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Poder Judicial

La descripción del papel que tendrá la ciudad de Vigo, si A Ruiz Gallardón no lo remienda, muestra bien a las claras el calado que tendrá la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de Demarcación y Planta Judicial.

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A Ruíz Gallardón durante la rueda de prensa del pasado 4 de abril (Fuente: mjusticia.gob.es)

Una reforma que tiene como adjetivo y piedra angular la calificación de provincial. Desaparecerán los Juzgados de Primera Instancia, tal y como se entienden actualmente, que tienen como razón de ser la cercanía del ciudadano, creando Tribunales de Instancia con circunscripción y competencia en toda la provincia. La ciudad de Vigo, de este modo, sólo podrá ser “sede desplazada” de la demarcación provincial, que tendrá su cabecera principal en Pontevedra.

Esto supondrá que la ciudad más poblada de Galicia, cuya área de influencia llega a más de la mitad de Provincia de Pontevedra, pierda estatus y autonomía en contra de la sede principal. Dependencia y jerarquización sustituirán a autonomía y organización propia.

Dice la Exposición de Motivos del anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial:

“Los tribunales provinciales de instancia tomarán el nombre de la provincia (en este caso Pontevedra) y tendrán su sede oficial en la capital”

(Habrá medidas)… “encaminadas a flexibilizar la “regla general” ya que “no puede desconocerse la diversa realidad geográfica de nuestro territorio ni los esfuerzos realizados por las autoridades competentes en infraestructuras judiciales”

En la rueda de prensa del pasado 4 de abril, A Ruíz Gallardón anunció que esta decisión era innegociable. Únicamente anunció que no desaparecerá ningún edificio o sede Judicial, pues se mantendrán como “sedes desplazadas”, las cuales se crearán bajo requisitos de carga de trabajo, dispersión de la población o distancia a la capital de provincia.

También se oirá a las CC.AA., pues son las administraciones competentes en materia de organización y dotación de los Juzgados y Tribunales de Justicia, cuyas propuestas deberán ser informadas de modo favorable por el CGPJ. Pero parece afirmarse la máxima según la cual dónde mete la mano el político, el ciudadano la debe retirar. Sin excepciones, sin sentido común, se caerá en un “centralismo encubierto” que provocará la alejar la Justicia del ciudadano, de la soberanía popular.

A mi juicio, quizás equivocado, nos encontramos ante una operación tendente a modificar la Organización de un Poder, el Poder Judicial, que debe mantenerse al margen de toda decisión política. No comparto la existencia de un Ministerio de Justicia, pues, según la Constitución, el CGPJ es el órgano de autogobierno. Me crea muchas dudas pensar sobre el futuro de los Colegios Profesionales, el papel de los Procuradores, el futuro de la concesión de Justicia Gratuita o actos tan sencillos como el otorgamiento de un poder <<apud acta>>.

Manifestación delante de los Juzgados de Vigo (Foto:FarodeVigo.es)

Permitirme hacer un pequeño ejercicio de Brainstorming (cuento con vuestra ayuda también): Esta Propuesta de Reforma supone …

… que los Jueces pierdan autonomía organizativa y funcional.

… que los ciudadanos que viven lejos de las capitales de provincia deban soportar el desplazamiento hacia la sede del Tribunal.

… que los Partidos Judiciales existentes se vean reducidos de 433 a 50.

… que la Justicia deje de tener la percepción de cercanía que se merece.

… que las decisiones se tomen a kilómetros del lugar dónde deban crear efectos.

… que el funcionamiento cotidiano de cualquier sede Judicial sea fiscalizado desde la capital de Provincia.

… que desaparezcan los Juzgado de Paz.

… que se destruya todo el sistema y toda la estructura creada en los últimos años.

… que medios materiales (salas, edificios,…) pierdan su función.

Como Jurista principiante, como ciudadano,… ¿nos merecemos que una decisión política dificulte, aún más, la tutela de nuestros derechos y libertades fundamentales?

