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Jueces

“La seguridad ciudadana constituye una condición del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos y amparados por las constituciones democráticas. Sin una garantía real de aquélla,éstos quedarían reducidos a una mera declaración formal carente de eficacia jurídica. En este sentido, la seguridad ciudadana se configura como uno de los elementos determinantes de la calidad democrática de un país.”

El primer párrafo antes transcrito pertenece al punto I. de la Exposición de Motivos de la Ley de Seguridad Ciudadana, el nuevo y polémico proyecto del Gobierno encabezado por Mariano Rajoy. Un proyecto presentado por el ministro del Interior, J Fernández Díaz, como la reacción del ejecutivo al nuevo comportamiento social de los últimos años.

JFernándezDíaz

Jorge Fernández Díaz, Ministro del Interior (Foto: Wikipedia)

Se trata de una reacción a movimientos como el escrache, o a las acampadas en Plazas Públicas como las que se vivieron en España durante los meses posteriores al 15-M. Una reacción que tiene en el recorte de libertades su principal seña de identidad. Sólo hace falta acudir al párrafo tercero de esa misma Exposición de Motivos para descubrir el verdadero objetivo de esta polémica reforma que se viene. Dice ese párrafo, in fine, que “la instrumentación del concepto de orden público no puede llevarnos a desvalorizarlo, sino que nos obliga a interpretarlo conforme a los valores superiores del ordenamiento jurídico que propugna la constitución española de 1978

Es decir, recupera un viejo concepto como el de orden público (véase las Leyes de Orden Público de 1870, 1933 y 1959) y supera un concepto acuñado en la Constitución Española de 1978, en su artículo 104.1, el de seguridad ciudadana.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

Declaradas estas intenciones, el contenido de la misma es evidente. Restringir el ámbito de actuación individual y someterlo a un intervencionismo cada vez más férreo por parte de un Estado que ve en el control de la Sociedad la mejor manera de garantizar una falsa paz social. Problemas manifestados por personalidades en la materia tales como Nils Muznieks, comisario del Consejo de Europa, institución encargada de velar por la garantía de los derechos humanos en el Continente, quien cuestionó que “no haya otras maneras de proteger la seguridad de las personas y el orden público sin interferir en la libertad de las personas de reunirse libremente“.

Y es que esta Ley calificará, tras su entrada en vigor, siete actitudes como infracciones muy graves, con multas de de 30.001 a 600.000 euros, además de una treintena de infracciones graves susceptibles de ser castigadas con multas de hasta 30.000 euros y una veintena de infracciones leves sujetas a multas de entre 100 y 1000 euros. El Gobierno español se olvida que la libertad para expresar discrepancias con las políticas del gobierno debe ser preservada.

Greenpeace LeySeguridadCiudadana

Cartel colocado por Greenpeace en Madrid como protesta al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. (Foto: Eldiario.es)

Quizás sea una vuelta a la Ley del Miedo, a la mordaza pública, al silencio forzoso. Porque se configura como infracción grave la ofensa a la España, con lo amplio de su concepto y lo escaso en su definición, y se configura una institución del Estado como el Congreso de los Diputados como un lugar ‘inalienable’ y cuasi sagrado, alejado del pueblo, ser en el que radica la soberanía, según la propia Constitución.

Quizás sea un error de concepto del político en su papel como parte del Estado. No hay que olvidar que un político únicamente es un gestor, en las elecciones únicamente se les otorga el poder de administrarlo. Los verdaderos soberanos de un Estado Social y Democrático de Derecho es el ciudadano y, como tal, debe ser respetado, ser escuchado y velar, en todo momento, porque se cumplan todos y cada uno de sus necesidades.

Vía @AvogadosNovosVi (Avogados Novos de Vigo) he tenido conocimiento de este texto que aúna objetividad y crítica a partes iguales. Una cronología del irregular proceso que culminó con el nombramiento de D. Carlos Lesmes como nuevo presidente del CGPJ, tras el acuerdo de los dos grandes políticos, y que comenzó hace poco más de dos años con la victoria de D. M Rajoy Brey por mayoría absoluta el pasado 20 de Noviembre de 2011.

Se trata de una ‘Cronología‘ de 23 puntos que muestra la realidad de la situación de la Justicia, pilar fundamental de nuestro país como Estado Social y Democrático de Derecho.

SUCESIÓN DE HECHOS

1.- El Partido Popular en su programa para las elecciones generales de 2011, llevaba la siguiente promesa :

Promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, para que, conforme a la Constitución, doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías.”

2.-El 20 de Noviembre de 2011, el Partido Popular gana las Elecciones Generales por mayoría absoluta.

3.- El 22 de Diciembre de 2011 Alberto Ruiz Gallardón toma posesión como Ministro de Justicia. En su toma de posesión, promete promover una reforma en el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con el discurso de investidura del Presidente del Gobierno y conforme al programa electoral de la formación política a la que pertenecía. (discurso de toma de posesión de Gallardón)

4.- El 13 de Marzo de 2012 se publica en el Boletín Oficial del Estado la Resolución de 8 de marzo de 2012, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de Marzo de 2012 por el que se crea una Comisión Institucional para la elaboración de una propuesta de texto articulado de Ley Orgánica del Poder Judicial y de Ley de Demarcación y de Planta Judicial.

