¿Es legal mostrar la bandera de la República?

Con la noticia de la abdicación de SM el Rey Don Juan Carlos I la disyuntiva monárquica o republicana volvió a salir a la calle con ánimos renovados. Bien por la solicitud de un Referéndum que decida sobre el sistema político que debe regir en el Estado Español, bien por tomar cuerpo ya la elección, la Democracia ha salido ya a la calle.

Bandera de la II República (Foto: Wikipedia)

Sin duda, el símbolo que encarna esta lucha democrática es la bandera de la II República, la tricolor. Bandera que encarnaba la legalidad vigente antes del Golpe de Estado de 1936, con la proclamación de la Constitución de 1978 quedó relegada, cuanto menos de momento, al recuerdo histórico. Ahora bien,… ¿Es legal mostrar la bandera republicana?

A esta cuestión respondió la Sentencia 01335/2003, de quince de noviembre, de la Sección 9ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que tiene como supuesto de hecho la colocación, en unas casetas de fiesta de Izquierda Unida (IU) de la bandera tricolor. Dice la antedicha Sentencia, en una demanda contra su retirada por parte del Ayuntamiento de Torrelodones, que:

«…el valor del pluralismo político, que implica, en lo que ahora importa, libertad para pensar, expresarse y participar o no participar en los procesos políticos en condiciones de transparencia e igualdad con los demás actores políticos, y en la medida en que la democracia implica pluralismo, ampara la discrepancia y las formas en las que ésta pueda manifestarse [Pág. 2]

«La Jurisprudencia del Tribunal Constitucional señala que toda resolución que limite o restrinja el ejercicio de un derecho fundamental ha de estar motivada, añadiendo que las medidas limitadoras habrán de ser necesarias para conseguir el fin perseguido…………….. Resulta difícil entender que la alteración del orden publico aludido por el Ayuntamiento de Torrelodones se produzca por la mera exhibición de una enseña que muchos de los ciudadanos que acuden al señalado Parque ferial, en su mayoría jóvenes, desconocen. Por otra parte, por si misma dicha bandera difícilmente puede incitar a la violencia, el racismo, la xenofobia o cualquier otra forma de discriminación que atente contra la dignidad humana, prohibiciones estas que eran las únicas que se imponían al otorgar la concesión de la instalación de establecimientos destinados a puestos de bebidas durante las fiestas patronales. [Pág. 3]»

(Foto: @Victor_p_diaz)

Esto es, el mostrar banderas republicanas es plenamente legal. El derecho a mostrarlas y exhibirlas está amparado por la protección a los derechos fundamentales de libertades de expresión e ideológicas, plenamente reconocidos en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I de la Constitución Española.

Cuestión diferente es mostrar la bandera del régimen franquista o la esvástica nazi. Y es que estas dos banderas son ilegales por propugnar valores no amparados por el ordenamiento jurídico, valores ilegales que no forman parte de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.

La Infanta Imputada

La imputación de la infanta Cristina en el caso Nóos es un hecho histórico. Por una parte, daña y ensucia la imagen de la Familia Real y termina por culminar un año marcado por aristócratas alemanas, elefantes, inoportunas caídas y miembros rebeldes.

El caso Nóos investiga la apropiación indebida de fondos públicos por parte de Iñaki Urdangarín y Diego Torres. Aunque el Instituto Nóos se presentaba en público con un supuesto fin benéfico sin ánimo de lucro, su actividad consistía en la organización de eventos cuyo coste estaba muy por debajo de las tarifas que cobraba. Estas ganancias, obtenidas de un supuesto delito patrimonial, terminaban en la caja de empresas privadas de Urdangarín y Torres.

Una de estas empresas, conocida como Aizoon, propiedad al 50% de Urdangarín y su esposa la infanta Cristina, era una de las más beneficiadas por estas prácticas fiscales. Y, según el auto del juez Castro, de este lucrativo negocio se lucraron ambos.

A mayores, la infanta Cristina formaba parte de la Junta Directiva del Instituto Nóos. Ausente en la gestión cotidiana y desaparecida en la documentación de la misma, el juez José Castro desestimó, en un primer momento, la petición de una de las acusaciones particulares para imputar a la hija del Rey.

(Imagen: Wikipedia)

Un año después, y tras nuevos indicios de conocimiento, protección y ayuda al oscuro negocio de su marido, tras interrogatorios a testigos e imputados, esta situación ha cambiado con su imputación. Quizás con demasiado celo, con causa en la especial condición de la protagonista, el juez Castro llevó a su última consecuencia aquella sentencia del Rey según la cual «todos los españoles son iguales ante la ley».

Con la imputación de la Infanta Cristina se abre un doble filo. Aunque esa imputación no significa que la hija del Rey sea condenada, acusada, o simplemente procesada, por lo que en ningún momento debe perder su presunción de inocencia, si significa el verdadero compromiso con la verdad.

Porque fuera o no la Infanta, fuera o no una persona de a pie, el objetivo de la justicia es el esclarecimiento de la verdad. «Quien la hace la paga» debe ser el resultado en un sentido vulgar del funcionamiento de la Justicia en su conjunto.

Sólo el tiempo dirá lo que finalmente ocurre con todos y cada uno de los personajes de esta historia. Un camino que deberán recorrer siguiendo el sendero de la Ley y sin desvíos involuntarios de intereses ajenos. Sin sospechas ni presiones de otros órganos, y sin decisiones sorprendentes de otros miembros y órganos coadyuvantes a la función jurisdiccional de ejecutar y hacer ejecutar lo juzgado.

Pienso en la cuanto menos sorprendente decisión de la Fiscalía Anticorrupción, dependiente de la Fiscalía General del Estado, de recurrir el Auto de imputación del Juez José Castro. Un órgano no perteneciente al poder judicial y dependiente del gobierno que decide recurrir un Auto proveniente del poder jurisdiccional. Y un órgano que estima «insuficientes» los motivos esgrimidos por el Juez.  Pero mientras el PSOE dice que prefiere mantenerse aislado a todo tipo de elucubraciones, el PP afirma que la imputación afectaría a la #MarcaEspaña.

Escudo de la Segunda República (Imagen: Wikipedia)

Entre medias, la Casa Real se ve sorprendida por esta decisión del Juez. Un órgano «independiente», teórico símbolo de la unidad de los españoles, que actuará contra la decisión de uno de los tres poderes del Estado. Curioso será el hipotético momento en que, para su descargo, quizás tengan que acudir otros miembros y hacer la tan famosa bajada hacia los Juzgados de Mallorca.

Un complicado puzzle de complicada solución. Un complicado puzzle que tiene como razón de ser la delicada situación de una Institución, la monarquía, en un momento en que la bandera republicana empieza a ondear con fuerza gracias a los nuevos aires de cambio de la sociedad española.