 

Fuente;

1.- Gallardón deja a Vigo sin partido judicial para crear una demarcación única con cabecera en Pontevedra

2.- El Gobierno aprueba el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial que adapta las estructuras de la Justicia al siglo XXI

Artículo 119 de la Constitución Española

La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

El artículo 119 del texto constitucional proclama un derecho a la gratuidad de la justicia en los casos y en la forma en los que el legislador determine. Se trata de un derecho de carácter prestacional, de configuración legal, cuyas concretas condiciones de ejercicio corresponde delimitar al legislador atendiendo a los intereses públicos y privados y a las disponibilidades presupuestarias del momento.

El legislador podrá atribuir el beneficio de justicia gratuita a quienes reúnan las características y requisitos que considere relevantes, podrá modular la gratuidad en función del orden jurisdiccional afectado -penal, laboral, civil, etc.- o incluso del tipo concreto de proceso y, por supuesto, en función de los recursos económicos de los que pueda disponer en cada momento. Sin embargo,  “en todo caso“, la gratuidad se reconocerá “a quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar“.

Según la doctrina del Tribunal Supremo entre otras, en sus sentencias 77/1983 ó 216/1988, la gratuidad de la justicia se configura como un derecho subjetivo cuya finalidad es asegurar la igualdad de defensa y representación procesal al que carece de medios económicos, constituyendo al tiempo una garantía para los intereses de la Justicia.

Como ha señalado el Tribunal Constitucional (STC 16/1994, de 20 de enero), el legislador puede fijar este concepto normativo relativamente abierto a partir de criterios objetivos como el de una determinada cantidad de ingresos, u optar por un sistema de arbitrio judicial dejándolo a la decisión discrecional de los Jueces o de éstos y otras instancias, o puede utilizar fórmulas mixtas limitándose a establecer las pautas genéricas que debe ponderar el Juez al conceder o denegar las solicitudes de gratuidad.

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(Imagen: DiarioJurídico.com)

Sin embargo, el PROYECTO DE LEY DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA aprobado recientemente por el Gobierno que dirige M Rajoy, tras ser presentado por el renombrado Ministro de Justicia A Ruiz Gallardón tiene en mente la modificación de un sistema, el vigente desde la entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, que se ha mostrado eficaz y duradero con casi veinte años de vigencia. Curiosamente, la Exposición de Motivos de esta Ley, tras la supresión de las “tasas judiciales” de la Ley 25/1986, reconoce que “el núcleo de los costes económicos derivados del acceso a la tutela judicial viene determinado por la intervención en el mismo, por imperativo legal, en la mayor parte de las ocasiones, de profesionales especializados en la defensa y representación de los derechos e intereses legítimos”.

¿Por qué la Abogacía, con el CGAE, está en contra del Proyecto? Se olvida del centro de una norma que garantiza el acceso a la Justicia y, como tal, del funcionamiento mismo del Poder Judicial. Se olvida del Ciudadano. Parafraseando al Consejo General de la Abogacía Española, “supone mayores dificultades en los ciudadanos para acceder a la Justicia y afectará gravemente a algunas garantías constitucionales“.

  • Se suprime  la obligación de residencia del abogado del Turno de Oficio en el ámbito de su domicilio profesional y de su Colegio de Abogados , algo que atenta gravemente a la tutela judicial efectiva del ciudadano. Demoras injustificadas, con causa únicamente en la lejanía del profesional asignado con la dependencia judicial, pueden frustrar la necesaria celeridad de este servicio público.
  • Vinculación a la Ley de Tasas. Se vincula a la Ley de Tasas por cuanto la Justicia Gratuita es un derecho constitucional y como tal ha de sufragarse por las Administraciones Públicas competentes, nunca por los ciudadanos.
  • Una subida de los umbrales de acceso. Lo cual, en unión a la aprobación de la Ley de Tasas, provocará mayores dificultades a la hora de acceder a este derecho fundamental, reforzando la llamada ‘Justicia de dos velocidades‘.
  • Aumento de la burocracia necesaria para su solicitud.
  • Falta de igualdad entre los ciudadanos, pues se propone la extensión de este derecho a colectivos y entidades sin atención a la capacidad económica de los beneficiarios.
  • Aumenta las obligaciones de los abogados para la justificación de los servicios prestados y, como contrapartida, reduce los honorarios generados por las guardias.

