La  STS de 18 de diciembre de 2008, califica como servidumbre la ocupación de un bien privativo para la instalación de un ascensor en una Comunidad de Propietarios, remitiéndose a la actual Ley de Propiedad Horizontal (LPH) para regular el régimen general de toma de decisiones comunitarias.

Pictograma de Ascensor (Wikipedia.es)

Pictograma de Ascensor (Wikipedia.es)

.- ¿Quién puede pedir o exigir la instalación de elementos que faciliten la accesibilidad?

La LPH establece, en su artículo 10.2., que tendrán carácter obligatorio “las obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal y, en todo caso, las requeridas a instancia de los propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad, o mayores de setenta años, con el objeto de asegurarles un uso adecuado a sus necesidades de los elementos comunes, así como la instalación de rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o su comunicación con el exterior siempre que el importe repercutido anualmente de las mismas, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. No eliminará el carácter obligatorio de estas obras el hecho de que el resto de su coste, más allá de las citadas mensualidades, sea asumido por quienes las hayan requerido.”.

También, el artículo 17.2, establece que, en caso de mera conveniencia o comodidad, “la realización de obras o el establecimiento de nuevos servicios comunes que tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso o movilidad de personas con discapacidad y, en todo caso, el establecimiento de los servicios de ascensor, incluso cuando impliquen la modificación del título constitutivo, o de los estatutos, requerirá el voto favorable de la mayoría de los propietarios, que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación.

Así pues, más allá de la previsión general del artículo 17, cualquier propietario mayor de 70 años o con alguna discapacidad podrá exigir de la Comunidad de Propietarios aquellas obras necesarias en materia de accesibilidad universal.

.- ¿Quién ha de pagar la instalación del ascensor o la rampa?

La Comunidad está obligada a realizar y costear obras de accesibilidad solicitadas por personas discapacitadas o mayores de 70 años siempre y cuando el coste de las mismas no superen doce mensualidades. Si el coste supera esas doce mensualidades, la comunidad quedará obligada igualmente a realizar y costear las obras de accesibilidad siempre que haya un acuerdo válidamente adoptado al respecto.

En todo caso, dice el artículo 10.2.c) que “quedarán afectos al pago de los gastos derivados de la realización de dichas obras o actuaciones en los mismos términos y condiciones que los establecidos en el artículo 9 para los gastos generales”, o lo que es lo mismo, contribuir con arreglo a su cuota de participación.

.- ¿Y si para instalar el ascensor hay que invadir parte de una vivienda particular?

La posibilidad de actualizar las edificaciones de uso predominantemente residencial mediante la incorporación de nuevos servicios e instalaciones para hacer efectiva la accesibilidad y movilidad de los inquilinos constituye un hecho incuestionable. No obstante, este hecho es necesario ponderarlo con la ponderación de dos intereses jurídicos objeto de protección en nuestro ordenamiento jurídico (el del propietario a no ver alterado o perturbado su derecho de propiedad y el de la comunidad a instalar el ascensor que permita hacer efectiva la accesibilidad y movilidad. Nos encontramos, pues, ante una afección de un elemento privativo (nunca ante una enajenación o expropiación), una servidumbre, que deberá garantizar el aprovechamiento económico y funcional del predio sirviente.

La STS de 22 de diciembre de 2010 declara que “la instalación de un ascensor en una comunidad de vecinos que carece de este servicio, considerado de interés general, permite la constitución de una servidumbre para tal fin, incluso cuando suponga la ocupación de parte de un espacio privativo, siempre que concurran las mayorías exigidas legalmente para la adopción de tal acuerdo”. Continúa afirmando que “la ocupación de un espacio privativo, en el que difícilmente concurrirá el consentimiento del vecino afectado, no puede suponer una privación del derecho de propiedad al extremo de suponer una pérdida de habitabilidad y funcionalidad de su espacio privativo”.

Es necesario introducir dos conceptos básicos a la hora de resolver este supuesto, la habitabilidad y la funcionalidad. No toda ocupación está amparada por el especial interés de la Comunidad y de los inquilinos en el disfrute del ascensor, sino aquella que no cause en la propiedad afectada un perjuicio tal que prive de su significación al bien que la sufre. En el supuesto enjuiciado en esa Sentencia, en donde se probó la “total privación de dicho espacio” se provocaba una repercusión tal en un local comercial que, más allá de una importante privación de su volumen, mermaba las posibilidades de organización del espacio interior del local.

