Con carácter general, se puede definir la legitimación como aquella aptitud o idoneidad marcada por la Ley para poder intervenir y, por tanto, sufrir, en su vertiente activa (como demandante) o pasiva (como demandado) las consecuencias jurídicas del proceso.

Calificada como ‘ad causam’, la legitimación se configura como un aspecto que, sin impedir la tramitación del procedimiento según los trámites legales, debe ser analizada en Sentencia según la prueba practicada de modo previo al análisis del fondo del asunto.

En los procesos verbales de naturaleza sumaria para recobrar la posesión, al amparo del artículo 250.1.4º de la L.E.C., la cuestión de la figura de la legitimación pasiva ve cambiada su significación, olvidándose ya de la preexistencia de un derecho que venga a legitimar una determinada posición jurídica, convirtiéndose en una situación de hecho, la tenencia de una situación posesoria.

Cabe analizar dos supuestos en cuanto a la existencia de legitimación pasiva en estos procesos. Así:

a) La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 30 de abril de 1997, que expresamente proclama que “la legitimación pasiva en el interdicto de recobrar la ostenta quien haya ejecutado por propia decisión el acto lesivo para la posesión del actor, o lo haya mandado ejecutar”, remitiendo, de modo efectivo, la cualidad de demandado a la ejecución del acto, bien como autor material, o como autor intelectual (o volitivo) del mismo. Profundiza en este sentido la Sentencia núm. 280/2009, de 29 de mayo, de la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra, al pronunciarse del siguiente modo:

“Así es constante la doctrina que atribuye la legitimación pasiva en esta clase de interdictos al denominado causante jurídico del despojo o de la perturbación, autor mediato o por inducción (autor impulsivo en palabras de la doctrina) que es quien recibe las ventajas económicas del ataque contra la posesión y en quien concurre el elemento del animus spoliandi.”

b) Pero no solo debe referirse tal figura al causante de una determinada conducta que se materializa en el exterior, sino que también se debe extender a aquella persona que recibe las ventajas económicas del ataque contra la posesión. Así, también está legitimado, aquella persona que reciba las ventajas económicas del ataque a la posesión, afirmándose una relación de causalidad evidente entre los hechos y sus autores. Profundiza en esta figura la Sentencia de la AP Santa Cruz Tenerife, de fecha 4-7-2005:

“La jurisprudencia menor pone el acento en el beneficiario que recibirá las ventajas del acto de despojo, afirmando que en los interdictos posesorios la legitimación pasiva está basada, más que en una titularidad real o posible del objeto litigioso, en una relación de causalidad con los hechos y sus autores, entendidos éstos últimos no en la acepción material de ejecutores, sino de determinantes de los actos denunciados -STS de 27 de septiembre de 1955 -.

Dicho esto, en la práctica jurisprudencial se pueden encontrar algunos supuestos problemáticos en relación a la estimación de la legitimación pasiva:

1) ¿¿Y si no se conoce el causante último de la perturbación posesoria??

La Sentencia núm. 163/1999 de 31 marzo de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Valladolid, entre otras, exime al demandante de la carga de proceder a una investigación minuciosa tendente a la averiguación del causante. Así:

“…no puede exigirse al demandante una exhaustiva investigación hasta llegar al sujeto originariamente determinante del acto antiposesorio, dada la dificultad y complejidad que plantea tal circunstancia, siendo suficiente para inferir la autoría mediata con un elemental mecanismo lógico-deductivo…”

Todo ello porque, de lo contrario, sería atribuir a estos procedimientos, marcados por sus notas de sumariedad y ausencia de cosa juzgada, de una probática más cercana a la criminal (p.ej., un cotejo de huellas) que a la propia del orden civil.

2) ¿¿Y si de un matrimonio, casado en gananciales, solo se demanda a un cónyuge??

Debe tenerse en cuenta la especial naturaleza, sumaria y posesoria, de las acciones interdictales, que, conjugándose con las posibilidades en el caso de derechos de crédito de acción y defensa por cualquiera de los cónyuges en régimen de Sociedad de Gananciales abunda en la inatendibilidad del litisconsorcio pasivo que se pueda plantear (Sentencia núm. 210/2016, de 21 de julio, de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra).