 

Fuente:

1.- ABOGACIA.ESLa Abogacía considera que el proyecto de Ley de Justicia Gratuita menoscaba el derecho de defensa de los ciudadanos

2.- CONGRESO.ESSinopsis artículo 119

Varios casos prácticos y un test en una sola prueba. Ese será el examen que tendrán que pasar todos aquellos estudiantes de Derecho que quieran ejercer como abogados o como procuradores.

Tras la aprobación por el Consejo de Ministros de un Real Decreto que prevé un modelo de prueba criticado por procuradores, abogados y operadores del mundo jurídico, se rompe una regla escrita en 2011 tras la entrada en vigor de la Ley 34/2006, que tantas incógnitas trajo en el mundo del Derecho.

Dice el Ministerio de Justicia que se trata de un sistema “coherente para evaluar la aptitud profesional de cada aspirante y valorar su formación teórico-práctica“, pero la realidad puede ser muy diferente. Se cambia un formato anunciado y aprobado mediante un Reglamento en 2011.

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Logo de #AbogadosSinToga (Fuente: Eljurista.eu)

Adquiere mayor importancia un máster, quitándole importancia al contenido de este examen. Se modifica su estructura, pasando de tener dos exámenes, una parte teórica y una práctica, a alrededor de 100 preguntas de “aplicación práctica”, con todas las dudas que siempre presupone un examen Tipo Test. Se espera, se supone, que sea una configuración provisional. Parece haberse hecho bajo bajo una situación de extrema urgencia, ante la constante crítica por la falta de soluciones a colectivos como #AbogadosSinToga que se encuentran ante una situación de indefensión ante la inactividad de los poderes públicos. 

No obstante, lo oculto de esta prueba puede encontrar, otra vez, una cuestión política. El Reglamento, de 2011, fue aprobado bajo el Gobierno del PSOE. Ahora, apenas dos años después, es el Gobierno del PP quien lo modifica. Otra vez es la inseguridad jurídica la que determina el funcionamiento del Poder Judicial. Y, mientras tanto, las dudas vuelven a surgir ante un futuro no muy lejano.

Se espera que en verano de 2014 se realice el primer examen. Momento que puede ser un punto de inflexión en el sentido, el funcionamiento y la existencia de esta polémica prueba. Es la luz al final del túnel para tantos jóvenes con incógnitas respecto a su futuro. Pero es una salida cuyo recorrido todavía no está claro.

Se reconoce universalmente que un Estado puede ejercer jurisdicción en su propio territorio. Esta jurisdicción incluye el poder de crear normas (jurisdicción legislativa), el poder de interpretar o aplicar normas (jurisdicción contenciosa) y el poder de intervenir para hacer cumplir las normas (jurisdicción coercitiva). Sin embargo, aunque la aplicación de la jurisdicción coercitiva se limita generalmente al territorio nacional, en derecho internacional se admite que, en determinadas circunstancias, un Estado puede legislar respecto de sucesos que se producen fuera de su territorio (jurisdicción extraterritorial) o juzgarlos.

.- Cúspide de la justicia universal: Interés Internacional

Se habla, por tanto, basado de un derecho consuetudiario internacional que tiene como principio articulador la existencia de la Justicia Universal. La jurisdicción universal se refiere a la jurisdicción sobre los delitos, independientemente del lugar en que se cometieron o la nacionalidad del perpetrador. Se cree que se aplica a una serie de delitos que los Estados, por motivos de interés internacional, pueden o deben reprimir.

La jurisdicción universal puede aplicarse a través de la promulgación del derecho nacional (jurisdicción universal legislativa) o la investigación y el juicio de los acusados (jurisdicción universal contenciosa).