5.- En el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de Marzo de 2012 expresamente se estableció que “la Independencia Judicial debe ser reforzada y, a tal fin, debe acometerse una profunda remodelación del órgano constitucional encargado de garantizarla, el Consejo General del Poder Judicial. La reforma del máximo órgano de gobierno de los jueces debe proyectarse, en primer lugar, sobre el sistema de elección de los Vocales y del Presidente, GARANTIZANDO QUE LOS DOCE VOCALES JUDICIALES SEAN ELEGIDOS POR LOS MIEMBROS DE LA CARRERA JUDICIAL Y DE ENTRE ÉSTOS, A TRAVÉS DE UN SISTEMA ELECTORAL QUE GARANTICE LA MÁXIMA REPRESENTACIÓN DE TODOS AQUELLOS”.

6.-El 7 de Mayo de 2012 Vocal del Consejo General del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez presenta una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el Presidente del Tribunal Supremo Carlos Dívar, por una serie de gastos realizados en el ejercicio de sus funciones.

7.- El 21 de Mayo de 2012 la Fiscalía General del Estado archiva la denuncia al no considerar los hechos denunciados constitutivos de ilícito penal alguno.

8.- El 22 de Mayo de 2012, el Ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón manifiesta a través de los medios de comunicación, tras el archivo de la denuncia por el Ministerio Fiscal, que tanto la institución del CGPJ como su presidente salen fortalecidos.

9.- El 30 de Mayo de 2012 el Tribunal Supremo archiva e inadmite a trámite la denuncia interpuesta por la Asociación Preeminencia del Derecho contra el Presidente del Tribunal Supremo.

10.- El 31 de Mayo de 2012 Carlos Dívar en rueda de prensa afirma tener la conciencia tranquila, considerando no haber cometido ninguna irregularidad jurídica. Seguidamente el Ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón estima que el caso está zanjado y que el Presidente del Tribunal Supremo Carlos Dívar ha dado una muestra de responsabilidad.

11.- El 5 de Junio de 2012 el diario El País publicó un informe detallado de los veinte viajes de fin de semana largos realizados por Carlos Dívar entre noviembre de 2008 y marzo de 2012 a Puerto Banús.

12.- El Ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón llamó a diversos vocales del Consejo General del Poder Judicial, a los efectos de que procediesen a apoyar al Presidente del Tribunal Supremo Carlos Dívar ante las nuevas informaciones aparecidas, y garantizasen de ésta forma la continuidad del Presidente.

13.– Algunos de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial, en un ejercicio de responsabilidad y conforme a la autonomía que debe predicarse del Consejo General del Poder Judicial, ante las informaciones, datos publicados y explicaciones dadas por el Presidente del Tribunal Supremo Carlos Dívar, deciden no apoyar la continuidad del Presidente. Hecho éste que es considerado por el Ministro de Justicia como una desautorización por los vocales del Consejo General del Poder Judicial.

14.-El 21 de Junio de 2012 Carlos Dívar presenta su dimisión como Presidente del Tribunal Supremo.

15.– El Gobierno de la Nación , presenta un Anteproyecto de Ley Orgánica de Reforma del Consejo General del Poder Judicial, en el que se reducen las competencias del CGPJ y en el que contraviniendo su propia promesa electoral, se atribuye a las Cortes Generales y no a los Jueces la elección de los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial.

16.- El 29 de Junio de 2013 se publica en el BOE la Ley Orgánica 4/2013 de Reforma del Consejo General del Poder Judicial, aprobada únicamente con los votos del Grupo Parlamentario Popular.

17.- La Ley Orgánica 4/2013 de 28 de Junio de Reforma del Consejo General del Poder Judicial, parte de la conculcación del pacto de legislatura del Gobierno con los ciudadanos, evidencia una reacción a los efectos de controlar por el poder político el órgano de gobierno de la judicatura y constituye el mayor ataque contra la Independencia Judicial realizado por ningún Gobierno en democracia. Todo ello en un contexto en el que afloran de manera generalizada diversos escándalos de corrupción que afectan a los principales partidos políticos a lo largo de todo el territorio nacional.

18.- Tras un proceso de renovación en el que concurren 53 candidatos con exiguos avales, se procede a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en base a un intercambio de cuotas partidistas entre las fuerzas parlamentarias en contravención a las salvaguardas establecidas en la Sentencia del Tribunal Constitucional 108/1986.

19.- Paralelamente tiene lugar en la carrera judicial, un proceso de elecciones alternativas bajo fé notarial, en el que los candidatos superan notoriamente los avales obtenidos por los candidatos oficialistas.