Y ello porque, de manera definitiva, el Tribunal Supremo se encargó de establecer como máxima que “en los interdictos la legitimación pasiva está basada, más que en la titularidad real o posible del objeto litigioso, en una relación de causalidad con los hechos y sus autores”, debiendo caracterizarse como despojo posesorio una perpetuación consciente y autoaprovechada de tal privación.

La configuración actual de las acciones protectoras del dominio, centrándonos en el supuesto que nos ocupa en la acción reivindicatoria, parten de un supuesto catalogado como básico, la persistencia del bien objeto de la pretensión. Pero… ¿Qué sucede cuando el bien ya no existe?

//Situación: Desplazamiento injusto de carácter patrimonial de un bien o derecho imposibilitándose, en el futuro, su restitución ‘in natura’. ¿Qué reacción puede tener el propietario privado de su dominio?//

Nos encontramos ante un supuesto bastante común en la práctica. Si bien la acción protectora del dominio por antonomasia, la acción reivindicatoria, tiene como consecuencia última la restitución del bien objeto de la misma al patrimonio del reivindicante (en los supuestos de privación injusta), podría darse el caso de que el bien haya desaparecido del tráfico jurídico con la configuración como era conocido, bien por desaparecer físicamente, bien por haber sufrido una mutación que haga imposible su restitución.

Surge, en este supuesto, la llamada restitución por equivalencia. El principio nuclear del Derecho patrimonial español en materia de restituciones que no pueden realizarse en especie es “la restitución del valor”. Así resulta de los preceptos contenidos en el Código Civil de aplicación, entre los que destacan los artículos núm. 1185,1147,1303 y 1295.

Tanto es así que la STS de 3 de julio de 1981 precisó que se deberá devolver, en supuestos como es el que es objeto del presente análisis, “lo que ilíciamente percibió o su valor”, entendiéndose, en nuestro caso concreto, que se deberá obtener el precio obtenido en el momento del acto de disposición o, en su defecto, el valor de la finca, hasta el límite del enriquecimiento del transmitente o del empobrecimiento del dominus.

Introduce, en este sentido, la STS de 5 de octubre de 1985 el concepto del enriquecimiento injusto como límite infranqueable a los efectos de determinación de la equivalencia. Pero… ¿Qué es el enriquecimiento injusto?

El enriquecimiento injusto se ha definido por nuestra doctrina como aquel supuesto en el cual una persona, a consecuencia de un desplazamiento patrimonial verificado de acuerdo con los requisitos exigidos por un ordenamiento jurídico concreto, experimenta un acrecimiento de su patrimonio activo a costa de otra persona.

Jurisprudencialmente, entre otras, la Sentencia núm. 559/2010, de 21 de septiembre, de la Sección 1ª de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo delimitó los requisitos de este concepto jurídico del siguiente modo:

1) Que el demandado haya experimentado un enriquecimiento, ya sea aumentando su patrimonio, ya evitando su disminución.

2) Que tal incremento carezca de razón jurídica que lo sustente.

3) Que cause un correlativo empobrecimiento del demandante, ya sea provocándole un detrimento patrimonial, ya frustrando una ganancia.”

Por ello, el valor que el bien –o derecho- objeto de disposición y no susceptible de reivindicación o recuperación por el verus dominus tenía en el momento en que se realiza la transmisión debe actualizarse al momento temporal en el que se ejercita la acción restitutoria de enriquecimiento injusto, tomando como base el valor del precio de mercado que ese bien o derecho tuviese en el momento temporal de realización del acto de disposición.

 

Fuente:

Acciones personales del «Verus Dominus» frente al «Tradens a non domino» en supuestos de irreivindicabilidad

José Manuel Busto Lago. Catedrático de Derecho civil Universidad de A Coruña

Publicación:
Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil num. 11/2015 parte Comentario.
Editorial Aranzadi, SA, Cizur Menor. 2015.

En la práctica, una de las cuestiones que más debate suscitan en materia de derechos reales, en colisión directa con las prerrogativas de patrimonio que posee la Administración Pública, es el carácter público o privado de los caminos.

//Situación: Camino Situado entre Propiedades, no asfaltado ni dotado de servicios públicos, que es de uso general, pues comunica vías de indubitada naturaleza pública.// ¿Cómo establecer su carácter?

