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Partamos de un supuesto práctico. Tras el desarrollo de un procedimiento civil en ejercicio de acción amparada en derecho real, se obtiene una Sentencia que, estimando los pedimentos del suplico, reconoce las peticiones relativas al derecho fuente de la controversia judicial.

Esta Sentencia, como no cabe discusión alguna, puede acceder al Registro de la Propiedad. El artículo 2.1 y 2.2 de la Ley Hipotecaria vigente establece, para el acceso de documentos, que serán inscribibles los títulos traslativos o declarativos del dominio de los inmuebles o de los derechos reales impuestos sobre los mismos y los títulos en que se constituyan, reconozcan, transmitan, modifiquen o extingan los derechos de usufructo, uso, habitación, enfiteusis, hipoteca, censos, servidumbres y cualesquiera otros reales.

Pero no toda Sentencia tiene acceso al Registro, ni, en consecuencia, toda Sentencia accede al Registro en las mismas condiciones. Es necesario destacar que, como regla general, todo procedimiento registral será rogado en cuanto a su inicio, pero una vez iniciado, el procedimiento se regirá por normas de orden público. Por lo que el modo de acceder y sus efectos dependerán, sin duda alguna, de su contenido.

* Si la sentencia versa sobre un derecho real plenamente constituido o recoge un supuesto de derecho personal con eficacia real, el asiento será de inscripción.

Si se trata de una relación jurídico real no plenamente configurada, de una vocación o llamada al derecho real, o de la publicidad de procedimientos judiciales o administrativos, sólo será posible la anotación preventiva.

* Si versa sobre circunstancias complementarias al derecho publicado, hablaremos de una nota marginal.

Así, en consecuencia, será el Registrador el que deberá decidir el tipo de asiento a practicar, sin que ninguna norma exija la fijación de la clase de asiento solicitado. Sólo debe quedar clara la naturaleza, extensión y condiciones del derecho cuya inscripción se solicita. Y es en este punto donde gana importancia la claridad, concreción y extensión del Suplico, toda vez que del pronunciamiento final del Juez dependerá no sólo el acceso, sino también los efectos de la resolución dentro del complejo sistema hipotecario Español.

Así pues, variará la resolución del Registrador en caso de que en el título presentado conste o no conste el asiento que se solicite. Si consta el asiento solicitado, el registrador lo practicará si es conforme a la situación jurídica cuyo acceso se pretende; si el registrador no lo considera procedente, se procederá a la suspensión o denegación del título (vid. 19, 19bis y 322 de la Ley Hipotecaria); si no consta, el registrador deberá realizar aquél que mejor considere.

 

Fuente: Resolución DGRN núm. 7640/2013, de 13 de Junio

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Dice el artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos que…
“El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo.”
Introduce este precepto el contenido del denominado secreto profesional, según el cual el que sea responsable de un fichero de datos de carácter personal tendrá, durante la prestación de servicios e, incluso, a su finalización, la obligación de no revelar ni dar a conocer su contenido. Así lo ha manifestado, en numerosas ocasiones el Tribunal Constitucional, destacando que el contenido de estos datos, así tratados y protegidos, no pueden ser tratados automatizadamente no pueden ser conocidos por ninguna persona o entidad ajena fuera de los casos autorizados por la Ley.
Con base en el artículo 18.4 de la Constitución Española, se contiene un “instituto de garantía de los derechos de los ciudadanos que, además, es en sí mismo un derecho o libertad fundamental, el derecho a la libertad frente a las potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad de la persona provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento mecanizado de datos” (Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000). Este derecho fundamental a la protección de datos persigue, en consecuencia, garantizar a esa persona un poder de control sobre sus datos personales, sobre su uso y destino, que impida que se produzcan situaciones atentatorias con la dignidad de la persona, es decir, el poder de resguardar su vida privada de una publicidad no querida.

Resolución A.E.P.D. R/00409/2010, de 25 de febrero

En este sentido se entiende la prohibición general de publicación de cualquier dato de carácter personal, sin autorización previa, en cualquier soporte que pueda ser objeto de uso por parte de terceros.

tablon-anuncios-comunidadEn materia de propiedad horizontal, este deber de custodia se identifica en la figura del Administrador de Fincas, pues, una de sus funciones no sólo es la custodia física de los documentos propios de la Comunidad, sino también de su contenido. Sobre este aspecto,  se entiende de especial protección los pronunciamientos judiciales recaídos en materias propias de Propiedad Horizontal en los que las partes intervinientes son la propia Comunidad y un comunero, en posiciones enfrentadas. Por todo ello, bajo ninguna causa,  se podrán publicar, en cualquier soporte las resoluciones judiciales recaídas en estos procedimientos, dada la especial implicación de estos, y la necesidad de inclusión de datos propios, deberá protegerse la totalidad de su contenido.

Este derecho a la intimidad, absoluto, no cede siquiera bajo la idea de que las resoluciones judiciales son públicas. Tal es así que el Consejo General del Poder Judicial, en su Acuerdo de 18/06/1997 se puso como objetivo que “En el tratamiento y difusión de las resoluciones judiciales se procurará la supresión de los datos de identificación para asegurar en todo momento la protección del honor e intimidad personal y familiar”.