20.- Con carácter previo a que se produzca la designación política de vocales judiciales , se filtra en prensa que Don Carlos Lesmes Serrano, se perfila como el próximo Presidente del Tribunal Supremo a razón del acuerdo entre los dos principales partidos políticos.

21.- El 25 de Noviembre de 2013 se dan a conocer a la opinión pública el nombre de los 12 vocales judiciales designados por el poder político, sin que hasta la fecha se conozcan los motivos de la designación de los referidos vocales con preterición de otros candidatos incluso con mayor número de avales. Ninguna explicación, comparecencia o informe al respecto se produce.

22.- El nuevo Pleno del Consejo General del Poder Judicial propone sólo como candidatos a Presidente del Tribunal Supremo a Don Carlos Lesmes y Doña Pilar Teso. Hecho éste que no puede sino causar perplejidad por el exiguo número de candidatos propuestos, desconociéndose los motivos por los que ninguno de los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial consideraron idóneo a otros Magistrados del Tribunal Supremo.

23.- El 9 de Diciembre de 2013, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial designa por 16 votos a 4 a Don Carlos Lesmes Serrano, candidato anunciado en prensa como el acordado por los dos principales políticos, como nuevo Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.

En Madrid a 10 de Diciembre de 2013.

Los Coordinadores de la Asamblea Nacional de Jueces

Don Jesús Manuel Villegas Fernández.

Don Manuel Ruiz de Lara.

Vivimos en un mundo cada vez más especializado, donde lo general cede ante lo particular y lo especial puede ante lo común. Vivimos en un mundo con una velocidad que asusta, donde lo que hoy es noticia mañana es recuerdo y donde la novedad de mañana hoy ya es sabida, conocida y aprovechada por unos pocos.

Estas líneas, para muchos vacío de significado, me llevaron a plantearme la siguiente situación: El mundo del derecho tiende, cada vez más, hacia la especialización. Los abogados ya no nos calificamos simplemente como tales, sino que añadimos un adjetivo que nos califica y nos divide en el complejo mundo jurídico: penalistas, civilistas, laboralistas…

En el seno de los Tribunales, empieza a ser abundante y común esta mutación. Hablamos de Juzgados de Familia, de Menores, del Registro Civil, Militar,… se tratan de órganos unipersonales o pluripersonales que conocen, únicamente, de ciertos aspectos de su respectivo orden jurisdiccional. Un conocimiento limitado y predispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en las respectivas leyes procesuales de cada orden.

Nacidos de la especialización propia a todo ámbito y con causa en dotar al Poder Judicial de una mayor respuesta a los sucesos de la realidad, estos órganos cuentan con un gran prestigio y reputación entre los operadores. La actualidad manda y son habituales las noticias relativas a cada una de estas especializaciones. Casos de violencia de género, de quiebras mercantiles,… casos tan específicos que únicamente tienen en la especialización del Juez la respuesta.

Por desgracia, la actualidad nacional vive hoy marcada por una triste palabra, la CORRUPCIÓN. Mañana tras mañana, supuestas “exclusivas” copan la prensa del día, y, fruto de ellas, determinados casos mediáticos empiezan a tomar fuerza e impulso judicial. Una materia lo suficientemente grave como para buscar la mejor de las respuestas.

Fiscalia Anticorrupción

Sede de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, en Madrid.

Jueces como P Ruz trabajan habitualmente con casos tan mediáticos y dispares como son el ‘caso Barcenas‘ y el ‘caso Pescanova‘. La jueza M Alaya tramita el ‘caso de los ERE’s‘ en su turno normal de trabajo, motivo por el que fue necesaria la presencia de un juez de apoyo en su Juzgado. J Castro batalla con los restos del ‘caso Noos‘ y con el riesgo a una separación forzosa del expediente… ¿Por qué no ahondamos la especialización de estos pilares del Estado de Derecho para un mejor reparto de Justicia? ¿Sería viable la creación de Juzgados específicos para el conocimiento de aquellos hechos calificables como Delitos de Corrupción?

La corrupción es una materia tan técnica que a la mínima duda el Estado de Derecho mostrará una gran debilidad. Cierto es que existe una FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN encargada de investigar y conocer de los procesos de especial trascendencia, relativos a los delitos económicos u otros cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, pero la cúspide de la pirámide judicial está en la figura del Juez. Y un delito tan mutable como la corrupción, con múltiples formas de expresión, debe tener la mejor de las respuestas.

Quizás sea una idea de bombero. Quizás sea una ilusión de alguien a quien la inexperiencia le curte y le enseña cada día más. Pero no hay duda que si hay delitos que crean mala imagen, que desesperan a la sociedad en su conjunto, esos son aquellos que afectan al funcionamiento de nuestro sector público, porque identifica la realidad de un Estado con lo que una Sociedad debería ser.

Cierto es que, recientemente, el MJusticia reforzó cada uno de los Juzgados y Tribunales con causas abiertas por un montante total de diez millones de euros, pero no deja de ser un parche para una realidad que, por desgracia, parece mucho mayor.

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