La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas (en vigor hasta el 02 de Octubre de 2016) establece con carácter general, en su art. 28, la obligación de protección y defensa del patrimonio de la Administración; Posteriormente, en su artículo 41 otorga a las Administraciones Públicas, para el cumplimiento de este fin, las siguientes prerrogativas:

  1. a) Investigar la situación de los bienes y derechos que presumiblemente pertenezcan a su patrimonio.
  2. b) Deslindar en vía administrativa los inmuebles de su titularidad.
  3. c) Recuperar de oficio la posesión indebidamente perdida sobre sus bienes y derechos.
  4. d) Desahuciar en vía administrativa a los poseedores de los inmuebles demaniales, una vez extinguido el título que amparaba la tenencia.

En el ejercicio de estas prerrogativas, la Administración debe elaborar, como contrapartida, y como garantía de los ciudadanos, elaborar el correspondiente inventario de bienes (“ …están obligadas a inventariar los bienes y derechos que integran su patrimonio, haciendo constar, con el suficiente detalle, las menciones necesarias para su identificación y las que resulten precisas para reflejar su situación jurídica y el destino o uso a que están siendo dedicados”). Esta obligación también está regulada de forma similar en el artículo 82 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Báses de Regimen Local.

  • ¿Qué ha manifestado el Tribunal Supremo respecto al carácter de estos Inventarios Municipales?

El Tribunal Supremo ha señalado, en relación a los inventarios de bienes municipales (lo cual es aplicable al Catálogo de Caminos Públicos pues su naturaleza y finalidad es la misma) que “el Inventario Municipal es un mero registro administrativo que, por sí solo, ni prueba, ni crea, ni constituye derecho alguno a favor de las Corporaciones, siendo más bien un libro que sirve de recordatorio constante para que la Corporación ejercite oportunamente las facultades que le correspondan”. Su única trascendencia, es, por consiguiente, crear una apariencia de demanialidad, que no prejuzga las acciones ante el orden jurisdiccional civil, que es a quien en definitiva compete pronunciarse sobre la definitiva propiedad de tales bienes.

Expuesto cuanto antecede, lo cierto es que los requisitos y condicionantes legales para la inclusión de un bien en un Inventario Municipal de Bienes se relajan sobre manera. Tal es así que se considera suficiente la simple existencia de indicios de que los bienes tienen naturaleza pública, sin necesidad de una prueba acabada o fehaciente de dicha titularidad, y ello por cuanto la inclusión de un bien a dicho inventario (o catálogo) no tiene carácter “constitutivo”, es decir, ni supone adquisición dominical alguna, ni el hecho de que no estén incluidos algunos bienes en el mismo supone que no pueda ostentar sobre éstos la Administración algún derecho.

  • Excluido, pues, el carácter constitutivo del Inventario… ¿Cómo reaccionar ante la indebida inclusión de un camino?

Partiendo del principio constitucional de la improrrogabilidad de la Jurisdicción, resulta necesario recordar que es la Jurisdicción Civil la competente para resolver, en exclusiva, todas aquellas cuestiones relativas a la propiedad, en general, y a la propiedad de los caminos, en abstracto. Es más, el Tribunal Supremo ha pronunciado (entre otras la STS de 14 de octubre de 1998) que “la competencia de esta jurisdicción ha de limitarse a enjuiciar el correcto ejercicio por parte de los Entes Locales de las facultades recuperatorias que se les atribuye por el artículo 82.a) de la Ley 7/85 y los artículos 70 y 71 del Reglamento de Bienes de 1986, quedando reservada la decisión sobre la propiedad o posesión definitiva de los mismos a los Tribunales de la Jurisdicción civil, por lo que ni la confirmación ni la revocación del acto impugnado han de prejuzgar estas cuestiones”.

 

 

 

La  STS de 18 de diciembre de 2008, califica como servidumbre la ocupación de un bien privativo para la instalación de un ascensor en una Comunidad de Propietarios, remitiéndose a la actual Ley de Propiedad Horizontal (LPH) para regular el régimen general de toma de decisiones comunitarias.

Pictograma de Ascensor (Wikipedia.es)

Pictograma de Ascensor (Wikipedia.es)

.- ¿Quién puede pedir o exigir la instalación de elementos que faciliten la accesibilidad?