Es por este y otros pronunciamientos similares por los que el Tribunal Supremo ha declarado que, en todo caso, y más allá de la indemnización necesaria, el gravamen impuesto no puede suponer una pérdida de habitabilidad y funcionalidad de su espacio privativo”.

El artículo 250.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispensa protección posesoria a la “tenencia de una cosa o derecho“, reconociendo un amplio concepto de posesión que ha sido matizado desde la Doctrina o la Jurisprudencia. Así, se recoge la protección no sólo de las cosas materiales de dominio privado, sino también de los derechos reales e, incluso, personales.

Juzgado

(Foto: mundojuridico.info)

La L.E.C. apuesta por un sistema germánico, basado en la posesión como un hecho, frente al sistema romano, que apostaría por un concepto jurídico de posesión, o lo que es lo mismo, la posesión como derecho. Por ello, es objeto de la práctica probatoria el hecho mismo de la posesión, toda vez que, como se ha expuesto previamente, la razón de ser de estos procedimientos interdictales es responder “al interés social de que las situaciones/estados de hecho no puedan destruirse por actos de propia autoridad y, ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 441 del CC, que establece que, en ningún caso, puede adquirirse violentamente la posesión, mientras exista un poseedor que se oponga a ello“.

Por ello, se establece que la posesión de hecho ha de recaer sobre bienes de dominio privado. Ahora bien… ¿cabe protección posesoria contra perturbación de bienes en poder de la Administración Pública? ¿Y en aquellos supuestos en los que se perturba los denominados “derechos personales”?

Con carácter general, se puede decir que durante la vigencia de la antigua LEC de 1881 existía unanimidad, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, respecto a la imposibilidad de la utilización de estos procedimientos sumarios cuando el objeto de los mismos se refería a bienes de dominio público. No obstante, la actual Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa ya establece esta posibilidad. Tradicionalmente, se reconocía la posibilidad de demandar a la Administración Pública, siempre que esta no actuase dentro de su esfera de competencia y con la observancia de las normas de procedimiento administrativo, al encontrarse dentro de las denominadas “vías de hecho”.

Ahora bien… tal y como se decía más arriba, también los derechos son susceptibles de protección posesoria al amparo del artículo 250.1.4º de la L.E.C. La condición que marca la Doctrina y la Jurisprudencia es que estos derechos sean aptos para ser poseídos y puedan entrar en el tráfico jurídico. Precisamente por esta caracterización, existe un importante sector Doctrinal que se muestra reacio a extender la protección posesoria a los denominados “derechos personales”. Muestra de esta idea son las palabras de GONZÁLEZ POVEDA quien afirma que “debe seguirse la opinión mayoritaria que sólo considera incluíbles dentro del ámbito de esta protección aquellos derechos que sean susceptibles de un ejercicio duradero y estable, excluyéndose aquellos que, como los derechos de crédito, se agotan con su ejercicio”.

Por ello, y como conclusión, parafraseamos a GIMENO SENDRA, que afirma que será necesario bajarse al supuesto concreto. Afirma que “habrá que descender, pues, a cada supuesto para examinar si el derecho personal en concreto es apto para ser invocado en el procedimiento interdictal”.

 

 

Fuente: Los juicios verbales de retener y recobrar la posesión

 

El artículo 388 del Código Civil, germen de lo que se ha venido a denominar como el ‘derecho de individualización de la cosa’ establece que todo propietario podrá cerrar o cercar sus heredades por medio de paredes, zanjas, setos vivos o muertos, o de cualquier otro modo, sin perjuicio de las servidumbres constituidas sobre las mismas.  
Así pues, todo propietario tiene derecho a colocar la cosa en condiciones de que nadie pueda perturbarle en el goce de las mismas.
Esta situación, a priori sencilla, no deja de ser un supuesto problemático sobre el terreno, pues el carácter, la configuración o la estructura del cierre pueden acarrear perturbaciones en derechos de terceros válidamente constituidos, como podría ser la existencia del derecho real de servidumbre de paso.
Finca-CanFrareVerd-Ibiza