.- La reforma de la Jurisdicción Universal cerrará causas pendientes

Mientras las disposiciones pertinentes del derecho de los tratados se limitan a las infracciones graves, puede decirse que en el derecho internacional consuetudinario (la jurisdicción universal) abarca todas las violaciones de las leyes y los usos de la guerra que constituyen crímenes de guerra. De ellos, algunas violaciones graves de las normas relativas a los medios y métodos de guerra que no se consideran infracciones graves.

Asimismo, es cada vez más aceptada la idea de que las violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en conflictos armados no internacionales también constituyen crímenes de guerra.

.- España, contra ese principio universal aceptado

La reforma de la jurisdicción universal que tramita el Congreso condena al archivo los procesos abiertos. Supuestos que, lejos del mayor o menor poder mediático, marcan la diferencia entre un Estado del siglo XXI o un Estado que quiere anclarse en el pasado. Supuestos que quedarán impunes con la aprobación de esta reforma son:

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(Foto: Captura de pantalla de Telecinco.es)

* El Genocidio del Tíbet: La primera de las denuncias contra el Régimen Chino, en dónde se ultima una orden en busca y captura contra Jiang Zemin.

* El Asesinato de José Couso: El cámara español falleció en 2003 en Bagdad después de que un tanque estadounidense abriera fuego contra el hotel Palestina.

* Vuelos de la CIA: Las escalas en suelo español de vuelos de la CIA que transportaban prisioneros a Guantánamo es una de las investigaciones del juez Moreno.

* El Genocidio del Sáhara: El juez P Ruz indaga la desaparición de prisioneros de militares del Frente Polisario. La querella acusa a varios altos cargos de la administración marroquí en la excolonia española.

Sólo cuatro ejemplos del cariz que puede tomar la Justicia Española en caso de cumplirse la idea del Ministerio de Justicia. Sin duda, un paso atrás en la repercusión internacional de la Justicia Española.

Es habitual terminar el año haciendo un balance de lo positivo y lo negativo, de lo mejor y lo peor. El ‘ranking al mejor vestido’ o el ‘ranking al político peor valorado’ es una tradición innegable en nuestra sociedad, muchas veces aderezados con premios que suelen llevar, no sé muy bien el motivo, nombre de fruta.

No obstante, más que destacar lo mejor y lo peor, lo último y lo primero, prefiero destacar aquí seis resoluciones que, en mi despertar en el ejercicio de la abogacía, han llamado mi atención y han despertado mi curiosidad. Algunas de ellas ya tienen su espacio en el histórico de este blog, otras no, pero todas tendrán recorrido a lo largo de 2014 y en años venideros. Por eso, hoy, apunto seis Sentencias que cambiaron un año.

1. Inés del Río vs. Gobierno de España (‘La Doctrina Parot’)

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(Foto: Rtve.es)

La doctrina Parot es el nombre habitual con el que se conoce la jurisprudencia establecida a partir de la sentencia del Tribunal Supremo de España del 28 de febrero de 2006 (resolución a un recurso presentado por Henri Parot, miembro de la organización terrorista ETA) por la cual la reducción de penas por beneficios penitenciarios (trabajo, estudios,…) se aplicaba respecto de cada una de ellas individualmente y no sobre el máximo legal permitido de permanencia en prisión que, según el ya derogado Código Penal de 1973, era de 30 años. Esta doctrina fue modificada en 2008 solo parcialmente por el Tribunal Constitucional de España en la conocida como doctrina del doble cómputo penal. La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) resolvió definitivamente en un recurso presentado por una condenada de ETA que la aplicación de la doctrina Parot con carácter retroactivo vulneraba los artículos 7 y 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

.- Texto de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos -TEDH-. Gran Sala, de fecha 21-10- 2013

2.- Inadecuación del marco jurídico español a la normativa comunitaria en materia de desahucios

En una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil Núm. 3 de Barcelona sobre la conformidad de la legislación nacional en materia de desahucios a la Directiva 93/13/CEE, en relación a la posibilidad de alegar el carácter abusivo de alguna de las cláusulas del contrato de préstamo cuando el acreedor ya ha optado por iniciar la ejecución hipotecaria.