La LPH establece, en su artículo 10.2., que tendrán carácter obligatorio “las obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal y, en todo caso, las requeridas a instancia de los propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad, o mayores de setenta años, con el objeto de asegurarles un uso adecuado a sus necesidades de los elementos comunes, así como la instalación de rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o su comunicación con el exterior siempre que el importe repercutido anualmente de las mismas, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. No eliminará el carácter obligatorio de estas obras el hecho de que el resto de su coste, más allá de las citadas mensualidades, sea asumido por quienes las hayan requerido.”.

También, el artículo 17.2, establece que, en caso de mera conveniencia o comodidad, “la realización de obras o el establecimiento de nuevos servicios comunes que tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso o movilidad de personas con discapacidad y, en todo caso, el establecimiento de los servicios de ascensor, incluso cuando impliquen la modificación del título constitutivo, o de los estatutos, requerirá el voto favorable de la mayoría de los propietarios, que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación.

Así pues, más allá de la previsión general del artículo 17, cualquier propietario mayor de 70 años o con alguna discapacidad podrá exigir de la Comunidad de Propietarios aquellas obras necesarias en materia de accesibilidad universal.

.- ¿Quién ha de pagar la instalación del ascensor o la rampa?

La Comunidad está obligada a realizar y costear obras de accesibilidad solicitadas por personas discapacitadas o mayores de 70 años siempre y cuando el coste de las mismas no superen doce mensualidades. Si el coste supera esas doce mensualidades, la comunidad quedará obligada igualmente a realizar y costear las obras de accesibilidad siempre que haya un acuerdo válidamente adoptado al respecto.

En todo caso, dice el artículo 10.2.c) que “quedarán afectos al pago de los gastos derivados de la realización de dichas obras o actuaciones en los mismos términos y condiciones que los establecidos en el artículo 9 para los gastos generales”, o lo que es lo mismo, contribuir con arreglo a su cuota de participación.

.- ¿Y si para instalar el ascensor hay que invadir parte de una vivienda particular?

La posibilidad de actualizar las edificaciones de uso predominantemente residencial mediante la incorporación de nuevos servicios e instalaciones para hacer efectiva la accesibilidad y movilidad de los inquilinos constituye un hecho incuestionable. No obstante, este hecho es necesario ponderarlo con la ponderación de dos intereses jurídicos objeto de protección en nuestro ordenamiento jurídico (el del propietario a no ver alterado o perturbado su derecho de propiedad y el de la comunidad a instalar el ascensor que permita hacer efectiva la accesibilidad y movilidad. Nos encontramos, pues, ante una afección de un elemento privativo (nunca ante una enajenación o expropiación), una servidumbre, que deberá garantizar el aprovechamiento económico y funcional del predio sirviente.

La STS de 22 de diciembre de 2010 declara que “la instalación de un ascensor en una comunidad de vecinos que carece de este servicio, considerado de interés general, permite la constitución de una servidumbre para tal fin, incluso cuando suponga la ocupación de parte de un espacio privativo, siempre que concurran las mayorías exigidas legalmente para la adopción de tal acuerdo”. Continúa afirmando que “la ocupación de un espacio privativo, en el que difícilmente concurrirá el consentimiento del vecino afectado, no puede suponer una privación del derecho de propiedad al extremo de suponer una pérdida de habitabilidad y funcionalidad de su espacio privativo”.

Es necesario introducir dos conceptos básicos a la hora de resolver este supuesto, la habitabilidad y la funcionalidad. No toda ocupación está amparada por el especial interés de la Comunidad y de los inquilinos en el disfrute del ascensor, sino aquella que no cause en la propiedad afectada un perjuicio tal que prive de su significación al bien que la sufre. En el supuesto enjuiciado en esa Sentencia, en donde se probó la “total privación de dicho espacio” se provocaba una repercusión tal en un local comercial que, más allá de una importante privación de su volumen, mermaba las posibilidades de organización del espacio interior del local.

Es por este y otros pronunciamientos similares por los que el Tribunal Supremo ha declarado que, en todo caso, y más allá de la indemnización necesaria, el gravamen impuesto no puede suponer una pérdida de habitabilidad y funcionalidad de su espacio privativo”.