Finca Can Frare Verd, Ibiza (Fuente; Wikipedia.es)

Ya en 1999, la SAP de Baleares Sec. 3ª de 3 de marzo  afirmó que “La facultad de individualizar el objeto sobre el que recae el dominio cercándolo (art. 388 del Código Civil) es, en efecto, una de las facultades inherentes al derecho de propiedad, pero deberá ser ejercitada sin perjudicar a quienes ostentasen algún derecho sobre la finca que se pretende cercar”, limitándose notablemente el ámbito de actuación contenido en tal derecho.
Partamos de un supuesto práctico… el propietario de una finca rústica, gravada con una servidumbre de paso, cierra su parcela. Esta actuación, en principio, está amparada por el artículo 388, pero ¿qué sucede si con ese cierre se causa un perjuicio, total o parcial, a los usuarios de esa servidumbre?
La respuesta puede depender del ámbito temporal de la reacción; Así…
          Si la misma se produce antes del plazo de un año desde el perjuicio, podría entenderse viable el ejercicio del antiguo Interdicto (hoy proceso verbal sumario). Para ello, habrá que acreditar, en palabras de la SAP Ourense 17/2002 de 22 enero, “la existencia de un despojo parcial de la anchura del camino con el cierre de la finca ni que con ésto se le impida el normal uso que venía haciendo del mismo el interdictante”.
          Por el contrario, si la reacción es posterior al plazo de un año, habrá que atender, como regla general, al modo de constitución de la servidumbre. En todo caso, a su modo de constitución. En todo caso, habrá que afirmar la no presencia del denominado “ius variandi” de todo propietario de predio sirviente y, en consecuencia, que no se produce ningún menoscabo al fin o utilidad obtenido por el predio dominante respecto el trazado original de la servidumbre.
Por todo lo expuesto, será necesario, siempre, compaginar los dos derechos, el de cerrar la propia propiedad y aquellas servidumbres de paso validamente constituidas, respetando no sólo su existencia, sino también la forma de su disfrute.

La buena fe constituye uno de los presupuestos básicos de la protección registral e nuestro sistema hipotecario, pues justifica que el tercero adquirente resulte protegido en la medida en que ha contratado confiando en la información obtenida por el Registro de la Propiedad. Este es el fundamento del artículo 34 de la Ley Hipotecaria, la llamada <<buena fe registral>>.

El tercero que de buena fe adquiera a título oneroso algún derecho de persona que en el Registro aparezca con facultades para transmitirlo, será mantenido en su adquisición, una vez que haya inscrito su derecho, aunque después se anule o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en el mismo Registro.

Ahora bien, cabe cuestionarse si el tercero conocedor de la inexactitud registral respecto a la realidad jurídica merece esa condición de tercero hipotecario y, como tal, merece esa especial protección registral.  Por ello, cabe cuestionarse si la buena fe es una consecuencia de un “estado psicológico” o un síntoma de una “actuación diligente”.

Este debate ha sido resuelto tanto por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo como por la Dirección General de los Registros y del Notariado de modo que la calificación de la buena fe como presupuesto de la prescripción ordinaria no puede quedar reconducida, únicamente, a una interpretación literalista del artículo 1950 del Código Civil a favor de su delimitación como un mero estado psicológico consistente en la creencia de que el transferente era titular del derecho real y venía legitimado para transferir el dominio. (Resolución núm. 127/2016, de 21 dic).

Como consecuencia de esta idea, el TS afirmó en numerosas sentencias (entre otras 11 de diciembre de 2012 y 14 de enero de 2014) que la caracterizada como “apreciación meramente subjetiva del adquirente” no resulta determinante de la buena fe, pues se requiere un complemento objetivable sobre la legitimación del transmitente para poder transmitir el dominio.

¿Qué consecuencias podemos sacar de esta Jurisprudencia?

