribunales a la clase media. Una ‘Justicia’ de dos velocidades que descongestiona la Sede Judicial mediante un impuesto desproporcionado y rechazado por los países de nuestro entorno.

Porque acudir a un Tribunal ya causa de por sí el suficiente desasosiego en el ciudadano medio sin necesidad de incluirle un dilema económico. Porque únicamente aquellos para quien su poder adquisitivo es un número, o bien aquellos, que pueden acceder al derecho a la Justicia Gratuita, pueden esquivar su efecto disuasorio.

Efecto disuasorio que se ve confirmado día a día, fecha a fecha, dato a dato, con la reducción de nuevos procedimientos en cada uno de los órdenes afectados. Francia ya negó su aplicación y anuncia su retirada para 2.014. España, en cambio, está orgullosa de ella.

Se fundamentó la instauración de esta ‘Tasa Judicial’ como un modo de aumentar los beneficiarios del turno de oficio. No quiero calificarlo como mentira, o como oscura patraña, únicamente diré que es una afirmación que un año después se ha demostrado como ha faltado a la verdad. Se calculaban 365 millones de €uros los que podría reportar la entrada en vigor, atropellada e improvisada, de la misma. A día de hoy, expertos afirman que malamente se cubrirá un tercio de su previsión. Y los Presupuestos Generales del Estado confirman que la Justicia Gratuita no ha aumentado su ámbito de aplicación.

¿El Diagnóstico?

La ‘Tasa Judicial’ se ha manifestado como una falacia y una medida recaudatoria. Una falacia porque toda promesa que con ella se hacía, aún a costa de violar el artículo 24 de la Constitución, se ha demostrado no acorde con la realidad. Y una medida recaudatoria, porque lejos de servir para el refuerzo del necesario turno de oficio, únicamente ha servido para llenar las arcas del Estado.

Concentraciones en toda España recordaron hoy este triste aniversario. Alli eran todos los que estaban, pero no estaban todos los que son. El mundo jurídico está contra esta “idea” que ha conseguido la unanimidad en la Sociedad. #STOPTASAJUDICIAL

#JusticiaSinTasa, Justicia Para Todos.

La vida en el siglo XXI va cada vez más rápido. No sólo cambian nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestra percepción de la realidad… cambian las reglas del juego e, incluso, cambia el juego en sí mismo.

Vivimos en una sociedad interrelacionada entre sí y con el mundo que nos rodea. Múltiples relaciones internas que marcan las reglas del juego y que no sólo nos ordena como debemos actuar, sino que predetermina nuestro comportamiento. Hablamos de requisitos, de presupuestos, de condiciones… de situaciones previas para llegar a un objetivo único. Pero no se habla del porqué del procedimiento, del trabajo de asesoramiento, de la comprensión, de la confianza entre profesional y cliente.

Es este el punto que marca la diferencia entre la abogacía tradicional y el futuro de la abogacía. El futuro de la abogacía no está en tener la mayor cantidad de conocimientos, sino en el modo de aplicar unos conocimientos que se pueden tildar de universales debido a las nuevas tecnologías. La gran evolución de los servicios jurídicos se producirá cuando el consumidor pase de considerarlos necesarios a desear consumirlos.

Crear una asesoría jurídica no es conseguir confianza en el cliente, pues es vender un servicio. Crear confianza en el consumidor es conseguir adelantarte a sus necesidades, crear cierta “dependencia” de seguridad en un mundo cada vez más complicado, en el que hasta el más mínimo gesto puede estar regulado por diferentes entes y de diferentes modos manteniéndose la unidad de espacio y de tiempo.

Por ello, el futuro de la abogacía no está en una base de datos más completa, en un ordenador más potente o en un servicio en la nube más eficiente, está en conseguir crear con el cliente una relación de confianza, de deseo de asesoramiento, de control previa de la actividad desde una óptica jurídica.

 

La toga, elemento definidor de un profesional del derecho, parece un vestigio del pasado. En la antigua Roma era un signo de distinción, era una señal de poder, de dominio, y quizás, de autosatisfacción personal. Se llevaba toga por ser, y se parecía por llegar toga.Era señal de altura.

Hoy, pese al transcurso del tiempo, las cosas no han cambiado lo suficiente. La LOPJ establece que en los actos de audiencia pública deberán usar toga los jueces, magistrados, secretarios, fiscales, abogados y procuradores deberán usar toga, y sentarse a la misma altura.

Quizás, a día de hoy, se haya convertido en el uniforme que permite identificar a los denominados “profesionales de la justicia” del resto del mundo, quedando su uso únicamente limitado a los actos de servicio.  

Pero… detrás de cada toga existe una persona, existe un pensamiento, una idea, un sentimiento… existe un parecer. Detrás de cada toga hay una opinión sobre el mundo que nos rodea, y, las ideas de la toga 2784 se expresarán, desde hoy, aquí.

Gracias por vuestro tiempo, por vuestro espacio, y, de antemano, gracias también por vuestras ideas.

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