El artículo 250.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispensa protección posesoria a la “tenencia de una cosa o derecho“, reconociendo un amplio concepto de posesión que ha sido matizado desde la Doctrina o la Jurisprudencia. Así, se recoge la protección no sólo de las cosas materiales de dominio privado, sino también de los derechos reales e, incluso, personales.

Juzgado

(Foto: mundojuridico.info)

La L.E.C. apuesta por un sistema germánico, basado en la posesión como un hecho, frente al sistema romano, que apostaría por un concepto jurídico de posesión, o lo que es lo mismo, la posesión como derecho. Por ello, es objeto de la práctica probatoria el hecho mismo de la posesión, toda vez que, como se ha expuesto previamente, la razón de ser de estos procedimientos interdictales es responder “al interés social de que las situaciones/estados de hecho no puedan destruirse por actos de propia autoridad y, ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 441 del CC, que establece que, en ningún caso, puede adquirirse violentamente la posesión, mientras exista un poseedor que se oponga a ello“.

Por ello, se establece que la posesión de hecho ha de recaer sobre bienes de dominio privado. Ahora bien… ¿cabe protección posesoria contra perturbación de bienes en poder de la Administración Pública? ¿Y en aquellos supuestos en los que se perturba los denominados “derechos personales”?

Con carácter general, se puede decir que durante la vigencia de la antigua LEC de 1881 existía unanimidad, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, respecto a la imposibilidad de la utilización de estos procedimientos sumarios cuando el objeto de los mismos se refería a bienes de dominio público. No obstante, la actual Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa ya establece esta posibilidad. Tradicionalmente, se reconocía la posibilidad de demandar a la Administración Pública, siempre que esta no actuase dentro de su esfera de competencia y con la observancia de las normas de procedimiento administrativo, al encontrarse dentro de las denominadas “vías de hecho”.

Ahora bien… tal y como se decía más arriba, también los derechos son susceptibles de protección posesoria al amparo del artículo 250.1.4º de la L.E.C. La condición que marca la Doctrina y la Jurisprudencia es que estos derechos sean aptos para ser poseídos y puedan entrar en el tráfico jurídico. Precisamente por esta caracterización, existe un importante sector Doctrinal que se muestra reacio a extender la protección posesoria a los denominados “derechos personales”. Muestra de esta idea son las palabras de GONZÁLEZ POVEDA quien afirma que “debe seguirse la opinión mayoritaria que sólo considera incluíbles dentro del ámbito de esta protección aquellos derechos que sean susceptibles de un ejercicio duradero y estable, excluyéndose aquellos que, como los derechos de crédito, se agotan con su ejercicio”.

Por ello, y como conclusión, parafraseamos a GIMENO SENDRA, que afirma que será necesario bajarse al supuesto concreto. Afirma que “habrá que descender, pues, a cada supuesto para examinar si el derecho personal en concreto es apto para ser invocado en el procedimiento interdictal”.

 

 

Fuente: Los juicios verbales de retener y recobrar la posesión

 

El artículo 388 del Código Civil, germen de lo que se ha venido a denominar como el ‘derecho de individualización de la cosa’ establece que todo propietario podrá cerrar o cercar sus heredades por medio de paredes, zanjas, setos vivos o muertos, o de cualquier otro modo, sin perjuicio de las servidumbres constituidas sobre las mismas.  
Así pues, todo propietario tiene derecho a colocar la cosa en condiciones de que nadie pueda perturbarle en el goce de las mismas.
Esta situación, a priori sencilla, no deja de ser un supuesto problemático sobre el terreno, pues el carácter, la configuración o la estructura del cierre pueden acarrear perturbaciones en derechos de terceros válidamente constituidos, como podría ser la existencia del derecho real de servidumbre de paso.
Finca-CanFrareVerd-Ibiza

Finca Can Frare Verd, Ibiza (Fuente; Wikipedia.es)