Se pronuncio de modo rotundo el TJUE, pues afirmó que “un régimen procesal de este tipo, al no permitir que el juez que conozca del proceso declarativo, ante el que el consumidor haya presentado una demanda alegando el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituye el fundamento del título ejecutivo, adopte medidas cautelares que puedan suspender o entorpecer el procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando acordar tales medidas resulte necesario para garantizar la plena eficacia de su decisión final, puede menoscabar la efectividad de la protección que pretende garantizar la Directiva“.

.- Texto de la Sentencia del TJUE de 14 de marzo de 2013 (C-415/11)

3.- Comentarios lesivos en un blog. Responsabilidad del titular de la web.

El titular de la página web es responsable ya que genera la posibilidad de realizar comentarios, incorporándolos a la noticia y permite que se consideren como elemento de valoración de la misma

El titular de una página web, creador de un foro abierto de debate, debe extremar las precauciones y ejercer un mayor control sobre las opiniones y comentarios allí alojados, retirando aquellos que se consideren ofensivos, bien por iniciativa propia, bien a solicitud del afectado u ofendido, siempre que aquellos se manifiesten injuriosos o incitadores a la violencia.

.- Texto de la Sentencia del Tribunal Supremo 128/2013, de veintiséis de febrero, de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

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(Foto: Socialetic.Com)

Los elementos comunes que constan en el folleto publicitario, forman parte del contrato y deben ser entregados en propiedad y junto con las viviendas“.

Los datos, características y condiciones que se incluyan en la publicidad serán exigibles aún cuando no figuren expresamente en el contrato celebrado, tal y como se establece en el artículo 3.2 del Real Decreto 515/1989, de 21 de abril, sobre protección de los consumidores, en íntima relación con el Decreto Legislativo 1/2007, de Consumidores y Usuarios, y el artículo 1091 del Código Civil, que reconoce la obligatoriedad de lo pactado contractualmente por aplicación de la autonomía de la voluntad y de la eficacia de los contratos entre partes.

.- Texto de la Sentencia 137/2013, de veintiocho de febrero, de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

5.- Nulidad de las Cláusulas limitativas al tipo de interés en las hipotecas. Adiós a la Cláusula Suelo.

El Tribunal Supremo declara la nulidad de las cláusulas suelo contenidas en las condiciones generales de los contratos suscritos con consumidores por:

a) la creación de la apariencia de un contrato de préstamo a interés variable en el que las oscilaciones a la baja del índice de referencia, repercutirán en una disminución del precio del dinero;

b) la falta de información suficiente de que se trata de un elemento definitorio del objeto principal del contrato;

c) la creación de la apariencia de que el suelo tiene como contraprestación inescindible la fijación de un techo;

d) su ubicación entre una abrumadora cantidad de datos entre los que quedan enmascaradas y que diluyen la atención del consumidor en el caso de las utilizadas por la entidad crediticia;

e) la ausencia de simulaciones de escenarios diversos, relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar, en fase precontractual;

y f) inexistencia de advertencia previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con otros productos de la propia entidad.

El fin de la cláusula suelo marcó un antes y un después en la percepción de los consumidores de sus contratos de préstamo hipotecario. La condena a NCG, BBVA y CAJAMAR en un pronunciamiento que declaró la nulidad de estas cláusulas provocó una oleada de reclamaciones por afectados que, a día de hoy, siguen sin estar resueltas. La no inclusión de todas las entidades, la negativa a reconocer la situación y la discusión sobre la irretroactividad o retroactividad de este pronunciamiento marcan las incógnitas de cara el nuevo año.

.- Texto de la Sentencia 241/2013, de nueve de mayo, de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

6.- Custodia Compartida

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(Foto: lexnews.es)

El Tribunal Supremo concluye que la adopción de la medida de la guarda conjunta, además de exigir petición de parte de ambos progenitores o de al menos uno de ellos, requiere constatar no sólo no es perjudicial sino que lo considera conveniente para el interés del menor, para lo que deben reunir varios criterios, como por ejemplo, que el menor así lo manifieste, el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales, el resultado de los informes exigidos legalmente y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores afectados una vida adecuada.