Así pues, se puede afirmar, y siguiendo la idea ya expresada en la STS de 19 de junio de 2014 que la posesión en concepto de dueño, como requisito esencial básico, no es un concepto puramente subjetivo o intencional, ya que el poseedor por mera tolerancia o por título personal, reconociendo el dominio en otra persona, no puede adquirir el dominio, aunque quiera dejar de poseer en un concepto y pasar al <<animus domini>>.

Así pues, para poseer en concepto de dueño, elemento clave a la hora de manifestar la existencia de buena fe, se requiere un elemento causal o precedente objetivo que revele que el poseedor no es mero detentador, sino que es plenamente consciente de su título.

Y ello, porque en ningún caso se puede presumir la buena fe, sino que ha de manifestar mediante actos inequívocos materializados hacia el exterior. La STS  de 18 de septiembre de 2007 que “si la adquisición se basa en un negocio jurídico, habrá de deducirse de él la intención del adquirente”.

 

En el Registro de la Propiedad, se inscribirán, tal y como establece el artículo 2.2 de la Ley Hipotecaria, los títulos que constituyan, reconozcan, transmitan, modifiquen o extingan derechos de servidumbre.

Artículo 2.

En los Registros expresados en el artículo anterior se inscribirán:

Segundo. Los títulos en que se constituyan, reconozcan, transmitan, modifiquen o extingan derechos de usufructo, uso, habitación, enfiteusis, hipoteca, censos, servidumbres y otros cualesquiera reales.

Así pues, afirmada esta posibilidad, cabe cuestionarse si todo título en el que se afirme la existencia de una servidumbre es inscribible en el Registro o, si por el contrario, es necesario que los mismos cumplan una serie de requisitos previos precisos para facilitar la mayor concordancia entre “Registro y Realidad”.

En este supuesto, es Doctrina unánime emanada de la DGRN, en materia de servidumbres, que deberán estar válidamente constituidas con los requisitos de identificación del predio dominante, predio sirviente, titulares, dimensiones,… tendentes a permitir una plena identificación de la Servidumbre sobre la inscripción.

Es necesario, pues, que, como presupuesto básico a toda inscripción, se expresen su extensión, límites y demás características configuradoras. Por lo tanto, no se considera suficiente, la identificación que contenga indeterminaciones sobre datos esenciales que afecten a las facultades de inmediato uso material conferido por una Servidumbre; sin perjuicio de que para suplir tales deficiencias, se puedan aportar más datos identificativos; por ello la propia DGRN establece que se ha “de permitir que en la inscripción a practicar se recojan los elementos esenciales del derecho y la misma se complemente en cuanto a los detalles a través de un plano cuya copia se archive en el Registro y al que se remita el asiento”.

Incluso cabría la posibilidad de que, por medio de escritura pública formalizada por los titulares dominicales o propietarios tanto del predio sirviente como dominante, se completen los defectos que, en materia de identificación, se pudiesen observar.

Pienso, a continuación, en dos supuestos concretos de denegación:

 (Nota del autor: Para complementar lo anteriormente expuesto, se analizarán dos resoluciones de la DGRN en materia de Servidumbre de Paso y de Luces, respectivamente, comprensivas de la anterior Doctrina, y que, en sus términos generales, pueden ser extrapolables a cualquier tipo de Servidumbre).

  • Resolución núm. 3536/2014, de 25 de febrero, que desestima la inscripción de un testimonio de un auto recaído en procedimiento verbal en la que se configuraba una servidumbre de paso.

Rechaza la inscripción por un doble motivo:

  1. nada se dice en torno a la longitud en que dicho lindero se verá afectado por el paso a favor del predio dominante”. Esta mera mención al lindero no determina por sí sola que tenga que entenderse que afecta a la totalidad del lindero.
  2. Tampoco cabe afirmar como titulo suficiente el acuerdo transaccional, aunque esté homologado judicialmente. El mismo sigue siendo considerado como un documento privado no apto para su inscripción en el Registro (RDGRN 5 de agosto de 2013), por lo que se produciría una quiebra del principio de legalidad.
  • Resolución núm. 12802 de 11 de septiembre de 2012, que desestima la inscripción de una servidumbre de luces y vistas tras diversos procedimientos judiciales que “deciden sobre situaciones de hecho que pueden ser consecuencia o no de la existencia de tal derecho”, al tratarse de situaciones meramente fácticas, sin que exista declaración alguno sobre la existencia o no de una servidumbre.