Ya en 1999, la SAP de Baleares Sec. 3ª de 3 de marzo  afirmó que “La facultad de individualizar el objeto sobre el que recae el dominio cercándolo (art. 388 del Código Civil) es, en efecto, una de las facultades inherentes al derecho de propiedad, pero deberá ser ejercitada sin perjudicar a quienes ostentasen algún derecho sobre la finca que se pretende cercar”, limitándose notablemente el ámbito de actuación contenido en tal derecho.
Partamos de un supuesto práctico… el propietario de una finca rústica, gravada con una servidumbre de paso, cierra su parcela. Esta actuación, en principio, está amparada por el artículo 388, pero ¿qué sucede si con ese cierre se causa un perjuicio, total o parcial, a los usuarios de esa servidumbre?
La respuesta puede depender del ámbito temporal de la reacción; Así…
          Si la misma se produce antes del plazo de un año desde el perjuicio, podría entenderse viable el ejercicio del antiguo Interdicto (hoy proceso verbal sumario). Para ello, habrá que acreditar, en palabras de la SAP Ourense 17/2002 de 22 enero, “la existencia de un despojo parcial de la anchura del camino con el cierre de la finca ni que con ésto se le impida el normal uso que venía haciendo del mismo el interdictante”.
          Por el contrario, si la reacción es posterior al plazo de un año, habrá que atender, como regla general, al modo de constitución de la servidumbre. En todo caso, a su modo de constitución. En todo caso, habrá que afirmar la no presencia del denominado “ius variandi” de todo propietario de predio sirviente y, en consecuencia, que no se produce ningún menoscabo al fin o utilidad obtenido por el predio dominante respecto el trazado original de la servidumbre.
Por todo lo expuesto, será necesario, siempre, compaginar los dos derechos, el de cerrar la propia propiedad y aquellas servidumbres de paso validamente constituidas, respetando no sólo su existencia, sino también la forma de su disfrute.

La buena fe constituye uno de los presupuestos básicos de la protección registral e nuestro sistema hipotecario, pues justifica que el tercero adquirente resulte protegido en la medida en que ha contratado confiando en la información obtenida por el Registro de la Propiedad. Este es el fundamento del artículo 34 de la Ley Hipotecaria, la llamada <<buena fe registral>>.

El tercero que de buena fe adquiera a título oneroso algún derecho de persona que en el Registro aparezca con facultades para transmitirlo, será mantenido en su adquisición, una vez que haya inscrito su derecho, aunque después se anule o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en el mismo Registro.

Ahora bien, cabe cuestionarse si el tercero conocedor de la inexactitud registral respecto a la realidad jurídica merece esa condición de tercero hipotecario y, como tal, merece esa especial protección registral.  Por ello, cabe cuestionarse si la buena fe es una consecuencia de un “estado psicológico” o un síntoma de una “actuación diligente”.

Este debate ha sido resuelto tanto por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo como por la Dirección General de los Registros y del Notariado de modo que la calificación de la buena fe como presupuesto de la prescripción ordinaria no puede quedar reconducida, únicamente, a una interpretación literalista del artículo 1950 del Código Civil a favor de su delimitación como un mero estado psicológico consistente en la creencia de que el transferente era titular del derecho real y venía legitimado para transferir el dominio. (Resolución núm. 127/2016, de 21 dic).

Como consecuencia de esta idea, el TS afirmó en numerosas sentencias (entre otras 11 de diciembre de 2012 y 14 de enero de 2014) que la caracterizada como “apreciación meramente subjetiva del adquirente” no resulta determinante de la buena fe, pues se requiere un complemento objetivable sobre la legitimación del transmitente para poder transmitir el dominio.

¿Qué consecuencias podemos sacar de esta Jurisprudencia?

Así pues, se puede afirmar, y siguiendo la idea ya expresada en la STS de 19 de junio de 2014 que la posesión en concepto de dueño, como requisito esencial básico, no es un concepto puramente subjetivo o intencional, ya que el poseedor por mera tolerancia o por título personal, reconociendo el dominio en otra persona, no puede adquirir el dominio, aunque quiera dejar de poseer en un concepto y pasar al <<animus domini>>.

Así pues, para poseer en concepto de dueño, elemento clave a la hora de manifestar la existencia de buena fe, se requiere un elemento causal o precedente objetivo que revele que el poseedor no es mero detentador, sino que es plenamente consciente de su título.

Y ello, porque en ningún caso se puede presumir la buena fe, sino que ha de manifestar mediante actos inequívocos materializados hacia el exterior. La STS  de 18 de septiembre de 2007 que “si la adquisición se basa en un negocio jurídico, habrá de deducirse de él la intención del adquirente”.

 

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