.- Texto de laSentencia 257/2013, de veintinueve de abril, de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

Sin duda no estan todas las que son, pero sí son todas las que están. Faltan pronunciamientos que marcarán tendencia y que cubrirán las necesidades creadas por la actualidad jurídica de nuestro sistema. Preferentes y Subordinadas, delitos de corrupción política y económica, la nueva realidad laboral, las tasas judiciales,… irán haciendo camino y, con él, nuestro cuerpo jurisprudencial se irá adaptando a las nuevas realidades sociales.

Sólo es cuestión de tiempo y de paciencia.

Vía @AvogadosNovosVi (Avogados Novos de Vigo) he tenido conocimiento de este texto que aúna objetividad y crítica a partes iguales. Una cronología del irregular proceso que culminó con el nombramiento de D. Carlos Lesmes como nuevo presidente del CGPJ, tras el acuerdo de los dos grandes políticos, y que comenzó hace poco más de dos años con la victoria de D. M Rajoy Brey por mayoría absoluta el pasado 20 de Noviembre de 2011.

Se trata de una ‘Cronología‘ de 23 puntos que muestra la realidad de la situación de la Justicia, pilar fundamental de nuestro país como Estado Social y Democrático de Derecho.

SUCESIÓN DE HECHOS

1.- El Partido Popular en su programa para las elecciones generales de 2011, llevaba la siguiente promesa :

Promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, para que, conforme a la Constitución, doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías.”

2.-El 20 de Noviembre de 2011, el Partido Popular gana las Elecciones Generales por mayoría absoluta.

3.- El 22 de Diciembre de 2011 Alberto Ruiz Gallardón toma posesión como Ministro de Justicia. En su toma de posesión, promete promover una reforma en el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con el discurso de investidura del Presidente del Gobierno y conforme al programa electoral de la formación política a la que pertenecía. (discurso de toma de posesión de Gallardón)

4.- El 13 de Marzo de 2012 se publica en el Boletín Oficial del Estado la Resolución de 8 de marzo de 2012, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de Marzo de 2012 por el que se crea una Comisión Institucional para la elaboración de una propuesta de texto articulado de Ley Orgánica del Poder Judicial y de Ley de Demarcación y de Planta Judicial.

5.- En el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de Marzo de 2012 expresamente se estableció que “la Independencia Judicial debe ser reforzada y, a tal fin, debe acometerse una profunda remodelación del órgano constitucional encargado de garantizarla, el Consejo General del Poder Judicial. La reforma del máximo órgano de gobierno de los jueces debe proyectarse, en primer lugar, sobre el sistema de elección de los Vocales y del Presidente, GARANTIZANDO QUE LOS DOCE VOCALES JUDICIALES SEAN ELEGIDOS POR LOS MIEMBROS DE LA CARRERA JUDICIAL Y DE ENTRE ÉSTOS, A TRAVÉS DE UN SISTEMA ELECTORAL QUE GARANTICE LA MÁXIMA REPRESENTACIÓN DE TODOS AQUELLOS”.

6.-El 7 de Mayo de 2012 Vocal del Consejo General del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez presenta una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el Presidente del Tribunal Supremo Carlos Dívar, por una serie de gastos realizados en el ejercicio de sus funciones.

7.- El 21 de Mayo de 2012 la Fiscalía General del Estado archiva la denuncia al no considerar los hechos denunciados constitutivos de ilícito penal alguno.

8.- El 22 de Mayo de 2012, el Ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón manifiesta a través de los medios de comunicación, tras el archivo de la denuncia por el Ministerio Fiscal, que tanto la institución del CGPJ como su presidente salen fortalecidos.

9.- El 30 de Mayo de 2012 el Tribunal Supremo archiva e inadmite a trámite la denuncia interpuesta por la Asociación Preeminencia del Derecho contra el Presidente del Tribunal Supremo.

10.- El 31 de Mayo de 2012 Carlos Dívar en rueda de prensa afirma tener la conciencia tranquila, considerando no haber cometido ninguna irregularidad jurídica. Seguidamente el Ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón estima que el caso está zanjado y que el Presidente del Tribunal Supremo Carlos Dívar ha dado una muestra de responsabilidad.