Así pues, no serán inscribibles pronunciamientos judiciales que no permitan la plena configuración de las Servidumbres o aquellos que versen sobre cuestiones meramente fácticas de las mismas.

“A demanda a B. La demanda es presentada el 15 de noviembre del año X, pero B había fallecido el 15 de julio de ese año. El fallecimiento de B… ¿Qué implicaciones tiene respecto a la pendencia del proceso que se quiere iniciar iniciado?
Esta cuestión entra en contradicción directa no sólo con la legislación procesal, que debe regir el desarrollo del proceso, sino incluso con la legislación civil. Dice el artículo 6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que tendrá capacidad para ser parte “las personas físicas”. Resulta evidente, pues, que una persona fallecida carece de personalidad y de capacidad para ser parte en un declarativo ordinario.
Se trata, pues, de una cuestión de orden público, lo que determina que su falta (art. 9. L.E.C.) sea apreciable de oficio en cualquier momento procesal.
Expuesto cuanto antecede, lo cierto es que quien suscribe entiende que no cabe la subsanación posibilitada por el artículo 231 de la L.E.C., toda vez que la misma se refiere, únicamente, a aquellos “defectos en que incurran los actos procesales de las partes”, debiéndose entender por estos defectos aquellas faltas formales o materiales, nunca procedimentales o de fondo, en los que pudiese incurrir cualquiera de las partes en un acto procesal.
Esta caracterización conllevaría, en consecuencia, la imposibilidad de proceder a solicitar la sucesión procesal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 16 de la L.E.C., puesto que la misma trae como causa el fallecimiento de quien ha sido parte en el proceso. Si no eras parte en el momento en que se estableció la relación procesal, y como se ha justificado anteriormente, un fallecido no puede adquirir tal condición, no existe posibilidad alguna de transmitir lo que la ley llama como “el objeto del juicio”.
Así se pronunció, entre otras, la Sentencia núm. 231/2007 de 15 mayo de la Sección 5ª, Audiencia Provincial de A Coruña:
“La capacidad para ser parte, regulada en el art. 6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil e identificada tradicionalmente con la personalidad jurídica civil, constituye un presupuesto procesal, de carácter absoluto e insubsanable, del que depende la válida constitución de la relación jurídica procesal, cuya naturaleza de orden público determina que su falta sea apreciable de oficio en cualquier momento procesal (S TS 23 septiembre 2002), como así lo dispone expresamente el art. 9 de la LEC , de modo que en absoluto cabe excluir su apreciación en la sentencia, por más que lo deseable sea que el control de la falta de capacidad de las partes se ejerza con anterioridad, en el trámite de admisión de la demanda, en la audiencia previa al juicio ordinario (art. 416.1-1ª y 418.2 LEC ), o en la vista del juicio verbal (art. 443.2 LEC ). Esta decisión debe determinar la desestimación de la demanda, al tratarse de un defecto insubsanable que hace inútil cualquier pronunciamiento de nulidad para proceder a su subsanación en la audiencia previa (art. 418 LEC)”
Incluso, para el caso de ser el hecho del fallecimiento notorio, podría ser de aplicación, dependiendo del Órgano Jurisdiccional, el artículo 247.3 de la L.E.C., esto es, la violación de las reglas de la buena fe procesal.
“3. Si los Tribunales estimaren que alguna de las partes ha actuado conculcando las reglas de la buena fe procesal, podrán imponerle, en pieza separada, mediante acuerdo motivado, y respetando el principio de proporcionalidad, una multa que podrá oscilar de ciento ochenta a seis mil euros, sin que en ningún caso pueda superar la tercera parte de la cuantía del litigio.”
La acción de deslinde se encuentra amparada en el artículo 384 (y siguientes) del Código Civil, y no tiene otra finalidad que la concreta delimitación de los linderos o del perímetro de la finca reclamada. Tal es así que la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 25 de febrero de 1984 sienta la idea de que se dirige a la individualización del predio fijando sus linderos.
Artículo 384
Todo propietario tiene derecho a deslindar su propiedad, con citación de los dueños de los predios colindantes.