Por ello, las Comunidades de Propietarios deberán velar por el respeto a este valor máximo que en nuestro ordenamiento han adquirido nuestros datos personales. Valor máximo de carácter absoluto que prohíbe la publicación, exhibición o comercio con ellos, o incluso, el más mínimo tratamiento sin autorización previa.

La  STS de 18 de diciembre de 2008, califica como servidumbre la ocupación de un bien privativo para la instalación de un ascensor en una Comunidad de Propietarios, remitiéndose a la actual Ley de Propiedad Horizontal (LPH) para regular el régimen general de toma de decisiones comunitarias.

Pictograma de Ascensor (Wikipedia.es)

Pictograma de Ascensor (Wikipedia.es)

.- ¿Quién puede pedir o exigir la instalación de elementos que faciliten la accesibilidad?

La LPH establece, en su artículo 10.2., que tendrán carácter obligatorio “las obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal y, en todo caso, las requeridas a instancia de los propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad, o mayores de setenta años, con el objeto de asegurarles un uso adecuado a sus necesidades de los elementos comunes, así como la instalación de rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o su comunicación con el exterior siempre que el importe repercutido anualmente de las mismas, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. No eliminará el carácter obligatorio de estas obras el hecho de que el resto de su coste, más allá de las citadas mensualidades, sea asumido por quienes las hayan requerido.”.

También, el artículo 17.2, establece que, en caso de mera conveniencia o comodidad, “la realización de obras o el establecimiento de nuevos servicios comunes que tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso o movilidad de personas con discapacidad y, en todo caso, el establecimiento de los servicios de ascensor, incluso cuando impliquen la modificación del título constitutivo, o de los estatutos, requerirá el voto favorable de la mayoría de los propietarios, que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación.

Así pues, más allá de la previsión general del artículo 17, cualquier propietario mayor de 70 años o con alguna discapacidad podrá exigir de la Comunidad de Propietarios aquellas obras necesarias en materia de accesibilidad universal.

.- ¿Quién ha de pagar la instalación del ascensor o la rampa?

La Comunidad está obligada a realizar y costear obras de accesibilidad solicitadas por personas discapacitadas o mayores de 70 años siempre y cuando el coste de las mismas no superen doce mensualidades. Si el coste supera esas doce mensualidades, la comunidad quedará obligada igualmente a realizar y costear las obras de accesibilidad siempre que haya un acuerdo válidamente adoptado al respecto.

En todo caso, dice el artículo 10.2.c) que “quedarán afectos al pago de los gastos derivados de la realización de dichas obras o actuaciones en los mismos términos y condiciones que los establecidos en el artículo 9 para los gastos generales”, o lo que es lo mismo, contribuir con arreglo a su cuota de participación.

.- ¿Y si para instalar el ascensor hay que invadir parte de una vivienda particular?

La posibilidad de actualizar las edificaciones de uso predominantemente residencial mediante la incorporación de nuevos servicios e instalaciones para hacer efectiva la accesibilidad y movilidad de los inquilinos constituye un hecho incuestionable. No obstante, este hecho es necesario ponderarlo con la ponderación de dos intereses jurídicos objeto de protección en nuestro ordenamiento jurídico (el del propietario a no ver alterado o perturbado su derecho de propiedad y el de la comunidad a instalar el ascensor que permita hacer efectiva la accesibilidad y movilidad. Nos encontramos, pues, ante una afección de un elemento privativo (nunca ante una enajenación o expropiación), una servidumbre, que deberá garantizar el aprovechamiento económico y funcional del predio sirviente.

La STS de 22 de diciembre de 2010 declara que “la instalación de un ascensor en una comunidad de vecinos que carece de este servicio, considerado de interés general, permite la constitución de una servidumbre para tal fin, incluso cuando suponga la ocupación de parte de un espacio privativo, siempre que concurran las mayorías exigidas legalmente para la adopción de tal acuerdo”. Continúa afirmando que “la ocupación de un espacio privativo, en el que difícilmente concurrirá el consentimiento del vecino afectado, no puede suponer una privación del derecho de propiedad al extremo de suponer una pérdida de habitabilidad y funcionalidad de su espacio privativo”.

Es necesario introducir dos conceptos básicos a la hora de resolver este supuesto, la habitabilidad y la funcionalidad. No toda ocupación está amparada por el especial interés de la Comunidad y de los inquilinos en el disfrute del ascensor, sino aquella que no cause en la propiedad afectada un perjuicio tal que prive de su significación al bien que la sufre. En el supuesto enjuiciado en esa Sentencia, en donde se probó la “total privación de dicho espacio” se provocaba una repercusión tal en un local comercial que, más allá de una importante privación de su volumen, mermaba las posibilidades de organización del espacio interior del local.

Es por este y otros pronunciamientos similares por los que el Tribunal Supremo ha declarado que, en todo caso, y más allá de la indemnización necesaria, el gravamen impuesto no puede suponer una pérdida de habitabilidad y funcionalidad de su espacio privativo”.