11.- El 5 de Junio de 2012 el diario El País publicó un informe detallado de los veinte viajes de fin de semana largos realizados por Carlos Dívar entre noviembre de 2008 y marzo de 2012 a Puerto Banús.

12.- El Ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón llamó a diversos vocales del Consejo General del Poder Judicial, a los efectos de que procediesen a apoyar al Presidente del Tribunal Supremo Carlos Dívar ante las nuevas informaciones aparecidas, y garantizasen de ésta forma la continuidad del Presidente.

13.– Algunos de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial, en un ejercicio de responsabilidad y conforme a la autonomía que debe predicarse del Consejo General del Poder Judicial, ante las informaciones, datos publicados y explicaciones dadas por el Presidente del Tribunal Supremo Carlos Dívar, deciden no apoyar la continuidad del Presidente. Hecho éste que es considerado por el Ministro de Justicia como una desautorización por los vocales del Consejo General del Poder Judicial.

14.-El 21 de Junio de 2012 Carlos Dívar presenta su dimisión como Presidente del Tribunal Supremo.

15.– El Gobierno de la Nación , presenta un Anteproyecto de Ley Orgánica de Reforma del Consejo General del Poder Judicial, en el que se reducen las competencias del CGPJ y en el que contraviniendo su propia promesa electoral, se atribuye a las Cortes Generales y no a los Jueces la elección de los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial.

16.- El 29 de Junio de 2013 se publica en el BOE la Ley Orgánica 4/2013 de Reforma del Consejo General del Poder Judicial, aprobada únicamente con los votos del Grupo Parlamentario Popular.

17.- La Ley Orgánica 4/2013 de 28 de Junio de Reforma del Consejo General del Poder Judicial, parte de la conculcación del pacto de legislatura del Gobierno con los ciudadanos, evidencia una reacción a los efectos de controlar por el poder político el órgano de gobierno de la judicatura y constituye el mayor ataque contra la Independencia Judicial realizado por ningún Gobierno en democracia. Todo ello en un contexto en el que afloran de manera generalizada diversos escándalos de corrupción que afectan a los principales partidos políticos a lo largo de todo el territorio nacional.

18.- Tras un proceso de renovación en el que concurren 53 candidatos con exiguos avales, se procede a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en base a un intercambio de cuotas partidistas entre las fuerzas parlamentarias en contravención a las salvaguardas establecidas en la Sentencia del Tribunal Constitucional 108/1986.

19.- Paralelamente tiene lugar en la carrera judicial, un proceso de elecciones alternativas bajo fé notarial, en el que los candidatos superan notoriamente los avales obtenidos por los candidatos oficialistas.

20.- Con carácter previo a que se produzca la designación política de vocales judiciales , se filtra en prensa que Don Carlos Lesmes Serrano, se perfila como el próximo Presidente del Tribunal Supremo a razón del acuerdo entre los dos principales partidos políticos.

21.- El 25 de Noviembre de 2013 se dan a conocer a la opinión pública el nombre de los 12 vocales judiciales designados por el poder político, sin que hasta la fecha se conozcan los motivos de la designación de los referidos vocales con preterición de otros candidatos incluso con mayor número de avales. Ninguna explicación, comparecencia o informe al respecto se produce.

22.- El nuevo Pleno del Consejo General del Poder Judicial propone sólo como candidatos a Presidente del Tribunal Supremo a Don Carlos Lesmes y Doña Pilar Teso. Hecho éste que no puede sino causar perplejidad por el exiguo número de candidatos propuestos, desconociéndose los motivos por los que ninguno de los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial consideraron idóneo a otros Magistrados del Tribunal Supremo.

23.- El 9 de Diciembre de 2013, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial designa por 16 votos a 4 a Don Carlos Lesmes Serrano, candidato anunciado en prensa como el acordado por los dos principales políticos, como nuevo Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.

En Madrid a 10 de Diciembre de 2013.

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