La misma facultad corresponderá a los que tengan derechos reales.
Por ello, se puede afirmar que la acción de deslinde tiene una finalidad puramente individualizadora del predio, fijando sus linderos y persiguiendo la concreción de unos derechos dominicales ya existentes sobre una zona de terreno incierto. Refuerza esta idea otra Sentencia del Tribunal Supremo, ésta de 21 de noviembre de 2011, cuando afirma que “únicamente incumbe a la parte demandante la carga de acreditar la existencia de la confusión de linderos entre las fincas de ambas partes”.
.- ¿Qué criterios utiliza el Código Civil para proceder al Deslinde?
Artículo 385
El deslinde se hará en conformidad con los títulos de cada propietario y, a falta de títulos suficientes, por lo que resultare de la posesión en que estuvieren los colindantes.
Artículo 386
Si los títulos no determinasen el límite o área perteneciente a cada propietario, y la cuestión no pudiera resolverse por la posesión o por otro medio de prueba, el deslinde se hará distribuyendo el terreno objeto de la contienda en partes iguales.
Artículo 387
Si los títulos de los colindantes indicasen un espacio mayor o menor del que comprende la totalidad del terreno, el aumento o la falta se distribuirá proporcionalmente.
Por tanto, para deslindar hay que seguir las normas sustantivas en el Código Civil, habrá que acudir, en primer lugar a lo que resulte de los títulos o a la posesión de los colindantes (art.385 del Código Civil), o, en su defecto, solo si la cuestión no puede resolverse por la posesión o por cualquier otro medio de prueba, distribuyendo el terreno objeto de la contienda en partes iguales (art. 386 y 387 del Código Civil)
.- ¿Presupuesto de la acción de deslinde?
En términos generales, es necesario partir de la confusión de linderos como presupuesto de la acción de deslinde. Es constante la jurisprudencia que establece, como requisito objetivo y reconocible que permite identificar el ámbito propio de la acción de deslinde, la existencia de confusión de linderos entre las fincas, de suerte que no se pueda tener conocimiento exacto de la línea perimetral de cada propiedad, con la consiguiente incertidumbre respecto de la aparente extensión superficial de cada una de ellas.
Como criterio general puede afirmarse que no puede hablarse de confusión de linderos cuando existen signos externos de demarcación entre las fincas: así, cuando los predios se hallan separados por instalaciones de cierre, con independencia de que la superficie abarcada se corresponda o no con la extensión objetiva del correspondiente derecho de dominio (STS 18 abril 1984); si las fincas están separadas por un muro y un camino (STS 20 julio 1986) si la finca tiene un cerramiento total realizado antes de su adquisición y que consta en la escritura (STS 26 junio 2003); si existen elementos físicos de cerramiento de la finca, como pared de obra de cerramiento, árboles ornamentales plantados con anterioridad y verja metálica, en un supuesto de compra de finca como cuerpo cierto (STS 3 mayo 2004); si existe un muro de sillería delimitando las fincas (STS 20 junio 2006); o, finalmente, si existen señales delimitadoras sobre el terreno muy antiguas en el tiempo y, desde luego, superior al plazo de la prescripción adquisitiva (STS 14 octubre 2009).
Además, no sólo habrá que acudir a la concreta distribución física de las fincas en litigio, sino que será necesario que quien la solicite o ejercite aporte los títulos de propiedad o las oportunas mediciones. Evidentemente, para que el deslinde se practique dividiendo el terreno discutido es preciso que tal forma de solución o bien resulte directamente de la titulación de las partes o se obtenga de manera residual y por eliminación, como previene la ley, si los títulos no determinan el límite o área de cada propietario y la división no puede establecerse por la posesión o por otro medio de prueba (art. 386 del Código Civil).
Comentario al art. 384 del Código Civil  (José Javier Hualde Sánchez).
 
Estudios y Comentarios Legislativos (Civitas). 
Editorial Aranzadi, SA, Septiembre de 2011.
ISBN 978-84-470-3738-4
Sentencia 00100/2016, de la Aud. Provincial de Pontevedra, Sección 6ª
 
Ponente: Ilmo. Magistrado D. Jaime Carrera Ibarzábal
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