Los duendes de las estadísticas de WordPress.com prepararon un informe sobre el año 2015 de este blog.

Aquí hay un extracto:

La sala de conciertos de la Ópera de Sydney contiene 2.700 personas. Este blog ha sido visto cerca de 18.000 veces en 2015. Si fuera un concierto en el Sydney Opera House, se se necesitarían alrededor de 7 presentaciones con entradas agotadas para que todos lo vean.

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¿ crecer? ¿fusionarse? ¿tener clientes objetivo? ¿segmentar nuestra actuación?

¿darse a conocer? ¿publicitarse? ¿utilizar las RR.SS.?

Es un error pensar que el marketing jurídico consiste únicamente en tener presencia activa en RR.SS. Es un error pensar que la efectividad y la relevancia de un usuario se mide en el número de seguidores que pueda tener. Cierto es que las RR.SS. son un medio, una forma de creación de una marca, pero la marca no debe estar vacía de contenido. Una marca debe estar asociada a los valores y al contenido que nosotros le queramos dar.

Una de las cuestiones fundamentales a nivel de marketing es saber diferenciarse. Saber diferenciarse significa saber distinguir aquellos elementos que nos van a hacer mejores en nuestro campo de actuación (a nivel legal, la selección de servicios juridico). Las firmas, los abogados,… deben buscar algo más que añadir contactos o notoriedad. Deben incrementar, mediante estrategias de marketing, la generación de valor añadido.

El Marketing se puede definir como  una forma de pensar, un enfoque, una orientación, un punto de vista, un concepto o una filosofía. Gráficamente hablando, los usuarios que somos activos en RR.SS. hemos visto en la siguiente imagen el verdadero sentido del marketing.

Oscar Carrion (@oscarrion) utiliza una magdalena, un muffin y un cupcake como metáforas de esta disciplina. Un cupcake no es una magdalena más cara gracias al marketing. Un cupcake es una magdalena en la que se han plasmado las necesidades de satisfaccion de los clientes.

Las personas (los clientes) no somos iguales, y por ello, nos mueven diferentes motivaciones. Has de producir acciones, debes cometer errores y debes aprender de ellos. Debes saber ver las necesidades de tus clientes y debes adaptar tus servicios ofertados a esas necesidades. Ese es el concepto de Marketing en el s. XXI.

.- ¿Marketing para abogados? Una necesidad y una virtud.

Las técnicas de venta cambian. El mercado también. Y un abogado no deja de ser un operador que, en un mercado global, ofrece un servicio determinado. Parafraseando a Eugenia Navarro (@eugenianavarros) en un post publicado en su blog sito en Expansion.com “El marketing jurídico no es más que una herramienta de gestión empresarial que ayuda a la toma de decisiones estratégicas con el máximo de información. En un enfoque a costes, los fichajes son parte de esa estrategia y responden a un deteminado posicionamiento de marca, de intangibles pero que generan en la mente del comprador atributos diferenciales.”

Esta virtud, en un mercado global como el que se opera hoy día, se ha convertido también en una necesidad. Necesidad porque volviendo al concepto tradicional de marketing, analizando a tus clientes potenciales obtendrás la mejor manera de conocer sus necesidades. Y conocer sus necesidades significa maximizar su satisfacción.

Fuente:

1.- “Fuera de la Ley”. Blog de Eugenia Navarro en Expansión.com. “Marketing Juridico”(http://www.expansion.com/blogs/navarro/2014/01/03/marketing-juridico.html)

2.- “Magdalenas, Cupcakes y Abogados” (http://www.tuchoconsultoria.com/blog-estrategia/marketing/magdalenas-cupcakes-y-abogados)

Los duendes de las estadísticas de WordPress.com prepararon un informe sobre el año 2014 de este blog.

Aquí hay un extracto:

La sala de conciertos de la Ópera de Sydney contiene 2.700 personas. Este blog ha sido visto cerca de 13.000 veces en 2014. Si fuera un concierto en el Sydney Opera House, se se necesitarían alrededor de 5 presentaciones con entradas agotadas para que todos lo vean.

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Mudámos de casa, a nova dirección é

La semana pasada os hablé de los derechos de imagen, de los derechos de autor y como se relacionaban entre sí. Esta semana os explicaré cuales son y en que consisten los derechos morales de la obra fotografía. (os dejo una versión en PDF, que incluye notas a pie de página)

Derechos morales(solo en el caso de obra fotográfica)

La actual ley de propiedad intelectual, en la medida que prevé que el autor de una obra no coincida con la persona que es propietaria de la misma, trata de organizar y compatibilizar los derechos concurrentes de ambos, tal y como expresamente se recoge en el artículo 3.1 de la LPI. Así, el autor, por el mero hecho de transmitir una obra, no pierde los derechos sobre la misma, sino que conserva ciertas facultades morales y patrimoniales, oponibles erga omnes. Sigue manteniendo un derecho a exigir el reconocimiento…

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